Por estos días el país atraviesa una brutal estampida inflacionaria sobre los alimentos, que puede llegar hasta un 20% solo en el primer trimestre del año gracias a aumentos como el 7,5% de febrero que marcó un récord desde 1991 (Ámbito, 31/3). En este cuadro, los montos de la Tarjeta Alimentar se encuentran congelados hace un año, en tanto la inflación sobre los alimentos en el lapso fue del 50,3%. Por ello, el gobierno estaría “analizando” una suba de las sumas de la asistencia alimentaria como “compensación” por los incontrolables saltos inflacionarios, como ya se anunció en el mismo sentido el miserable bono jubilatorio no acumulativo o se otorgó uno similar sobre los planes Potenciar Trabajo. Pero queda claro que ello no resolverá un enorme desplome ya consolidado sobre estos ingresos.

La política alimentaria oficial hace agua una vez más. Recientemente se supo que gracias a la inflación el 89% de las familias del país no accede a una alimentación de calidad. Estos datos corroboran un desplome de las condiciones de vida de los trabajadores como pocas veces se ha visto, en medio de una escalada de precios que se volvió explosiva en el corto plazo. En los últimos tres meses, de hecho, algunos ítems como los huevos de gallina llegaron a reportar aumentos del 55%.

Así, la Canasta Básica Alimentaria, que divide la línea de indigencia, se habría disparado hasta los $42.111 según Focus Market. Por parte de la Tarjeta Alimentar, llega a este escenario con un total de $6.000 para las familias de un hijo, $9.000 para las familias de dos hijos y $12.000 las de tres o más. La disociación entre una y otra se ve a las claras en un país donde 17,5 millones de personas viven en condición de pobreza, y un enorme porcentaje de ellas depende de la asistencia social para sobrevivir, ante una catastrófica crisis social signada por la falta de empleo genuino. Y ni siquiera: la Argentina atraviesa por estos momentos su récord histórico de trabajadores ocupados que son pobres de cualquier modo.

Al momento de escribirse estas líneas se mantiene en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social (y en todo el país) un masivo acampe piquetero, donde son miles y miles de desocupados que reclaman por la apertura de nuevos programas sociales, así como reclaman mayores y mejores partidas de mercadería para comedores y merenderos populares que le dan de comer a diario a millones de personas. El gobierno ya demostró su absoluta indiferencia anticipando que no van a recibir a los manifestantes, porque no abrirán nuevos programas ni atenderán los reclamos urgentes. Ante todo, prima la orientación de ajuste fiscal cristalizada en el acuerdo firmado con el FMI. El ajuste en la asistencia alimentaria es tan grande que hasta dentro de los propios movimientos sociales oficialistas, que abandonaron las calles para integrarse al Estado al llamado del “pacto social” bajo el que asumió este gobierno, denunciaron en la Anmat el mal estado de los alimentos que llegan a comedores y merenderos.

Según la consultora LCG, al gobierno le costaría solamente un 0,2% del PBI darse una política de asistencia a las familias en situación de indigencia para que puedan cubrir la canasta alimentaria mínima. Pero sucede que cada recoveco del gasto público está puesto al servicio de rescatar la estafa ilegítima que supone la deuda externa, tanto con el FMI como con el Club de París y los demás acreedores. Esta es la piedra basal del asunto: este régimen político fondomonetarista es incompatible con una salida a este derrumbe social en el que millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, como la alimentación.

Tenemos que romper con el FMI y su programa, así como con todo el pacto de pago de la deuda externa y el saqueo y el coloniaje al que nos somete. La lucha por trabajo genuino, por terminar con el hambre y por un seguro al desocupado hasta que se le garantice una vida digna al conjunto de la población solo puede venir de la mano de una transformación social de fondo dirigida por los trabajadores y los explotados del país.

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