Tras la reunión del Consejo Económico y Social el gobierno anunció la puesta en marcha del Plan Argentina Productiva 2030, cuyo objetivo declarado es duplicar exportaciones y crear dos millones de nuevos empleos para aquel año (claro que no se sabe cómo). En contraste, el mismo día el Indec publicaba que en enero caían los indicadores de la actividad económica, una tendencia que promete agravarse al calor del acuerdo con el FMI, que impone una serie de políticas directamente recesivas.

El Estimador Mensual de Actividad Económica que registra el organismo de estadísticas oficiales reflejó que en enero de 2022 el índice se contrajo un 0,5% respecto del mes anterior. En lo que hace a la industria manufacturera se encontró por debajo de sus niveles de un año atrás.

Para sostener su discurso sobre que seguimos en una reactivación productiva y en una senda de crecimiento, el gobierno afirma que la merma se debió a las vacaciones en las fábricas y a los cortes de energía en medio de la ola de calor. Lo primero es relativo porque al mismo tiempo ello repercutió positivamente en rubros como hoteles y restaurantes, mientras que lo segundo es una advertencia de cara a un invierno en que no está garantizado el abastecimiento de energía por la disparada de los precios internacionales del gas, por lo que podríamos tener una temporada fría con cortes de suministro.

El plan del gobierno tiene pocas precisiones. De hecho, solo anunciaron la formación (otra vez) de “mesas sectoriales” encargadas de diseñar programas de estímulos para cada área en particular, por lo que se descarta cualquier política general. Es que los límites que implica el acuerdo con el FMI para cualquier desarrollo económico son muy claros.

Los beneficios impositivos a las empresas, propias de cualquier programa estatal de promoción, chocan con los compromisos asumidos con el FMI sobre reducción del déficit fiscal. El crédito comercial se vuelve inaccesible, por la implementación del mandato de subir las tasas de interés. El retaceo de las importaciones de bienes de capital y de insumos industriales, dispuesto por el Banco Central para arrimarse al objetivo de acumular divisas, ya afecta la actividad fabril. Los tarifazos y naftazos, acicateados a la vez por los efectos de la guerra en Ucrania, incrementan los costos productivos de todas las ramas.

En este cuadro, el eje principal de las “mesas sectoriales” será sentar a las cámaras patronales con la conducción de la CGT y los distintos gremios para discutir la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, en nombre de incentivar la creación de empleo. Finalmente, este punto sí coincide con la directiva del Fondo sobre avanzar en una reforma laboral. Si esto seguro atenta contra las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, es evidente que a la vez no resolverá la huelga de inversiones, porque como vemos el origen de esta no es el llamado “costo laboral”.

Lo otro que sí queda reafirmado con este “plan” es la obstinación oficial en rematar los recursos del país a grandes multinacionales, especialmente mineras y petroleras. Entre las metas figura cuadruplicar en pocos años las exportaciones de minerales. Los movimientos del Chubutazo contra la megaminería y el del Atlanticazo contra la explotación petrolera sobre el Mar Argentino chocaron pues contra aspectos troncales de la política económica para pagar la deuda. Es otro de los terrenos en que se recalentará la lucha popular.

El rumbo del gobierno es en realidad una amenaza contra el parque productivo del país, y toda su política “productiva” no pasa de una ofensiva contra las condiciones de trabajo, en momentos en que millones de asalariados caen en la pobreza. Para 2030, por lo demás, todavía estaríamos bajo la tutela del FMI si se sigue la orientación oficial. Un desarrollo productivo del país requiere ir en una dirección contraria.

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