El gobierno nacional acaba de llegar a un acuerdo con las patronales del agro para el levantamiento de las restricciones a la exportación de maíz, que implica un recule completo de la posición oficial ante las medidas de la Mesa de Enlace.

En definitiva, luego de instalado el bloqueo a las exportaciones del remanente de maíz del ciclo 2019/20 y tras el comienzo del cese de comercialización de granos de las patronales agrarias, el gobierno primero accedió a una cuota de liquidación de 30.000 toneladas por día, para al día siguiente negociar el levantamiento completo de las restricciones, a cambio de un “monitoreo del saldo exportable” hasta llegar a la próxima cosecha.

Se trata de un retroceso en toda la línea, en medio de un conflicto con una medida de dudoso alcance. Si bien el cese de comercialización de granos de las patronales agrarias produjo algunas asambleas de productores en casi una decena de lugares, desde la Federación de Transportadores Argentinos señalan que el caudal de granos movilizados al puerto no habría disminuido y que se mantuvo a razón de más de 3.000 camiones por día.

Algo similar se reflejó en la respuesta de los productores de Bell Ville (Córdoba), quienes protagonizaron acciones contra Agricultores Federados Argentinos (AFA) –vinculados a la Federación Agraria- ante la comercialización de granos.

Entre los compromisos arribados se habla de la constitución de un fideicomiso para “desacoplar” el mercado internacional del abastecimiento de maíz al mercado interno. Y otros beneficios a las patronales para garantizar sus cobranzas dentro el país.

El fiasco de la protección interna

El gobierno nacional incursionó en la medida, prontamente levantada, con el justificativo de un supuesto cuidado del mercado interno y del impacto del precio de maíz en la cadena de precios de productos de consumo popular.

Quiso hacer de la cuestión una “causa popular”, omitiendo el conflicto de fondo por la liquidación de las exportaciones para el ingreso de las divisas en medio del alza de los precios internacionales de granos. Se trata de una operación similar al conflicto por Vicentin, donde montaron una arenga desproporcionada respecto a la soberanía alimentaria.

La maniobra tuvo un corto alcance ya que en los sectores populares, y mucho menos en las góndolas, no se percibe que el gobierno esté haciendo algo por el cuidado del bolsillo de los trabajadores, más bien todo lo contrario.

Los aumentos en las tarifas, los sucesivos aumentos en las naftas, la actualización de los Precios Cuidados, el deslistamiento de Precios Máximos y la creciente inflación, resultado de la emisión monetaria, la fuga de capitales y la caída de las reservas, son distintas medidas impulsadas por las carteras del presidente Alberto Fernández, que llevan a un constante aumento de los precios.

La devaluación de la moneda, con un virtual desdoblamiento cambiario, también impacta de lleno en los precios de los bienes de consumo de primera necesidad, ya que el precio del dólar paralelo se transfiere a los costos de logística de los principales alimentos y productos. Ni hablar del impacto de los precios internacionales y las especulaciones devaluacionistas en varios productos.

Un caso ejemplar es el de la carne, cuyo consumo bajó significativamente al ritmo que los precios acumularon una suba del 78% en el Amba. Esto a pesar de que el gobierno hiciera alusión a distintas medidas de protección de precios para cortes de consumo popular, los cuales se han vuelto casi prohibitivos para la mesa de las familias trabajadores.

Esta orientación va de la mano de la mano de un golpe al poder adquisitivo de los salarios, con negociaciones paritarias que se ubicaron por debajo de la inflación anual del 36% y de las proyecciones que superan holgadamente el 50% de inflación para el 2021.

El conflicto por las divisas debe ser encarado junto a medidas de fondo como la nacionalización del comercio exterior y el control de cambios. Así como la defensa del consumo debe ir indisolublemente ligada a garantizar ingresos económicos por arriba de la canasta familiar, algo que no ocurre para un 80% de los asalariados, y mucho menos para los desocupados, y la apertura de los libros de las empresas. Solo la clase obrera puede imponer este rumbo, con el método del paro nacional y el plan de lucha, para derrotar a los ajustadores.

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