Luego de que se confirmara oficialmente que en marzo se profundizó la aceleración inflacionaria, el gobierno intenta mostrarse nuevamente como tomando cartas en el asunto. Anunció la puesta en funcionamiento de un Observatorio de Precios, mayores controles en las exportaciones primarias y más fiscalización en la aplicación del programa Precios Máximos. Es el mismo camino inocuo que siguió este trimestre, luego de las fuertes subas de finales del año pasado, en el cual la inflación escaló al 13%. Esta impotencia tiene raíces profundas.

Luego de haber cerrado el 2020 con un alza de la Canasta Básica Alimentaria casi 10 puntos por encima del índice general de precios, en torno al 45%, el gobierno de Alberto Fernández intentó desde enero mostrarse activo en la contención de las remarcaciones, en particular en los artículos de primera necesidad. A juzgar por la cifras del Indec, que registraron en los primeros tres meses de este año un 13,8% de aumentos en alimentos y bebidas, las medidas adoptadas no surtieron ningún efecto.

El incumplimiento del programa Precios Máximos, creado hace un año para atender el cuadro de emergencia generado por la pandemia, es total. A pesar de que el gobierno fue reduciendo la lista de productos alcanzados, de los aumentos que fue concediendo en Precios Cuidados (arriba del 10% en el año), y de las imputaciones de la Secretaría de Comercio a una decena de grandes alimenticias por infraccionar, las patronales siguen esquivando olímpicamente las disposiciones oficiales.

Se estima que un quinto de los artículos incluidos en el programa escasea en las góndolas. Las marcas recurren a su vez a artilugios como modalidades “fortificadas” de los productos para fijar precios mayores escapando a la regulación. Pero el dato más incontrastable es que no se ha movido la utilización de la capacidad instalada de la industria alimenticia que, luego de un año de llamados del propio presidente a “producir al máximo”, se ubicó en febrero en torno al 62%.

El choque actual con el sector cárnico, en torno al traslado de los precios de exportación al mercado interno, revela la pantomima que ensayó el gobierno en enero al anunciar como un gran acuerdo ejemplar el que había sellado con las empresas del rubro. Era nada más que un compromiso de las grandes cadenas que tienen venta al público de ofrecer una cantidad de cortes con rebajas de precios, por un total que rondaba apenas en 3% del consumo mensual en el país. En los meses que siguieron los incrementos fueron generalizados.

Algo similar sucede con el maíz y el trigo, pero en estos casos con una fuerte repercusión indirecta, porque el primero es esencial en la producción avícola y el segundo es el insumo básico de toda la industria de panificados. La disposición de registros más estrictos sobre las exportaciones primarias, resuelta ahora, no tendrá efecto “en la mesa de los argentinos”. El gobierno, que reculó con la instauración de cupos a las ventas de maíz al exterior como antes lo había hecho con la intervención de Vicentin, está atado de pies y manos al sector agroindustrial porque depende de sus dólares para ofrecer un programa de repago al FMI y el Club de París.

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La creación de un Observatorio -que estaba prevista en una ley de 2015-, con una finalidad meramente contemplativa, no va más allá de lo que fue la tan promocionada puesta en marcha de las mesas sectoriales con las patronales de las distintas ramas, que en el discurso oficial iban a permitir identificar en qué eslabones se hallaban distorsiones que incidían sobre los precios de toda la cadena productiva.

En última instancia el gobierno es responsable directo de la aceleración inflacionaria, la cual para dimensionar registró en el primer trimestre un tendencia que de sostenerse el resto del año duplicaría la meta oficial del 29%. Esa responsabilidad la ilustra mejor que nada la política de naftazos para congraciarse con las petroleras, que desde agosto suman ya un 60% y restan aún dos subas más del cronograma anunciado. Los combustibles encarecen además en toda la distribución y comercialización de los productos. Todo esto cuando falta aún que entren en vigencia los tarifazos en el gas y en la electricidad para buena parte de la Argentina.

Esta situación crea un cuadro desolador para las familias trabajadoras, ya que se combina con la política de topes paritarios en torno a la ya enterrada pauta oficial del 29%. Según consultoras privadas, en marzo el consumo cayó nada menos que un 26% comparado con el mismo mes del año pasado. Una encuesta del Indec a jefes y jefas de hogar del Gran Buenos Aires arrojó que uno de cada tres grupos familias redujo el consumo de alimentos y cuatro de cada diez debieron endeudarse para sobrevivir. Otros puntos del país presentan un panorama más crítico todavía, como el Noreste, donde las cifras oficiales muestran que los alimentos y bebidas subieron en los últimos doce meses un 52,4%.

Lo más grave es que todo esto se aplica sobre salarios que vienen siendo pulverizados desde hace años, porque la actual es una tendencia que viene de arrastre. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó que en los últimos cuatro años los alimentos subieron un 335% promedio (con casos como frutas con un 437% y carnes con un 389%), mientras que la remuneración de los trabajadores registrados varió apenas un 132% -tomando los números del Indec. Sobra decir que para casi la mitad de la fuerza laboral del país que se encuentra en negro o bajo distintas variantes de precarización la pérdida de su poder adquisitivo es aún mayor.

Para terminar con esta orientación hambreadora es necesario no un Observatorio de Precios sino la apertura de los libros de toda la cadena de valor al control obrero, para verificar los costos reales de producción y comercialización y fijar en torno a ello los precios al consumidor. Esto junto con el control de la producción, para poner en marcha la capacidad instalada de la industria en la medida que lo requieran las necesidades sociales, y la fijación de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar.

Para resolver la contradicción entre las exportaciones y los precios internos de los alimentos urge la nacionalización del comercio exterior, lo cual además de desindexar la mesa de los argentinos de la cotización internacional de las commodities permitiría reinvertir la riqueza de país en un plan de desarrollo productivo. Es necesario entonces una dirección económica de los trabajadores, en oposición al rumbo fondomonetarista del gobierno.

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