El informe del Indec sobre la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra en el segundo trimestre de 2021 da cuenta de un desplome de la participación de los salarios en el valor agregado del producto bruto nacional, y una fenomenal suba del excedente de explotación. En criollo, en el último año ha pegado un salto extraordinario la explotación de la fuerza de trabajo en el país. Es el sendero que busca profundizar la clase capitalista con una reforma laboral, y una muestra de que la ausencia de inversiones se debe al parasitismo del empresariado y no del costo laboral.

Lo que mide el organismo oficial de estadística es la incidencia de cada factor en la generación de valor agregado bruto (VAB). En la comparación interanual -es decir, con el segundo trimestre de 2020- la participación de la remuneración del trabajo asalariado sufre un derrumbe de casi 10 puntos, desde el 49,8% al 40%; mientras que el excedente de explotación bruto de las patronales ascendió cerca de 4 puntos hasta el 50,9% (un salto de más de 15 puntos respecto del primer trimestre del año pasado), impulsado específicamente por el agro, la minería y la industria manufacturera. Si se excluye al sector público, la ecuación es de 31,1% para los salarios contra un 58,1% del excedente de explotación.

Para encontrar un antecedente comparable de semejante desplome de los asalariados en solo un año es preciso remontarnos a la crisis de 2001, cuando para el año siguiente cayó 7,5 puntos hasta un 34,6% de participación. El índice registrado ahora para la remuneración salarial es el más bajo desde 2005. También para encontrar niveles similares de tan alto porcentaje del excedente de explotación es necesario remontarse a los años que siguieron a la devaluación de 2002.

De hecho, si esta abstracción estadística evidencia una intensificación de la extracción de plusvalía a los trabajadores, el Indec ofrece a su vez retratos más concretos. La cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados se ubicó unos 125.000 por debajo del primer trimestre de 2020, previo a la pandemia; y respecto del segundo trimestre del año pasado -el punto más bajo por el impacto de la cuarentena- apenas crecieron el 1,6%. Por el contrario, en esos mismos doce meses los puestos no registrados subieron un 42%.

Evidencia así un ascenso de la precarización laboral, que sin contar al sector público abarca a cuatro de cada diez puestos de trabajo. Esto excluyendo aquellos catalogados como cuentapropistas por no tener reconocida relación de dependencia, los cuales están incluidos dentro los puestos no asalariados y su actividad contabilizada en la categoría “ingresos mixtos” (aquellos que trabajan en su propia empresa o en firmas familiares).

El avance de la flexibilización laboral se verifica a su vez en la cantidad de horas trabajadas por asalariados, las cuales superan a las del trimestre anterior a la pandemia a pesar de que entonces había medio millón más de puestos de trabajo. El incremento, dato interesante, obedece al 4,5% que crecieron las horas de los asalariados registrados; una radiografía de la intensificación de la explotación de los trabajadores bajo convenio, útil para refutar a las patronales que en el Coloquio de Idea volvieron a reclamar a viva voz una reforma laboral como condición indispensable antes de invertir un solo peso.

Lo que ilustran estos números es que estamos ante una ofensiva contra los trabajadores. La comparación que trazamos con el período posterior a la debacle del 2001 tiene un valor, porque la intención es que la reactivación pospandémica reedite a la que siguió a aquella quiebra nacional, que -megadevaluación mediante- se asentó sobre un feroz aumento de los márgenes de ganancia a pura depreciación de la fuerza de trabajo. Ese fue el punto de partida de la experiencia kirchnerista, que se valió del viento de cola en el mercado internacional, a diferencia de la actual crisis mundial.

El mismo informe del Indec permite también refutar a quienes exigen un ajuste del gasto social como requisito indispensable para liberar a las actividades productivas de una pesada presión tributaria -dentro de la cual incluyen hasta los aportes jubilatorios, que en realidad no son más que un salario diferido, y en este caso se cuentan dentro de la remuneración asalariada. Resulta que en realidad los subsidios son mayores que los impuestos a la producción (o sea descontando los que gravan el producto final, como el IVA, que no se toman en el valor agregado). En efecto, el gobierno viene achicando el déficit fiscal porque caen las jubilaciones y prestaciones sociales en relación a la inflación, mientras que crecen las partidas de subsidios al capital.

La conclusión de todo esto es que lo que explica la huelga de inversiones en el país no es otra cosa que el costo empresario. Ni las reformas laborales como la de Toyota, ni las rebajas de aportes patronales que ofrenda el gobierno, ni los regímenes especiales de beneficios impositivos y libertades para fugar dividendos al exterior como la Ley de Hidrocarburos, van a revertir la decadencia económica nacional y menos aún el empobrecimiento de la población. La apertura de los libros de las empresas al control obrero permitiría demostrar este parasitismo capitalista. De otra forma Argentina no estaría en el podio de los Pandora Papers, entre economías decenas de veces más grandes.

Por eso la defensa de los convenios colectivos debe ser incondicional, contra el verso que no solo se escucha en el Coloquio de Idea sino hasta en el Congreso de la Producción que armaron el gobierno y la burocracia sindical antes de las Paso, acerca de que es necesario aggionarlos para favorecer una reactivación productiva.

Estamos además ante una reafirmación incontestable del programa que defiende el Frente de Izquierda Unidad, empezando por la prohibición de los despidos, el reparto de las horas de trabajo y un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones; contra la agenda que domina en plena campaña electoral desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio y los liberales de Milei, subordinados finalmente a las exigencias del FMI. Solo tenemos salida con un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores, que somos los que hacemos funcionar al país todos los días.

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