En simultáneo con la convocatoria a sesiones extraordinarias, las máximas espadas legislativas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se reunieron a puertas cerradas para destrabar la votación del Presupuesto y la Ley Fiscal para el año que viene. Estas leyes requieren del voto de los dos tercios de las cámaras, y, como vino ocurriendo a lo largo de toda la gestión de Axel Kicillof, de un pacto de los nacionales y populares con los “neoliberales”.

Los participantes calificaron la reunión de “muy constructiva”, señal de que el toma y daca por los fondos a los municipios (FIM) está muy avanzado. Extraoficialmente se menciona como fecha posible de tratamiento la tercera semana de diciembre.

Una de piratas

En la reunión del jueves pasado, los representantes del gobierno oficializaron la “nueva propuesta” de 50.000 millones de pesos para “obras” a cargo de las intendencias. El incremento del FIM había sido anticipado por la presidenta del Senado y vicegobernadora, Verónica Magario, cuando propuso subir sus partidas de los 32.000 millones de pesos iniciales a 53.000.

El FIM es un botín apreciado por los jefes comunales de Juntos por el Cambio, pero también por los intendentes del PJ bonaerense, teniendo en cuenta que en el 2023 serán las elecciones en los 135 municipios bonaerenses. Aunque el pacto está muy avanzado, seguirán las presiones de Juntos por el Cambio para sacarle a Kicillof mayores concesiones.

Julio Garro, intendente del PRO en La Plata, advirtió que faltarían “por los menos” unos 10.000 millones de pesos más para cerrar. Es muy probable que la cifra del FIM se siga estirando mientras sigue la rosca por el Fondo de Seguridad para las policías comunales, que rivalizan con la Bonaerense de Berni, el capo mafia de la maldita policía.

Para disimular la convergencia, el gobierno se atribuye haberle bajado el precio al reclamo inicial -que hizo la oposición- de 70.000 millones de pesos para el FIM; mientras que Juntos alardea con estar torciéndole el brazo a Kicillof. Un tira y afloja donde ambos tienen un acuerdo de fondo para votar en común la ley de leyes e impositiva de ajuste e impuestazos.

Dibujo trucho

Replicando el presupuesto nacional de Massa, se “proyecta” una inflación fraudulenta del 60% para poner en caja las paritarias estatales y docentes y dibujar las partidas. Los salarios y jubilaciones son la variable de ajuste fiscal: Kicillof y las burocracias sindicales sustituyeron la reapertura de las paritarias -con tres dígitos de inflación- por aumentos en cuotas que dejan los salarios por detrás del costo de vida y la canasta básica.

Una vez más, el gasto por salarios de los trabajadores del Estado provincial no está incluido en la ley de leyes; confesión de que los nacionales y populares saben que el 60% de inflación es trucho y que los salarios seguirán cayendo.

Cajas negras de las intendencias

Los intendentes peronistas se cobijan detrás del reclamo del FIM a Kicillof que encabeza la derecha para disponer de fondos frescos para la campaña electoral. Varios de ellos ponen en juego su reelección con crisis internas muy fuertes, como ocurre con Fernando Espinoza en el estratégico distrito de La Matanza. Las demandas de transferencias directas a los municipios aumentan a la par de la crisis política y las posibilidades de una derrota electoral del oficialismo.

Las “transferencias a los municipios” son el lubricante del pacto ajustador. Por ahora, los jefes comunales -todos- se habrían asegurado la entrega de un 40% del monto total del FIM asignado, que ingresaría antes del inicio de las obras y en el mes de marzo. La laxitud aceptada pone en duda que las obras terminen realizándose efectivamente.

El FIM es una caja negra. Lo mismo son las partidas del Fondo Educativo, que los intendentes manejan a su arbitrio mientras las condiciones de infraestructura escolar son deplorables.

Impuestazo y deuda externa

El pacto podría incluir cambios en la Ley Fiscal y en los porcentajes tributarios que aplican a los segmentos más altos del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor. De concretarse estas podas se caería el otro relato -que esgrimen todas las burocracias kirchneristas- sobre la “progresividad tributaria” de la Ley Impositiva. Los impuestazos del 75% son una gigantesca transferencia de ingresos desde las masas al capital.

En un informe sobre el Presupuesto 2023, la burocracia de ATE denomina al canje de deuda de la provincia de Buenos Aires como “sustentable” y a la deuda usurera como “subsoberana”. La realidad es que el proyecto presentado se funda en un nuevo endeudamiento interno (ampliación del Programa de Letras del Tesoro) y externo para financiar un déficit financiero de 250.000 millones de pesos.

Kicillof afronta en el 2023 obligaciones de pago en moneda extranjera por casi 400 millones de dólares en concepto de amortizaciones de la deuda. El gobierno depende del acceso al crédito en pesos y dólares, -incluso por encima del pedido de endeudamiento de 168.000 millones de pesos-, incluyendo unos 400 millones de dólares de los Organismos Internacionales de Crédito (OIC). La reestructuración fue un reconocimiento íntegro del fraude de Vidal y Scioli, y no canceló la toma de deuda en moneda extranjera.

En la volteada entra también la refinanciación forzosa de $10.000 millones por el vencimiento de capital del préstamo a cuatro años otorgado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses a la provincia de Buenos Aires en el 2019. La “refinanciación” descapitaliza al Anses y golpea a las jubilaciones.

