A partir de la compra de dólares por parte del Banco Central y de la suba de los precios internacionales de la soja, algunos voceros del gobierno se entusiasmaron con la idea de patear en el tiempo la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La postergación de la renegociación permitiría afrontar las elecciones legislativas sin la obligación de rendir cuentas al organismo financiero, o sea con algo más de libertad para pilotear la política económica. La base de esta especulación es que la corrida cambiaria se habría disipado.

En el entorno de Alberto Fernández celebran como un campeonato el hecho de que el Central haya logrado hacerse de 1.200 millones de dólares en el último mes y medio. Gracias a ello, comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de tomarse con calma las negociaciones con el FMI por la devolución de los 45.000 millones de dólares que se le adeudan. Pero la realidad es por supuesto bastante más compleja.

Las reservas internacionales no solo están por el suelo, sino que deben hacer frente este año a una sumatoria de obligaciones financieras con organismos multilaterales cercana a los 10.000 millones de dólares. Por lo pronto, a principios de febrero el gobierno va a gatillar 315 millones al Fondo en concepto de intereses. Pero lo grueso llega en mayo, con la obligación de cancelar unos 2.300 millones de dólares al Club de París, impagos desde mayo pasado y que crecen a una tasa usuraria del 9% anual -por la renegociación leonina que selló el entonces ministro Kicillof en 2014. Para reestructurar ese vencimiento, debería estar firmado el acuerdo con el FMI antes de esa fecha.

Si efectivamente el gobierno decidiera postergar un acuerdo, debería también pagar al Fondo casi 4.000 millones de dólares por dos vencimientos de capital en septiembre y diciembre, y otros casi 2.500 millones a otros organismos como el Banco Mundial y el BID. La ecuación, por lo tanto, plantea muchos interrogantes. Incluso si los mayores precios internacionales de las comoditties -especialmente de la soja-, permitieran afrontar esos compromisos, se consumiría así todo lo recaudado por el superávit comercial y más. Con todo, quedarían a merced de la voluntad de las cerealeras de liquidar la cosecha, cuando estas apuestan por una devaluación para acrecentar sus ganancias. Recordemos que, además, desde mediados de año empiezan a pagarse los intereses de los bonos emitidos para la reestructuración de la deuda externa.

Es precisamente por esta precariedad de las cuentas nacionales que el directorio del FMI exige como condición para aprobar un programa de Facilidades Extendidas (cuyo pago puede estirarse por 10 años desde la firma) un plan oficial detallado de cómo piensan recaudar las divisas necesarias. El ministro Martín Guzmán viene prometiendo la presentación de un plan económico plurianual, pero el mismo no aparece. Por lo demás, en un país donde los presupuestos anuales carecen de relación con la realidad, dicha presentación no brinda seguridad alguna de cumplimiento; por eso se fijaría una supervisión trimestral a manos de funcionarios fondomonetaristas.

Dos son los puntos más conflictivos que están en la mira del organismo internacional: las tarifas y el tipo de cambio. El aumento de las primeras permitiría achicar el déficit fiscal, por la vía de reducir los millonarios subsidios a las privatizadas de los servicios públicos. En relación a la cuestión cambiaria, los programas del Fondo suelen vetar la intervención del Banco Central para fijar la cotización del dólar, lo que implicaría en las condiciones actuales un fuerte salto devaluatorio. Son estos dos aspectos los que el gobierno busca eludir en la antesala de un turno electoral, porque representarían un brutal golpe al vapuleado bolsillo de la población trabajadora.

No se trata de mera demagogia electoral. Ciertamente es una incógnita cómo piensa garantizarse el repago de la deuda. Expresión de ello es que los títulos canjeados en septiembre cotizan a precios de default, y el riesgo país sigue por la nubes. El estancamiento de las renegociaciones de las deudas provinciales genera fuerte preocupación en la cartera de Guzmán, motivo por el cual el ministro inició una gira nacional. El reciente canje acordado por el gobierno cordobés con los bonistas es tan leonino -apenas reduce un punto la tasa de interés y posterga un poco los plazos- que suscitó críticas del resto de los mandatarios porque les deja la vara demasiado alta. Algo similar sucede con la reestructuración a la que aspira YPF por su monumental deuda corporativa por más de 6.000 millones de dólares, para la cual ofrece como garantía sus exportaciones.

La aceleración inflacionaria, acicateada por los sucesivos naftazos, agudiza todos los problemas. Especialmente el padecimiento de los trabajadores. Guzmán insiste en que la devaluación acompañará la inflación (acumula un 4% en el último mes), lo cual entonces podría redundar en una depreciación del 50% para fin de año. Esta gradualidad no satisface las expectativas del mercado, pero sí alcanzará para replantear el problema de las tarifas, ya que las petroleras tienen garantizados precios en dólares. Es un círculo vicioso.

El compromiso oficial para con el FMI, de recurrir menos a la emisión monetaria y más a nueva deuda para cubrir el déficit fiscal, solo cierra con un fuerte ajuste. Por otro lado, la nueva deuda en pesos es linkeada al dólar o a la inflación, por lo cual se refuerza la dolarización de la economía. La única variable clara con la que el gobierno aspira a romper esta inercia es la desindexación de los salarios y las jubilaciones. La improvisación y el desconcierto del gobierno nacional se descarga así como una losa sobre la economía del país y en particular sobre los trabajadores. Para salir de este laberinto es necesario derrotar este fracasado rumbo fondomonetarista.