La máxima que repite el ministro Martín Guzmán es que el tipo de cambio va a acompañar el ritmo de la inflación. Pues bien, con un arranque de 2021 caracterizado por una aceleración inflacionaria y cuando las expectativas del mercado orbitan en torno a un 50% para este año (el último trimestre del 2020 dejó una tendencia anualizada de 54%), el cumplimiento de esta meta sería una devaluación considerable. Este horizonte produce en el corto plazo el efecto inverso al anhelado por el gobierno, porque incentiva a las exportadoras a guardar la cosecha para especular y a los importadores a acelerar la demanda de bienes del exterior para cubrirse del encarecimiento futuro, atentando contra el saldo positivo de la balanza comercial.

El gobierno ha puesto la lupa sobre los pedidos de importación de las empresas, y aplicado restricciones para contener la fuga de divisas. La política de limitar las compras al exterior afecta la provisión de insumos básicos para la producción industrial, por lo que pone un tope a toda reactivación económica. Ello anticipa nuevas olas de despidos y suspensiones. Sería el costo de una apuesta por incrementar el superávit comercial, con el viento favorable de la suba de los precios internacionales de las materias primas.

Resulta que por el salto en la cotización de la soja, principalmente, las perspectivas son de un récord de ingreso de dólares, por un monto 40% mayor que el año pasado -a pesar de que se estima una contracción del 9% en la producción. Pero ello no garantiza nada, como muestra el hecho de que tras un enero en que se tocó máximos en la liquidación de la cosecha, las compras netas de divisas por el Banco Central se ubicaron en niveles de los más bajos de las últimas décadas. Por otro lado, para lo que se viene no se puede perder de vista que todavía están acopiados granos por aproximadamente 4.000 millones de dólares de la cosecha anterior, retenidos a la espera de una mayor devaluación.

Círculo vicioso inflacionario y recesivo

La suba de los precios internacionales de las commodities, a su vez, echa leña al fuego del espiral inflacionario en un terreno tan sensible como el de los alimentos, que viene registrando aumentos en flecha (en 2020 superó en casi 10 puntos a la inflación general, 45% a 36%). Además de confiscar los ingresos de las familias trabajadoras, esto retroalimenta la necesidad de depreciar el peso para mantener el tipo de cambio “sin atrasos”.

Si dejamos de lado las medidas impotentes que el gobierno improvisa para contener la estampida de los precios de los alimentos, vemos que la estrategia para suavizar las remarcaciones es la fijación de un techo del 29% en los acuerdos paritarios -para lo cual solicita la colaboración de la burocracia sindical-, la ejecución de un ajuste fiscal mayor al presupuestado, y financiar el déficit público menos con emisión monetaria y más con deuda (un requisito explícito del FMI).

En ese camino el Ministerio de Economía celebró la colocación de títulos por 200.000 millones de pesos realizada la semana pasada, pero lo cierto es que la demanda se concentra crecientemente en bonos a corto plazo o ajustables por inflación (CER), por lo que un desmadre de los precios abultaría en forma automática esta hipoteca (que ronda el equivalente a 12.000 millones de dólares). Es una táctica que también incluye bonos linkeados a la cotización del dólar, es decir a una dolarización de los compromisos financieros del Tesoro, los cuales totalizan para este el año unos 2,6 billones de pesos.

A ello se agrega la venta de los bonos en dólares en poder del Banco Central, como herramienta para contener a los dólares financieros (llamados contado con liqui y dólar bolsa), lo cual equivale a la emisión de deuda externa a una tasa descomunalmente alta del 17% -cuadruplicando la media de los países emergentes. Este hecho echa por tierra toda la presunta sustentabilidad en materia de deuda, que tanto pregona el discípulo de Stiglitz. Que estos bonos coticen a niveles de default expresa que para el mercado Argentina sigue al borde de la quiebra, a pesar del canje concretado en septiembre pasado.

El ritmo inflacionario, y la devaluación que lo acompaña presionan a su vez por una suba de las tasas de interés de referencia, que son las que paga el Banco Central a los bancos. De hacerlo, el gobierno seguiría alimentando la bola de nieve de Leliq y pases pasivos que el año pasado implicó desembolsos por 700.000 millones de pesos en concepto de intereses; pero si no lo hace corre el riesgo cierto de una nueva corrida hacia el dólar. Una suba de tasas, agreguemos, sumaría otra losa sobre la esperada reactivación productiva.

La estela del default

Hay una rama en la que la recuperación de la actividad es un objetivo central. Es la industria de los hidrocarburos, la cual debe revertir el declive de la producción para evitar una pérdida importante de divisas en invierno para cubrir la demanda de gas. A ello apuntan los millonarios subsidios que las petroleras embolsarán por el Plan GasAr, el cual ganó los halagos de Paolo Rocca. Los funcionarios ven entusiastas el repunte de la cantidad de fracturas en Vaca Muerta, pero no deberían perder de vista que la inversión de las empresas depende del acceso al mercado financiero internacional, una ventana que el estancamiento de la reestructuración de la monumental deuda de YPF -pesar de las concesiones a los acreedores– amenaza con cerrar.

Es un punto clave. Para darse una idea, YPF debería duplicar su producción de gas antes de mayo para cumplir con los compromisos del Plan Gas. El secretario de Energía, Darío Martínez, estaría organizando un viaje a Estados Unidos para gestionar inversiones de los pulpos yanquis, lo cual probablemente acarree nuevas concesiones leoninas. La principal garantía a las petroleras, por el momento, son los permanentes naftazos, que acumulan subas del 10% en el mes que llevamos de 2021. De más está decir que, otra vez, esto acicatea la inflación, y recalienta la presión sobre las tarifas de los servicios públicos (gas, luz, transporte).

Este panorama obliga al gobierno de Alberto Fernández a desestimar la idea de postergar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para después de las elecciones. Para acelerar las tratativas, Guzmán se encuentra planificando un viaje a Washington, donde se reuniría con las nuevas autoridades del Tesoro norteamericano y el directorio del FMI. La intención sería cerrar un nuevo programa antes de mayo, para evitar caer en default con el Club de París (por un vencimiento de 2.400 millones de dólares para ese mes). El carácter colonial de la posición oficial la ilustró el propio embajador argentino, quien afirmó que bregan por “una asociación estratégica entre la nueva estrategia exterior de Estados Unidos y la Argentina”, cuando lo que se trazó Biden es el objetivo de recomponer el poderío del imperialismo yanqui en el mercado mundial.

En efecto, incluso cuando toda la precaria política del gobierno nacional se basa en la recaudación de divisas a través de la exportación agraria, y con la yapa de un alza de los precios internacionales, se registra un reducción de la participación de nuestro país en el mercado internacional. Finalmente, los dólares que ingresen tampoco irán a parar a una inversión en función del crecimiento y desarrollo, sino al repago de la deuda externa, como expresó el reciente pago de 315 millones de dólares en concepto de intereses al FMI. Es una de las muestras de que el problema del país no es la “restricción externa”, sino el parasitismo de una burguesía nacional que actúa como socia menor del capital extranjero y fuga sus capitales al exterior en lugar de reinvertirlos.