En el gobierno nacional se muestran abiertamente optimistas por la asignación de unos 3.300 millones de dólares para la Argentina, como parte de los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Con este refuerzo a las reservas internacionales del Banco Central se replantea la posibilidad de patear el acuerdo de un nuevo programa del Fondo para después de las elecciones legislativas, lo cual permitiría al oficialismo encarar la campaña con más soltura. Pero todo tiene su precio, más cuando se está a merced del capital financiero internacional.

Lo que motiva a los funcionarios es que con estos DEG se podría cubrir el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París, que debe cancelarse en mayo. Ese es uno de los factores que presiona por acelerar los tiempos del acuerdo con el Fondo, un requisito indispensable para intentar refinanciarlo. Con el saldo restante de aquel giro, y apoyado en los mayores ingresos de divisas por los altos precios internacionales de la soja, el entorno de Alberto Fernández considera que podrían sortear también los vencimientos con el propio FMI, que incluyen dos cuotas gruesas de casi 2.000 millones de dólares en septiembre y diciembre.

En resumen, la expectativa es contar con las divisas necesarias para surfear la tormenta financiera, y darse todo el año para negociar con el organismo que preside Kristalina Georgieva apelando a un tratamiento más “flexible” que los clásicos programas fondomonetaristas. Con este viento de cola es que Martín Guzmán viajará a Washington para empezar a definir en concreto los pasos del acuerdo. Pero la cuota de los DEG no resuelve la crisis, porque esta no se limita a un problema de liquidez para cancelar un vencimiento. El gobierno se ha revelado incapaz de detener la sangría de dólares.

El presidente anunció una “querella criminal” contra los funcionarios del gobierno de Macri por haber utilizado el megacrédito del FMI para financiar la fuga de capitales, pero debería entonces poder explicar por qué a pesar del superávit comercial las reservas siguen estancadas por el suelo. El pago de los compromisos con el capital financiero es uno de los factores de esta sequía, ya que en febrero se pagaron al FMI más de 300 millones de dólares en intereses. Por lo demás, el Banco Central gasta los dólares que compra en sostener la precaria pax cambiaria, mediante la compraventa de los bonos que tiene en su poder. El precio de la estabilización es entonces muy alto, más si sumamos que el recurso de cubrir el déficit fiscal con emisión de deuda y no de billetes también es leonino, porque deriva en una bola de nieve que se ajusta por inflación o por la cotización del dólar.

Políticamente, la preocupación oficial gira en torno a evitar el costo de un ajuste frontal cuando se juega su suerte en las próximas elecciones legislativas. Los tarifazos son un aspecto central. Por el impacto generalizado en la población y cierto hartazgo popular luego de años de subas descomunales, el gobierno pretende dosificarlos. Guzmán pone reparos, porque implicaría desembolsar más subsidios que complican las metas de achicamiento del déficit fiscal. Pero más troncal aún es el costo de importar energía para satisfacer la demanda del próximo invierno -compensando la caída de la producción-, porque amenaza con consumir el saldo favorable de la balanza comercial.

Según confirmó la Secretaría de Energía, el 26% de la demanda invernal de gas será cubierta con importaciones. Ello preanuncia un gasto de más de 2.000 millones de dólares, un cifra que suma interrogantes a las ecuación de las reservas. Pero a su vez incrementa el costo promedio del gas -el pilar de toda la matriz energética del país-, por lo que si se aplica el esquema actual el Estado debería destinar unos 60.000 millones de pesos más que lo previsto en el Presupuesto. Alberto Fernández prometió en su discurso de apertura de sesiones del Congreso “desdolarizar las tarifas”, pero el Plan Gas fija que se le paga a las petroleras un precio subsidiado en dólares. Las audiencias públicas que se avecinan para mediados de mes apurarán una definición de cuánto de traslada a los usuarios este año, pero el hecho de que la cuestión enfrente a distintas alas del gabinete refleja que las cuentas no cierran.

El déficit energético es una muestra clara de las contradicciones de toda la política económica. El gobierno no puede escapar del síndrome de la frazada corta, entre el objetivo de achicar el déficit pero contener la estampida de los precios que asola a las familias y deprime el consumo. La postergación de un acuerdo con el Fondo para después de las elecciones no resuelve la encrucijada, y lo más probable es que al final del camino todos estos problemas se expresen en requisitos mucho más exigentes por parte del organismo. La ilusión de Guzmán de lograr un programa “flexible” chocan con una premisa indiscutible: a mayor probabilidad de incumplimiento, más severo será el FMI.

A su vez, la dilatación del acuerdo con el FMI puede echar por la borda los intentos del gobierno por obtener compromisos de los empresarios para apaciguar las remarcaciones de precios. Como fuera, reforzará la presión de los capitalistas por mayores concesiones impositivas y subsidios, respaldo oficial para imponer topes salariales y hasta por una reforma laboral que mejore sus márgenes de rentabilidad -un ítem que ya ha sido incorporado en las mesas con la cadena de producción alimenticia, a base de condicionar las paritarias a un esquema que vincule los salarios a la productividad.

Con todo, los capitalistas presionan por un acuerdo con el Fondo lo antes posible. Lo muestra el riesgo país arriba de los 1.600 puntos y los bonos reestructurados hace seis meses cotizando a niveles de default, lo cual deja al país afuera del mercado de crédito internacional. Esto cuando el supercepo cambiario obliga a las empresas a renegociar sus deudas corporativas, y el caso testigo YPF terminó con un canje ruinoso impuestos por los lobos de Wall Street. Las acciones de la mayoría de las compañías argentinas no paran de caer. Todo ello atenta contra la “tranquilización de la economía” que declama Guzmán. El propio directorio del Banco Central publicó en su informe de política monetaria que se necesita cerrar un programa con el Fondo antes que termine el primer semestre.

Lo fundamental para los trabajadores es que, incluso si se estira la negociación con el Fondo Monetario, el ajuste seguirá rigiendo los pilares de una política económica que enfrenta contradicciones irremediables. Lo prueba el drástico ataque a las jubilaciones, que condena a cuatro millones a ingresos de indigencia. No hay margen siquiera para un IFE, cuando arrecia el hambre. En el mismo sentido hay que considerar la decisión de profundizar el ajuste a la salud y eliminar cualquier restricción preventiva ante el coronavirus (vuelta a escuelas sin condiciones), cuando se aproxima una segunda ola de contagios y ni siquiera concluyó la vacunación al personal sanitario.

La apuesta del gobierno por pilotear la situación y postergar el nuevo programa del FMI no solo enfrenta serios obstáculos, sino que además descarga sobre las familias trabajadoras el costo de la desorganización económica. No hay salida sin romper con esa cueva del capital financiero internacional y el imperialismo, desconocer el pago de una deuda fraudulenta y usuraria, y proceder a una reorganización del país sobre nuevas bases nacionalizando la banca y el comercio exterior bajo control obrero, cortando de cuajo la sangría a la que nos condenan los capitalistas nacionales y extranjeros.

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