Políticas
19/12/2024
El Pacto de Gobernanza II de Neuquén
Provincia y municipios profundizan el saqueo de los bolsillos empobrecidos.
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Pacto.
El gobernador, junto a intendentes y presidentes de las Comisiones de Fomento de los parajes rurales, firmó en Chos Malal el denominado “Pacto de Gobernanza II”. Es la ratificación para profundizar ese rumbo fijado en el primer pacto de inicios del año. A pesar de las pomposas e hipócritas promesas sobre una “mejor distribución de los recursos” y garantizar “que los servicios y las políticas públicas lleguen a todos los ciudadanos”, en realidad se trata lisa y llanamente de un acuerdo para ir más lejos en meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores de las distintas localidades.
El encuentro también le sirvió al gobernador, Rolando Figueroa, para ordenar al conjunto de las intendencias en función de la virulenta crisis política que atraviesa con su vicegobernadora. Ya que, además del proceso de remoción que lleva adelante la Legislatura en su contra por “inhabilidad moral”, la vice esta siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal por actos mientras fue intendenta de Plottier. El fiscal jefe, Pablo Vignaroli ha dicho que ya tiene “elementos suficientes para considerarla imputada penalmente”.
Que esta investigación se produzca en el preciso momento en que se define lo de Legislatura no es casualidad, sino que resulta evidente que esta situación se conocía desde antes de que el actual gobernador la elija para ser su compañera de fórmula. Y la eligió igual, no le importó.
Está claro que esta crisis en el corazón del régimen debe ser explicada por los realineamientos hacia el 2025 y por la propia tendencia a las divisiones en todo el arco partidario patronal. Cuestión que este “Pacto II” pretende atenuar.
Profundizar el saqueo al pueblo
Según esta segunda versión del “Pacto de Gobernanza”, se profundizará el rumbo respecto a varios temas ya implementados por la primera versión.
Por ejemplo, las “reformas tributarias” (varios municipios crearon tasas especiales, como la que grava la carga de combustibles en las estaciones de servicios). Y también se plantea “homogeneizar los principales tributos municipales”, lo cual lleva directo a crear nuevas tasas en municipios que aún no las han creado.
Incluye la municipalización de la educación a través de la transferencia a los municipios del “mantenimiento y la reparación de los establecimientos escolares”. Una situación que ya ocurrió en el pasado y es un rotundo fracaso en lograr que las escuelas estén en condiciones de seguridad e higiene laboral.
Otro aspecto a profundizar es el “cobro en tiempo y forma de las viviendas sociales y créditos otorgados para soluciones habitacionales”, que implicará el embargo de más de un techo para las familias empobrecidas, que encuentran en las pocas viviendas sociales que construye el Estado una panacea para librarse del pago de alquileres exorbitantes.
El consabido objetivo de alcanzar el “equilibrio de las cuentas fiscales” se hace a partir del compromiso de “no incorporar personal”. Lo que ante una población creciente, por la migración interna atraída por Vaca Muerta, implica menor cantidad de empleados por habitante para asegurar los servicios municipales. Un reciente dato informa que 22.000 personas se radicaron en la provincia en lo que va del presente año.
Un capítulo nada claro es el del compromiso municipal de “saneamiento de las cuentas con el ISSN”. Los municipios, como agentes de retención, deben depositar los aportes obreros y las contribuciones patronales en tiempo y forma. Pero en cambio se habla de retribuciones a esos municipios “a través de planes especiales y compensaciones por prestaciones de servicio y/o infraestructura”, lo cual redundará en un mayor vaciamiento del ISSN y no en su saneamiento. Un tema de la mayor trascendencia para más de 70.000 empleados estatales.
Todo este “pacto” contra los bolsillos asalariados contrasta con el proyecto del Rigi “neuquinizado” que el gobernador acaba de enviar a la Legislatura, por el cual le otorga al gran capital “eximiciones impositivas y beneficios”, “créditos subsidiados” y “subsidios en el consumo de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones”, además de la entrega de tierras fiscales.
La orientación social de los “pactos de gobernanza” son la otra cara del Rigi: gravan al laburante para desgravar a la clase capitalista.
Apertura de los libros y cuentas municipales y del fisco provincial al control obrero para exponer esta orientación rabiosamente procapitalista. El gobernador suele decir “no vinimos para que las cosas sigan igual”. Efectivamente, vino para empeorarlas para las y los trabajadores y los sectores populares.
