El gobierno de Milei dispuso nuevas medidas reaccionarias contra los trabajadores y en materia de derechos humanos. Por un lado, bajó de rango la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), habilitando el despido de cientos de empleados –alrededor del 30% de la planta. Por el otro, tanto el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) como el museo que funciona en la ex Esma pasarán a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que está actualmente bajo el comando de Federico Sturzenegger.

Desde ATE denunciaron que habría alrededor de 170 despidos en puerta. Ya son más de 400 los trabajadores cesanteados por el Ministerio de Justicia en lo que fue la SDH. El gobierno está desmantelando los espacios de memoria, como parte de su política de ajuste y de su campaña negacionista. El centro cultural de la memoria Haroldo Conti se encuentra sin funcionar desde el 2 de enero y hay entes que no están recibiendo fondos –los trabajadores de uno que está ubicado en Avenida del Libertador enfrentan problemas para cobrar sus salarios.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el gobierno libertario despidió a más de 43.000 empleados públicos. Además, respalda a los patrones que echan trabajadores en sus fábricas u empresas. En un contexto de recesión, en el que es muy difícil que un desocupado acceda a un trabajo –sobre todo a uno bajo convenio y con un salario que más o menos se acerque a la canasta de pobreza–, la política de los capitalistas y su gobierno resulta aún más criminal.

El ANM fue creado para preservar documentos relacionados a la lucha por los derechos humanos en Argentina, como aquellos que provienen de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Como el CIPDH está acéfalo, quien lo conducirá hasta que se elija un nuevo titular será Sturzenegger, el ministro que decide junto a Milei por qué partes del presupuesto público se pasa la motosierra. Están en peligro archivos que son claves para juzgar a los genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad.

La política aplicada sobre el área en cuestión proviene de un gobierno que reivindica abiertamente la dictadura militar pro capitalista que asumió el poder en 1976 tras un golpe de Estado y asesinó a decenas de miles de trabajadores, activistas y jóvenes. En este marco, Milei y su banda quieren liberar a los genocidas que continúan presos; el último movimiento en este sentido lo dio Patricia Bullrich al manifestar su deseo de enviar a asesinos y torturadores como Alfredo Astiz a la cárcel vip de Campo de Mayo, como paso previo a garantizar su vuelta a casa.

También se han introducido a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, como forma de “reconciliarlas” con la “sociedad” y “pasar página” cuando se trata de una institución reaccionaria cuyo fin es proteger el régimen de dominación capitalista –o sea, hacer primar los intereses sociales que defendieron los milicos y luego los gobiernos democráticos– y cuya estructura además está infestada de elementos negacionistas y apologistas del gobierno de Videla.

ATE debe convocar un plan de lucha de los estatales para enfrentar y derrotar la política ajustadora y reaccionaria del gobierno. Los trabajadores de los espacios de memoria y los estatales en general demostraron en varias oportunidades que están dispuestos a enfrentar a Milei y sus lacayos.

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