El proyecto de “reestatización” de Aerolíneas que aprobó Diputados continúa siendo un rescate del grupo Marsans, como lo pretendió desde el principio el Poder Ejecutivo y la burocracia de los sindicatos del Transporte, ligada al vaciador Ricardo Jaime.

No cambia nada la sustitución del método de tasación por el que se pactó con los diputados de centroizquierda, pues el proyecto admite una compra de acciones que han perdido todo valor como consecuencia del enorme pasivo de la empresa y de su también enorme déficit operativo. El organismo oficial al que se encarga tasar Aerolíneas está bajo la tutela del poder político y de las alianzas de éste con el gobierno del rey de España y de la central patronal española presidida por Marsans.

La admisión vergonzante de que el acta firmada por el gobierno con Marsans constituye un desfalco al erario público no puede ser zanjada con una compra tasada de las acciones sino con la expropiación sin pago de Aerolíneas y la iniciación de acciones judiciales contra el grupo estafador, el enjuiciamiento de De Vido y Jaime, y la intervención cautelar de todos los bienes vinculados con los personeros de Marsans.