El gobierno está desesperado por tratar de destrabar los desembolsos con los organismos multilaterales de crédito, como el BID y el BM, por lo que se encuentra realizando frenéticas gestiones e incluso estaría barajando la posibilidad de contraer un nuevo crédito con el FMI, puesto que uno de los mayores problemas que tiene hoy el gobierno es el rojo de las reservas del Central. Este rumbo de endeudamiento se topa con las exigencias que pone el capital financiero, el cual ya posee toda una injerencia sobre la economía nacional y entre estas limitaciones está la cuestión de la bajisima ejecución en los programas para los que acuerdan estos créditos con los organismos multilaterales, lo que forma parte de las demoras en los desembolsos.

La Auditoría General de la Nación advirtió recientemente una subejecución generalizada de los créditos otorgados por los organismos multilaterales, que en algunos casos llega hasta el 90%, e intimó a las unidades ejecutoras (ministerios y secretarías) a explicar los motivos de la falta de ejecución. Esto muestra que los dólares que ingresan, lejos de destinarse a inversión productiva, se van en la fuga de capitales y en el pago de la deuda externa.

El informe audita 52 de los 257 proyectos en ejecución. Se trata de iniciativas que son representativas de los créditos vigentes, ya que entre ellas concentran financiamiento por 6.900 millones de dólares, más del 50% de la cartera total, que asciende a los 12.899 millones de dólares. A su vez, las áreas para las que se encuentra asignado el crédito son de claro interés para el capital financiero, puesto que son ramas troncales de la economía del país.

Uno de los casos más llamativos tiene que ver con la obra pública, en el programa de “Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos”. Para ello, en 2017 el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contrajo un crédito de 25 millones de dólares, de los cuales 20 millones provinieron del Fonplata. La AGN detectó que, tras el segundo ejercicio, sólo se ejecutó el 1,3% del préstamo (325.658 dólares). Otro ejemplo es el crédito del Birf destinado al Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (Girsar) que solo ejecutó un 1,2% del monto presupuestado, siendo que la fecha límite para el último desembolso llegará en 2024.

Los ejemplos se suceden. Un crédito de 311 millones de dólares del Birf del año 2018, para ser destinado al programa de corredores de desarrollo vial del noroeste, sólo se ejecutó en un 17,26%. Otro préstamo, en este caso de poco más de 20 millones de dólares, otorgado por el Fida en 2017, para desarrollar las cadenas caprinas, se ejecutó en un 11,4%. En tanto, el crédito del Birf por 240 millones de dólares para impulsar el suministro de energías renovables en zonas rurales sólo se ejecutó en un 29%. El crédito se había otorgado en 2015.

A su vez, se acrecientan cada vez más los intereses de deuda, como es el caso de la deuda con el FMI, donde no solo que no se redujo la sobretasa como pretendía el gobierno, sino que la misma pasó del 4,25% al 5,5% anual por el aumento de tasas que esgrimieron los principales bancos de Europa y Estados Unidos, agravando el carácter usurario de dicha hipoteca. Si la tasa se mantiene en los 5,5 puntos, el país tendría que abonar 2.122 millones de dólares de interés al FMI en 2023 y 2.042 millones de dólares en 2024. Otro tendal de dólares que irán a nutrir las arcas del capital financiero internacional.

A su turno, el acuerdo FMI obligó a financiar al Tesoro con deuda y subir las tasas de interés locales, lo que estimuló un enorme negociado alrededor de la deuda en pesos (que se encuentra indexada por inflación), por la cual de acá a un año se deberán pagar intereses por nada menos que el equivalente a 47.000 millones de dólares, una cifra superior a todas las reservas del Banco Central. A esto se suma que el gobierno estaría planeando un nuevo endeudamiento con el FMI, mediante el Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, lo que además de agravar la situación de endeudamiento, profundizará los condicionamientos por parte del organismo.

Las auditorías se conocen en momentos en que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, el hombre de la embajada yanki, anunció a su viceministro, Gabriel Rubinstein, un derechista y defensor declarado del acuerdo con el FMI que desempeñará funciones de primer orden, como ser el punto de conexión del gigante financiero dirigido por Giorgieva y los demás organismos multilaterales de crédito con el gobierno. Esto da cuenta de que la orientación económica del país conducirá a un mayor sometimiento por parte del capital financiero, lo que agravará el carácter colonialista y el saqueo nacional de los recursos. Finalmente, los acreedores se llenan los bolsillos, mientras nuevas capas de la población se sumergen en la pobreza.

Como vemos, el acuerdo con el FMI y con los organismos multilaterales de crédito, sostenido por todas las variantes del peronismo y la oposición patronal, además de incumplible, promete hundir cada vez más al país y asestar nuevos golpes a las mayorías populares. Debemos quebrarlo ganando las calles, por eso es tan necesario que haya un paro nacional seguido de un plan de lucha.

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