En una entrevista televisiva, el ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, pidió una nueva ley que baje la imputabilidad penal a 14 años. Lo justificó señalando que “como los menores no tienen consecuencias, hoy suceden dos cosas: o matan en un acto delictivo o mueren en un enfrentamiento”.

De esta forma, el ministro pretende explicar que existen delitos porque las leyes lo toleran. Así, quiere, por un lado, encubrir que el delito en CABA es en gran medida organizado por el Estado, a través de bandas formadas por las fuerzas policiales y amparadas por el poder judicial y el ejecutivo. Por otro lado, es un llamado a incrementar la represión hacia la juventud de las villas y barrios populares, los cuales son víctimas del hostigamiento por parte de la policía de la Ciudad, teniendo muchos casos de gatillo fácil.

Un ejemplo es el caso resonante de Lucas González, que engrosa la cifra de los más de 120 casos desde la creación de esta fuerza en 2017. Los policías que asesinaron a Lucas y amedrentaron a sus compañeros estaban de civil y en un auto sin identificar. Esta modalidad de “brigadas de investigación” son moneda corriente en la Ciudad. La policía cumple una función recaudatoria de todos los negocios negros de la Ciudad (coimas, narcotráfico, trata de personas). Todos estos negociados cuentan con el amparo del Estado.

El ministro de seguridad @MarceDaless insiste en bajar la edad de imputabilidad cuando es sabido que solo el 1% de los delitos graves los cometen menores. Es solo demagogia punitivista.

— Gabriel Solano (@Solanopo) July 22, 2022

D’Alessandro llegó a graficar con un ejemplo lo que opina: “En 2016 a un nene de ocho años le dieron un arma para que dispare, ¿Por qué? Porque son inimputables y las bandas delictivas, aprovechándose de esta situación, los instrumentalizan”. Lo que se desprende de esta afirmación es que si por él dependiera, la edad de imputabilidad bajaría incluso más.

Estas declaraciones recorren a todo el arco político en momentos en que se agudiza la crisis económica, social y política. Tratan de llevar adelante declaraciones y políticas distraccionistas para encubrir su propia responsabilidad en la bancarrota económica a la que nos llevaron. Poco tiempo atrás, Berni se había sumado a declaraciones de Patricia Bullrich en el mismo sentido.

Contra esta orientación, desde el Partido Obrero rechazamos cualquier tentativa de bajar la edad de imputabilidad y le contraponemos un programa que parta de abrir los libros de las comisarías al control popular, descabezar a las cúpulas policiales instigadoras del delito, la elección y revocación de jueces y fiscales por votación popular y, finalmente, desmantelar el aparato represivo estatal.

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