07/01/2021
RIÑA PATRONAL

Conflicto con el campo: una disputa de intereses capitalistas

Tras la suspensión temporal de exportación de maíz, la Mesa de Enlace amenaza con un paro de 72 horas.

La Mesa de Enlace anunció el cese de comercialización de todos los granos desde las cero horas del lunes 11 hasta las 24 del miércoles 13 de enero, como respuesta a la suspensión de las exportaciones de maíz hasta marzo, ordenada por el gobierno nacional. La decisión del gobierno apunta a “disuadir” a los exportadores para que liquiden el conjunto de la cosecha que retienen, mientras estos especulan con una mayor devaluación.

De la medida del campo participarán tres -Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina- de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace, con excepción de Coninagro, desde donde señalaron que lo suyo no se trata de un acto de solidaridad con el gobierno y aunque no adhieren a la medida sí acuerdan con el reclamo.

El origen del conflicto es la imposibilidad, tras la medida del gobierno, de liquidar el excedente de 4,27 millones de toneladas de maíz del ciclo 2019/20, lo que representa casi un 10% del total de la cosecha, lo que los productores estiman implicaría unos 810 millones de dólares en exportaciones.

Resulta que el precio internacional del maíz ha venido escalando, junto a otros granos y oleaginosas, pasando de 120 dólares la tonelada en abril, a casi 200 dólares en la actualidad. Se trata de un negocio fabuloso que ha ido a engrosar los bolsillos de los agroexportadores, en medio de una creciente demanda internacional luego del golpe de la primera ola de pandemia.

La suba del maíz afecta directamente a los productores de carne de cerdo, pollo, huevos, leche, el proceso de feedlot (engorde en corrales) y a la producción de bioetanol que se utiliza para mezclar con combustibles.

El gobierno afirma que la suspensión a marzo de la exportación del residual de maíz es solo a los fines de evitar un desabastecimiento de materia prima del mercado interno, debido a que la próxima cosecha recién entrará a partir de abril. Sin embargo, desde algunas entidades productoras señalan que el desabastecimiento no es tal y que el excedente sin liquidar sería el doble de lo señalado.

De esta forma, la medida del gobierno apunta a la puja con los exportadores por la liquidación de la cosecha retenida, tanto de maíz, como trigo y soja, en busca de juntar dólares de cara a las negociaciones con el FMI que se retoman en marzo.

Nada hay sobre el cuidado de los precios ya que luego del “cepo” al maíz se prevé que los precios internacionales impacten de lleno, agregando otro factor de empuje al aumento de los mismo. Otro dato de esto es que el gobierno acaba de autorizar la suba del bioetanol de maíz en un 33%, que llegará a mayo con un 55,9% de aumento.

Devaluacionistas y liquidacionistas

Las organizaciones patronales del campo vienen montando una gran escena al respecto, aunque se trate de una medida parcial y limitada. Es que en el trasfondo rige la idea de que el gobierno deberá atravesar los tumultos de la crisis económica y las negociaciones con el FMI, y que la renta extraordinaria del campo, debido a la suba de los precios internacionales, podría convertirse en un botín de disputa entre el gobierno y las patronales.

Las estimaciones para el 2021, de igualarse la cosecha y mantenerse los precios internacionales, arrojan que el gobierno recibiría 1.800 millones de dólares extra por retenciones a la exportación de soja, trigo y maíz, pasando de 7.201 a 9.059 millones de dólares totales (Infobae, 7/1). Sin embargo, esto está sujeto a que las patronales exportadores liquiden sus tenencias, lo cual dependerá de su “satisfacción” con el tipo de cambio.

El camino al cese de comercialización del lunes estará atravesado por distintas asambleas y convocatorias de productores y ruralistas, que ya han comenzado, y a las que asisten empresarios, representantes de las organizaciones convocantes y, hasta en algunos casos, intendentes, como es el caso de Bell Ville en Córdoba.

Mientras todo estos se desarrolla, el gobierno sigue habilitando las subas de combustible y liberando tarifas y precios retenidos durante la cuarentena. De esta forma la inflación sigue sumando todos los meses, haciendo estragos en la economía de las familias obreras.

El apetito del gobierno por generar divisas no tiene como contrapartida ningún uso meritorio. Lo más seguro es que se destinen esos recursos a la especulación financiera, como lo ha hecho durante todo el 2020 con los intereses de las Leliq y Pases, o a detener la escalada del dólar blue promoviendo la fuga de divisas: una transferencia de recursos de un sector de las patronales a otro.

La posición menos intransigente de Coninagro ha dejado la puerta abierta para entablar las negociaciones y llegar a un “entendimiento” entre ambas partes. Desde esta entidad reconocen un buen “diálogo” con el gobierno y hacen hincapié en una agenda y compromisos que aún no han sido satisfechos. Es probable que ambos sectores alcancen una componenda cuyo resultado seguramente sea dañino para el pueblo trabajador.

Una salida a esta situación debe implicar la nacionalización del comercio exterior y el no pago de la deuda para orientar los recursos extraordinarios de las exportaciones a un plan integral de inversión en obra pública e industria que genere puestos de trabajo y recomponga los salarios devaluados.

 

En esta nota

También te puede interesar: