A pesar de que el gobierno se muestre como enemigo de la inflación no puede disimular que la suba de los precios es aprovechada como un negocio limpio para el crecimiento de la recaudación fiscal y la disminución de gasto público: dos metas trazadas por el acuerdo con el FMI.

Ocurre que la recaudación impositiva vinculada al consumo implica una fuente de ingresos extraordinarios, a costa de los trabajadores, para refrendar el acuerdo fondomonetarista y aplicar un ajuste “menos llamativo” por la vía de licuar el gasto en jubilaciones y prestaciones sociales, entre otros.

La inflación de agosto vino con un 7% de aumento y una variación interanual de 78,5%, algo que golpea los bolsillos de las familias obreras con ingresos que se actualizan tardíamente y por debajo de los precios.

Pero el dato llamativo es que la recaudación fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que impacta específicamente sobre el consumo, creció un 86,6% interanual, superando al Índice de Precios al Consumidor. Esto significó un ahorro de $22.627 millones para el mes de agosto.

Por el otro lado, el gasto ejecutado en prestaciones sociales para el mismo periodo se ubicó en 49,8% interanual, por debajo de la recaudación del IVA y la inflación, implicando un ajuste contra los sectores más vulnerables. Se trata de un ajuste de $129.471 millones, equivalentes a lo no actualizado por la inflación.

Para el caso de las jubilaciones el aumento interanual fue de 56,2%: un recorte drástico, que implica que millones de jubilados cobren una mínima de indigencia, que para agosto fueron $ $37.525 y en septiembre pasará a $50.353.

Esto a pesar que la recaudación en aportes y contribuciones a la seguridad social lleva una suba interanual del 83,8%, gracias al impacto de las negociaciones paritarias, pero que no se expresa en una mejora de los haberes jubilatorios.

Esto mismo se reproduce para lo ejecutado en otros rubros sociales como la Asignación Universal por Hijo con un 23,1% de aumento interanual; o las políticas alimentarias, de las cuales dependen los comedores populares, con 50,4% interanual.

La inflación no es un fenómeno económico que afecte a todos por igual, cosa que queda plasmada en los números expresados. El gobierno le saca beneficio a una consecuencia de su política de entrega ante el FMI y las patronales, aplastando aún más las condiciones de vida de los trabajadores.

Las prestaciones sociales son ajustadas cuando más son requeridas por sus beneficiarios y no dependen de una evaluación de las necesidades populares sino de un cálculo contable con miras a satisfacer los intereses del capital financiero.

Hay que transformar esta ecuación rompiendo con el FMI y garantizando un piso salarial y previsional que no puede estar por debajo de la canasta básica de pobreza, así como todas las prestaciones de emergencia necesarias para paliar la crisis.

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