El gobierno neuquino niega el acceso a información pública

Mientras la Fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén se dedica con saña a perseguir y demonizar a las organizaciones sociales, en la Legislatura el bloque oficialista y sus aliados obstruyen los pedidos de informes que ha presentado la diputada Gabriela Suppicich del Partido Obrero en el FIT-U.
Se trata de pedidos de información pública que los presidentes de las respectivas comisiones dejan dormir en un cajón.

Obvio, para el gobierno se trata de información sensible, por ejemplo: en febrero de 2024 se presentó el proyecto N.º 16.426 por el cual se solicitó información acerca de “funcionarios que cumplen funciones y/o cargos en el estado provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, sociedades del estado provincial y toda entidad estatal, que cobren salarios o cualquier tipo de emolumento o compensación dineraria o en especie en más de una de las entidades mencionadas”, y se menciona el caso del ministro de Seguridad, Matías E. Nicolini, que simultáneamente ocupa un cargo como integrante de la Comisión Fiscalizadora del Banco Provincia del Neuquén.

En abril, se solicitó a través del proyecto N.º 16.602 que se informe sobre las retribuciones a una decena de funcionarios designados por el gobernador en distintos entes estatales. Tampoco ha recibido una respuesta, ni siquiera fue puesto a consideración y debate. Se cajoneó directamente.

Y recientemente en julio pasado, a raíz del atropello de la fiscalía contra las organizaciones sociales que ocasionó allanamientos ilegales y acusaciones muy graves de falta de rendición de Aportes No Reintegrables del Estado, la diputada Suppicich pidió un informe (proyecto N.º 16.860) al ministerio Público Fiscal sobre los controles de rendiciones de ANR otorgados a entes del Estado y empresas privadas. Nunca la fiscalía, tan diligente para atropellar y perseguir a los que reclaman, brindó una respuesta. Ni siquiera a pesar que en el pedido de informe se indican por su número casi treinta decretos del gobernador por los cuales se otorgaron dichos ANR a entes y empresas.

Aunque el gobierno diga que su gobierno es transparente, en realidad es muy opaco a la hora de explicar algunos dispendios con fondos estatales a favor de su propia casta y socios. Figueroa no se cansa de decir que no llegó al gobierno “para hacer lo mismo”, pero es evidente que solo se refiere a recortar salarios, jubilaciones y ayuda social, respecto a las cajas subterráneas, es un calco del MPN. Algo que mostró en toda su dimensión el escándalo por las estafas de altos funcionarios con planes sociales. Y que roza al propio Banco Provincia (donde el actual ministro de seguridad es, además, parte del elenco de fiscalización): "Me cuesta creer que algún directivo del Banco no estaba al tanto", dijo el gobernador hace unas horas.

No se trata de creer o no. Hay que hacer pública la información de qué se hace con los fondos estatales y cuál es la magnitud de las eximiciones impositivas al empresariado que flaquean las arcas del fisco. En vez de sospecha hay que abrir la información, toda la información.

Los libros y cuentas del Estado y sus organismos, deben estar sujeta al control popular. Apertura de todos los libros y cuentas y explicar dónde están los fondos del superávit fiscal ($272.000 millones en el primer semestre), porque no se ven en obras, ni en mayor presupuesto en salud y educación, ni en mejores salarios estatales. Y estamos a octubre, ya en el último trimestre del año.

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