A principios de noviembre el gobierno de Axel Kicillof presentó el proyecto de Presupuesto 2023, en tándem con la Ley Impositiva que regula la recaudación tributaria de la Provincia. En una legislatura prácticamente sin funcionamiento durante el 2022, donde se cayó la única sesión donde se iban a tratar proyectos favorables a los trabajadores, el Ejecutivo planifica tratar ambas leyes en diputados y senadores antes que termine el año.

Para lograr la aprobación de los proyectos, el Frente de Todos depende de un acuerdo con Juntos por el Cambio, que le garantice quórum y los votos necesarios para aprobar ítems como el nuevo endeudamiento o la ley impositiva (dos tercios). Todo indica que Juntos apoyará el proyecto, ya que hay una orientación compartida: como sucede con el presupuesto nacional, el de la provincia es de ajuste al servicio de los intereses de los capitalistas, del FMI y de los acreedores de la deuda.

Se encuentra abierta una negociación entre ambos bloques por el reparto de fondos, fundamentalmente para el manejo discrecional de los intendentes. El caso más resonante es el del Fondo de Infraestructura Municipal, que fue creado hace varios años para ser una moneda de cambio para “cerrar” las votaciones en torno al presupuesto.

En qué consiste el ajuste presupuestario

Al igual que en el debate sobre el presupuesto 2022, a fines del año pasado, el gobierno presentó el nuevo proyecto sin informar la ejecución presupuestaria. Esto deja abierta la puerta para “dibujar” números y discurso sin contrastar con la realidad.

Aún sin la información sobre la ejecución, hay otros datos que sirven para caracterizar de qué se trata la “ley de leyes” de la provincia. Según una proyección estipulada por el gobierno, el “crecimiento” de ingresos y gastos de 2023 será del orden del 73%, por debajo de una inflación que se proyecta para el año próximo en 84% según las expectativas de mercado que releva el BCRA. La pauta del 73% tiene el objetivo de subestimar los ingresos (que en buena medida crecen con la inflación), y de fijar una pauta salarial por debajo de la suba de precios para los trabajadores bonaerenses, lo cual deberá ser enfrentado con la organización y la lucha de cada gremio.

Aunque el gobierno hable de “vulnerabilidades” y “problemas estructurales” en la provincia, en áreas sensibles para la población el ajuste continúa. Es el caso de Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Social. En las dos primeras los resultados del desfinanciamiento de años están a la vista, en una provincia que atraviesa una grave crisis de infraestructura en ambas áreas, y que paga salarios por debajo de la línea de la pobreza y pésimas condiciones laborales. En un presupuesto que se incrementa por debajo de la inflación, Educación reduce su participación en el total en 0,2 puntos porcentuales y Salud un 0,5, dando cuenta de un recorte mayor.

En materia de vivienda, en un distrito con dos millones de personas sufriendo alguna carencia habitacional según el propio gobierno, el Instituto que ejecuta los escasos planes de construcción existentes también recibirá una menor porción sobre el total (cae del 0,7 al 0,46%). En esta materia, además, cabe destacar que el único informe existente sobre ejecución presupuestaria, que data del primer trimestre, da cuenta de una enorme subejecución. La realidad marca que ni siquiera se concretaron los planes de escasas 9.000 viviendas que estipulaba el Presupuesto 2022. A este paso, el déficit habitacional no será solucionado nunca.

Párrafo aparte merece el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que tiene al “Cuervo” Larroque de La Cámpora a la cabeza. En el primer trimestre no ejecutó ni el 10% de su presupuesto, y no se conoce política alguna que apunte a dar respuesta a la creciente situación de pobreza y miseria en territorio bonaerense.

La contrapartida de esto es el crecimiento de la porción que se lleva el Ministerio de Seguridad de Berni (+0,25 puntos), que sigue aumentando su estructura. En un cuadro de ajuste, Kicillof sigue defendiendo a rajatabla a su ministro represor, sin que nada de esto signifique combate al delito, que es regenteado por la propia Bonaerense. Además, la totalidad de los 7000 cargos nuevos que el presupuesto crea son para efectivos del Servicio Penitenciario. Mientras tanto, la planta permanente de docentes sigue estancada, cuando es sabido que es necesario ampliar la Planta Orgánica Funcional.

Endeudamiento y “gasto tributario”

El presupuesto 2023 sigue profundizando el endeudamiento de la provincia. El proyecto plantea contraer nueva deuda por 168 mil millones de pesos, seguir financiándose con emisión de Letras del Tesoro provincial, y habilita a ejecutar pedidos de endeudamiento en dólares de Scioli y Vidal que quedaron truncos.

La reestructuración de deuda del 2021, que el gobierno sigue festejando, tan solo pateó los plazos de una deuda impagable para evitar el default y rescatar a los acreedores. Los pagos de deuda en dólares, que se estipulan en 388 millones para 2023, pasarán casi al doble en el 2024. Mientras tanto, el gobierno sigue solicitando deuda… para pagar deuda.

La estructura tributaria se mantiene fuertemente regresiva, contra todas las afirmaciones vertidas por el gobierno. La recaudación principalmente proviene de Ingresos Brutos, que es trasladada a los precios por los capitalistas en toda la cadena productiva. También del impuesto al sello, que incluye un 1,2% a los gastos en tarjetas de crédito a cargo del usuario. Mientras en CABA el Frente de Todos posa de opositor a ese tributo, en la provincia lo defiende. Por otra parte, no se estipula un revalúo al inmobiliario rural que afecta a los terratenientes (los que menos tributan), ni se fijan recargo de impuestos sobre la vivienda ociosa en momentos en que la especulación inmobiliaria.

Como si eso fuera poco, con las exenciones impositivas, especialmente pactadas con distintos sectores capitalistas, el gobierno estipula un “gasto tributario” de casi un 5%. Es decir que el Estado deja de recaudar 123 mil millones de pesos solo para satisfacer a ciertos sectores, en general ligados a empresas e iglesias, en una suerte de subsidio indirecto.

El camino es la organización y la lucha

Mientras este presupuesto de ajuste se discute, los reclamos de los trabajadores se siguen postergando. De esta manera, seguimos sin pase a carrera hospitalaria de enfermería y otras profesiones, sin restitución de las jubilaciones de los trabajadores del banco provincia, sin expropiación de Madygraf y de la Clínica San Andrés, entre otras.

La conclusión es clara: para conquistar cada uno de los reclamos es necesario organizarse y luchar. Es el camino que están siguiendo las y los residentes de la provincia de Buenos Aires, que continúan con aún más fuerza luego del triunfo de sus colegas de CABA. Es el mismo de los trabajadores del Sutna para llevarse un triunfo en su paritaria, y el que sigue el movimiento piquetero que -además de las movilizaciones por trabajo genuino- protagonizó importantes acciones por el acceso a la vivienda en la provincia.

Contra la política de parálisis y vaciamiento de la burocracia en los sindicatos, es necesario abrir una nueva perspectiva de lucha. Como en el caso de los trabajadores del BaPro, se demuestra que la integración del sindicato al gobierno y la parálisis total frente al debate de las jubilaciones no trajo ningún beneficio.

Desde la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad promovemos la organización en cada lugar de trabajo. Planteamos que los sindicatos y organizaciones de masas rechacen el presupuesto, e impulsaremos una movilización a la legislatura en oposición al ajuste y el endeudamiento, y por todos los reclamos.