La diputada nacional Adriana Cáceres, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que propone agravar las penas por la ocupación de tierras y sancionar a las organizaciones que promuevan tal accionar. El proyecto fue acompañado por las firmas de sus compañeros de bloque: Alberto Assef, Hernán Berisso, Soher El Sukaria, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani y por los radicales Gabriela Lena, Gustavo Menna y Diego Mestre.

La propuesta parlamentaria complementa distintos proyectos de la coalición derechista, que están lejos de buscar una salida social y política en resguardo de las familias trabajadoras sin vivienda.

Este proyecto busca ya no solo judicializar a las familias sino encarcelarlas; castigar y atemorizar a quienes se organizan por un derecho establecido constitucionalmente. Además, van aún más lejos planteando sancionar a las organizaciones con la  inhabilitación y la exclusión de toda asistencia estatal a dichas organizaciones, buscan extorsionar a las organizaciones para evitar que luchen por la tierra y la vivienda.

Este proyecto se presenta en medio de una situación en donde se ha agudizado el problema habitacional que alcanza a 4 millones de familias, producto del agravamiento de una crisis social previa a la pandemia pero que se ha incrementado fuertemente en estos 7 meses. En ese sentido, los datos del propio Indec reflejan que casi el 50% de la población ha caído en la pobreza, son 5 millones más de pobres, lo que eleva el número a 20 millones de personas bajo la pobreza.

Por otro lado, la desocupación aumentó, sólo los últimos seis meses, en un millón de personas más que se quedaron sin trabajo y otros 4 millones que dejaron de buscarlo, de manera que el real índice de desocupados es hoy del 29%, superior al 2002. Casi 9 millones de personas reciben un IFE, que contado desde el inicio de la pandemia significó 200 pesos por día por familia.

En este marco, el proyecto de la diputada de Juntos por el Cambio pretende meter miedo para evitar la organización de esta enorme masa de trabajadores ocupados y desocupados y su lucha por sus derechos, particularmente por el reclamo de la tierra y la vivienda.

El gobierno nacional

El gobierno nacional, mientras tanto, avanza en una política de desalojos, como se vio recientemente en varios distritos del Gran Buenos Aires y en las amenazas y aprietes contra la toma de Guernica. El secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni, se jactó de desalojar a 300 mil trabajadores en la provincia de Buenos Aires. El cuadro social dramático de desocupación masiva y crecimiento exponencial de la pobreza que se extiende en la Argentina, no puede ser satisfecho por un gobierno que se ha sometido al pago de la deuda externa y que ordena sus prioridades alrededor de un presupuesto nacional a la baja, que será pulverizado por la inflación, que no atiende ninguna de las necesidades sociales de la inmensa mayoría de la población trabajadora.

Además, el gobierno nacional en un futuro inmediato recibirá los aprietes del Fondo Monetario Internacional con el que discutirá un nuevo ajuste y más penurias para los trabajadores y el pueblo. Quienes gobiernan se han colocado en la defensa de los intereses del gran capital y de los especuladores internacionales y maniobran para sostener la estrategia del desalojo.

Nuestra política

En cambio, los proyectos presentados por el Frente de Izquierda, de la mano de nuestra diputada nacional Romina Del Plá, se plantan del lado de las y los trabajadores en la defensa del derecho a la tierra y la vivienda; contra los especuladores que con el aval del oficialismo y la oposición patronal defienden que haya millones de hectáreas en desuso para la especulación.

El proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas del Frente de Izquierda para dar soluciones a los trabajadores, plantea la construcción inmediata de 100.000 viviendas que generarán miles de puestos de trabajo genuino, además de los $30.000 para las familias sin ingresos y otras inversiones de vital importancia frente a la pandemia. Proyecto que tanto los Fernández como el Frente para la Victoria rechazan en favor de los intereses capitalistas.

Ante esta situación tan dramática, es necesario un congreso nacional por la tierra y la vivienda, de las organizaciones de vecinos, de los asentamientos y villas, inquilinos, organizaciones sociales y sindicatos que vote un programa y un plan de lucha, para hacer realidad la consigna de Guernica: ¡no al desalojo! ¡Tierra para vivir! Y que la tierra sea de para las familias trabajadoras, no para los especuladores.

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