Políticas
21/3/2025
El gobierno flexibiliza la importación de autopartes y suma más amenazas a los puestos de trabajo
La medida promete agravar los despidos en el sector.
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Otra política recesiva de la era Milei.
El gobierno realizó modificaciones a la Ley de Tránsito, entre las cuales se encuentra la eliminación de restricciones para importar autopartes. Esta medida promete acentuar la recesión industrial del país, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo.
Vía DNU, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, estableció que "Todos los componentes, piezas, autopartes u otros elementos destinados a los vehículos, acoplados y semiacoplados que se fabriquen o se importen serán de comercialización, producción e importación libre, no requiriendo ningún tipo de autorización previa". A su vez, se flexibilizan los controles estatales respecto a la seguridad del material importado, delegando esa responsabilidad en las patronales que lo compran del exterior.
Lo anterior no solo configura un peligro para la seguridad vial, ya que se suprimen las inspecciones técnicas que realizaba la Aduana sobre los frenos, suspensores, entre otros elementos importados; sino que además es un duro golpe a la industria autopartista local, que difícilmente pueda competir con los componentes provenientes del extranjero. Vale recordar que el sector cuenta con 442 fábricas en el país y emplea a 43.429 trabajadores, es decir, concentra el 5,5% de los puestos laborales registrados en la manufactura argentina, según los datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).
Dichas patronales no dudarán en descargar los efectos de la avalancha importadora sobre sus trabajadores, profundizando los despidos y suspensiones. De hecho, los operarios de las fábricas autopartistas ya vienen pagando los platos rotos de la caída en la producción que experimenta la industria automotriz, la cual, según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), fue del 17% interanual en 2024. Por mencionar algunos casos, la autopartista Lear despidió 350 trabajadores de su planta en Córdoba el año pasado; este año, la empresa Pilkington (fabricante de parabrisas) desvinculó a 12 trabajadores.
Esto, sin importar las enormes ganancias obtenidas durante años, ni que en 2024 el sector autopartista tuvo ventas al exterior por el equivalente a U$S 1.283 millones, según AFAC. Finalmente, esas empresas se valen de la reducción de personal para flexibilizar las condiciones de trabajo y deshacerse del activismo obrero, como es el caso de los despidos discriminatorios en Praxair y en Pilkington.
Por otra parte, liberar las importaciones de autopartes implicará una mayor demanda de divisas, agravando la crisis de reservas a la que asiste el Banco Central, que es fuente de tensiones cambiarias y motivo por el cual el gobierno está negociando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario. La apertura importadora que promueve la gestión libertaria choca con su propósito de mantener pisado el dólar para no desatar un espiral inflacionario en año electoral.
Así las cosas, corresponde desplegar un programa de defensa incondicional de los puestos de trabajo, que incluya la ocupación de toda fábrica que cierre y despida; apertura de los libros de las empresas, lo cual permitiría comprobar que tienen la espalda suficiente para preservar las fuentes laborales; y, ante la baja de la producción, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Es necesario construir desde las bases la huelga general para derrotar los ataques antiobreros de Milei y los capitalistas.