Presupuesto de ajuste

Los gastos destinados a inversión de capital en el Astillero Río Santiago están congelados, desmintiendo a la dirección de la empresa, que responde a Kicillof y a Yasky, y presenta la privatista sociedad de Estado como una vía para la modernización y el desarrollo productivo de la planta. El Presupuesto 2023 asfixia a la empresa naviera estatal para favorecer a los competidores privados y semiprivados como Tandanor SA.

El pacto Kicillof-Juntos no restituye artículos de la Ley de Régimen de Empleo Municipal que habían sido modificados en el 2022 en perjuicio de los trabajadores municipales, los peores pagos del Estado. Se vulneran derechos adquiridos (cobro de subsidios y asignaciones familiares) que se regían por la legislación nacional.

La burocracia sindical y el presupuesto de ajuste

Las burocracias kirchneristas anunciaron que sus legisladores van a votar el presupuesto. Es la lógica de un aparato integrado al Estado y al gobierno provincial.

ATE Provincia abre el paraguas cuando señala que se observa “suspicazmente” un mayor nivel de progresividad en el impuesto rural y sobre mejoras rurales. Lo resbaladizo del término oculta que el financiamiento provincial radica principalmente en los Ingresos Brutos (IIBB), que aplican sobre el consumo popular, y en segundo lugar sobre el Impuesto Inmobiliario Urbano, que grava también la vivienda única.

No está previsto un impuesto extraordinario al gran capital y a la oligarquía terrateniente y sojera, a pesar de los casi 20.000 millones de dólares obtenidos por exportaciones bonaerenses, una cifra que el gobierno considera récord.

Kicillof no le toca los bolsillos a la “puta oligarquía”, y apuesta a la toma de mayor deuda provincial para financiarse, habilitado por el Consenso Fiscal 2021, que traslada el endeudamiento de Nación a las provincias para liberar recursos para el pago de la deuda externa nacional.

La llamada “consolidación” de la planta permanente de trabajadores de la provincia se refiere centralmente a los efectivos de la Bonaerense y del Servicio Penitenciario que ingresaron este año como personal efectivo empoderando a Berni. Fuera de esto, solo se contabilizan 3.000 auxiliares en Educación, que cobran salarios de indigencia, y los contratos precarios y a término de docentes precarizados -sin derechos laborales ni sindicales-, que van venciendo conforme finalizan los “programas”.

Para el 2023 se repite el esquema de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad dirigidas contra los reclamos populares. Se prevé la creación de 7.000 cargos adicionales en el Servicio Penitenciario, y horas cátedras para los Institutos de Formación Policial y del Ministerio de Seguridad.

La política laboral del gobierno -cogestionada con la burocracia de ATE y Suteba- es la prolongación de la jornada laboral y la flexibilización de las condiciones de trabajo (quinta hora en primaria y convenios colectivos flexibles). El salario promedio estatal y docente está por debajo de la canasta de pobreza, y se arrastra la pérdida salarial acumulada desde el gobierno de Vidal.

Conclusiones

El Presupuesto 2023 incorpora una estructura ministerial paralela montada por Kicillof para contrapesar la “intervención” del gabinete que tuvo lugar después de la derrota electoral en las legislativas con la designación de Martín Insaurralde como jefe de Gabinete. Kicillof designó al desplazado Carlos Bianco como jefe de asesores al servicio de la reelección del gobernador y en competencia con Insaurralde.

La “recuperación económica” no se traduce en un crecimiento de la inversión en el Ministerio de Producción, como lo muestra la caída neta ya señalada en la inversión de capital para el Astillero Río Santiago.

Comparando el presupuesto de Salud con el del 2022, este decae en términos reales. La “previsión” de la superación de la pandemia por Covid tiene un futuro incierto. En la previa al tratamiento de la ley de leyes e impositiva creció la lucha de los médicos residentes de la provincia, que están peleando por los $205.000 de salario inicial y contra el ajuste de Kicillof a la salud.

También crecen los paros provinciales de las seccionales combativas del Suteba y la Multicolor en la docencia por la reapertura de las paritarias, y en abierta oposición a la burocracia de Roberto Baradel.

Los fondos para el Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género parten de un piso muy bajo y quedan a la baja del 60% de inflación proyectada. Sumados los gastos previstos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, apenas se emparda la proyección mentirosa del 60%. Esto, cuando tres de cada cuatro chicos en el conurbano no acceden a las cuatro comidas diarias y dependen de los comedores escolares y populares.

Las partidas para Vivienda (Hábitat y Desarrollo Urbano) están muy lejos de lo necesario para terminar con el enorme déficit habitacional que hay en la provincia de Buenos Aires. A contrapelo, el confirmado Berni, ministro de Kicillof y represor de Guernica, se queda con $68.000 millones destinados al aparato represivo en una provincia considerada un polvorín social.

Movilizar contra el ajuste capitalista

El Partido Obrero y la bancada del PO en la legislatura bonaerense están llevando el rechazo organizado al Presupuesto 2023 a los luchadores, a los médicos residentes, los sindicatos y docentes de la Multicolor, activistas del Astillero contra la sociedad de Estado, y a las organizaciones de desocupados y de lucha por la tierra y la defensa medioambiental.

Una convocatoria a estos sectores es clave para darle peso y fuerza a una movilización de rechazo y para impulsar las luchas en curso. El salario, las paritarias y la lucha por las condiciones de trabajo cruzan todos los reclamos en una provincia donde la pobreza supera al 40% de los bonaerenses y la indigencia va en aumento.

Denunciamos el pacto de Kicillof y Juntos por el Cambio por ajustador y funcional a los acreedores de la fraudulenta y usurera deuda externa bonaerense.

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