El gobierno dispuso terminar con la doble indemnización, una medida que fue sancionada mediante DNU durante el contexto pandémico y la cual viene reduciendo su monto en forma gradual desde enero de este año, llegando a su fin esta semana. Esta medida le otorga vía libre a las patronales para impulsar despidos sin causa y recortes de personal a su conveniencia, a la vez que promueve una reforma laboral flexibilizadora que barra con todos los derechos conquistados. Para ponerle fin a la doble indemnización, el gobierno alega una “recuperación del empleo” y de la “tasa de actividad”, pero los datos oficiales refutan esta teoría y demuestran que lo único que crece es la precarización laboral y los salarios de miseria, además de un leve caída en la tasa de actividad que ahora se verá acentuada por el aumento de las tasas de interés.

La reducción gradual de dicho incremento indemnizatorio fue del 75% desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2022. Del 50% a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022; y del 25% desde el 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022. Ahora, la doble indemnización no resultará aplicable para los despidos producidos a partir del 1 de julio de 2022.

Gabriela Cerruti, vocera presidencial, dijo que “fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia. La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejoras paritarias” (Infobae 30/6)

En ese mismo sentido también fueron las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien se sumó a la ofensiva contra el movimiento piquetero exigiendo un recorte en los planes sociales, alegando que el desempleo sostiene niveles “normales” (7%) y calificando de “insólita” la cantidad de los mismos, lo que deja claro que a la hora de arremeter contra la población que vive de su salario, no hay grieta. En realidad el concepto de “empleo” que se usa para las mediciones oficiales incluye hasta los 1,2 millones que perciben el plan Potenciar Trabajo, además de trabajadores temporarios informales, monotributistas o personas que trabajaron una hora en la última semana.

De hecho, la cantidad de asalariados, según el último informe del Indec, es la misma que en el informe del trimestre anterior pero con 200.000 trabajadores menos con descuento jubilatorio, lo que manifiesta un crecimiento del empleo informal, el cual integra el 36% de los asalariados. A su vez, los trabajadores despedidos no ven una salida ante la falta de empleo genuino, el salario mínimo se desploma entre la línea de indigencia y el trabajo precarizado, que la reforma laboral vendría a formalizar, ofrece salarios en la misma sintonía. Este régimen de superexplotación laboral afecta a quienes viven de su trabajo arrebatándoles también su tiempo en jornadas cada vez más extensas.

Prueba de ello es que el liviano repunte que tuvo la actividad económica respecto de 2020, y que ahora está volviendo a bajar, fue sobre la base de que se no se recuperen la mayor parte de los puestos de trabajo perdidos. Ahora los índices demuestran que la tasa de actividad y de empleo cayó levemente desde el trimestre anterior y se encuentra por debajo de los niveles de prepandemia, incluso contra un crecimiento de 0,9% de la actividad económica en el mismo período.

Las condiciones en las que se encuentran los trabajadores son iguales o peores a las de la pandemia: la inflación, la devaluación y los tarifazos pulverizan el poder adquisitivo y el desempleo se recrudece conforme avanza la crisis, pero el gobierno desconoce este fenómeno para evitar presión a la suba de los salarios, en beneficio de las patronales, y una muestra de ello son los aumentos paritarios por debajo de la inflación que impuso la burocracia sindical en casi todos los gremios. A su vez, la recesión se agudiza con el reforzamiento del cepo a las importaciones, lo que hará que la tendencia decreciente de la tasa de actividad se profundice y que la crisis no la paguen los capitalistas, sino los trabajadores de su bolsillo.

La eliminación de la doble indemnización es un paso más para avanzar contra los derechos del trabajador despedido y eventualmente también para atacar (despedir) al activismo y golpear con mayor impunidad a la organización de los trabajadores en las plantas. A su vez, se inscribe en la presión por la reforma laboral antiobrera que exige el FMI para patear las condiciones laborales y los derechos conquistados por los trabajadores, lo que da cuenta que no trae aparejado un mayor crecimiento del empleo sino al contrario, una intensificación de la explotación a costa de menos puestos de trabajo.

Por ello es que, más que nunca, se torna urgente darle un fuerte impulso a la campaña que estamos llevando adelante por un paro nacional para derrotar esta ofensiva ajustadora. Tenemos que ser quienes vivimos de nuestro trabajo los que dirijamos un programa de transformación social que se abra camino con un salario mínimo acorde a la canasta básica familiar, el reparto de las horas sin afectar el salario y el reconocimiento de cada una de las conquistas obreras que están en la mira de los capitalistas.

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