El precario plan del gobierno de “meter plata en los bolsillos” de la gente, sin modificar la política de ajuste que se viene desarrollando y que genera pobreza y hambre. Este no pasa de unos cuantos anuncios rimbombantes, sin efecto de fondo en la situación de la clase obrera y financiado con el saqueo de la población trabajadora y los jubilados.

El gobierno estaría destinando el 0,5% del PBI nacional ($230.000 millones) a un popurrí de “medidas” que van desde bonos episódicos, aumentos adeudados, exenciones impositivas parciales y subsidios a los capitalistas (Clarín, 1/10).

Analizadas según los alcances y los beneficiarios de cada una de estos “plus de campaña”, nos encontramos con que solo $119.242 millones (aproximadamente) redundarían en algún “beneficio” a los trabajadores, mientras que $63.500 millones van a las patronales y el resto no queda claro su destino. A su vez, el gobierno gasta menos en los trabajadores que los $190.403 millones confiscados a los jubilados en un año, y siete veces menos que lo pagado a los banqueros en intereses de letras ($814.190 millones).

Como contrapartida, el gobierno presenta dentro de este “paquete de estímulos” distintos beneficios y exenciones impositivas para las patronales, como la continuidad de los subsidios del Repro II, créditos a las Pymes y amnistía fiscal, liberación de exportaciones a la carne, fomento a la agricultura, etc. Esto se agrega a otros beneficios a los que ya acceden las patronales, como subsidios a la explotación de hidrocarburos, a las distribuidoras eléctricas, etc. Alberto Fernández dice haber escuchado el mensaje de las Paso, pero parece haberse referido únicamente a los reclamos patronales, quienes lograron imponer parte de su agenda con estas medidas.

Una puesta en escena

El gobierno espera, con estas medidas, escenificar un cuadro de inyección de recursos en los sectores más vulnerables, para tratar de revertir lo que la realidad constata como una política ajustadora, con el 40,6% de la población en la pobreza y el 10,7% en la indigencia.

Al desglosar ítem por ítem del “paquete de gobierno” nos encontramos con la suba del salario mínimo, luego de que el gobierno había convalidado en abril un aumento del 35% contra una inflación de más del 50%. El nuevo aumento lleva el salario mínimo en octubre a $32.000 (menos de la mitad de una canasta básica de pobreza), lo que representa en los  hechos unos magros $1.500 más para los precarizados del Potenciar Trabajo y la miseria de $318 para los jubilados de la mínima.

El programa de “jubilación anticipada” también aparece como una aspirina poselectoral, ya que solo afectaría a un universo de 30.000 trabajadores, debido a su ingreso restrictivo –más de 55 años para las mujeres, más de 60 para los hombres y 12 meses sin ingresos de ningún tipo-, solo para acceder a entre el 50 y 80% del haber jubilatorio correspondiente.

El programa Mi Pieza también presenta sus límites, con un cupo de 25.000 beneficiarias en todo el país e ingresos para costearse un metro cuadrado de hábitat precario. Así como el “incentivo” a la obra pública de $3.100 millones, para obras en 14 provincias, es solo a los fines de obras vistosas para la campaña, pero lejos de satisfacer alguna reivindicación fundamental como el acceso a la vivienda digna, por medio de un plan  de viviendas nacional.

En la galera del Ejecutivo nacional aún dan vueltas las versiones de un cuarto IFE, pero devaluado, el cual solo alcanzaría a unas 3 millones de personas –los anteriores llegaron a 9 millones y dejaron afuera a otros 4 millones-, por un monto que se estima podría ascender a $15.000 y que se cobraría quizás en septiembre… por única vez. Junto a la posibilidad de un nuevo bono de $6.000 para jubilados y beneficiarios de la AUH, para “compensar” la caída del poder adquisitivo, pero no para revertir los efectos de la inflación en los ingresos de los sectores más vulnerables.

Respecto a Ganancias, se eleva el piso de $150.000 a 175.000 -algo que ya estaba previsto en las discusiones de la reciente ley sancionada, debido al corrimiento de los salarios por la inflación-, por lo que quedarían desafectados del pago, momentáneamente, una cantidad de trabajadores, mientras que otros seguirán siendo confiscados por el fisco. Más que un beneficio, se trata de la continuidad de una política confiscatoria sobre los salarios.

Vistos los números de conjunto queda revelada la estafa: el gobierno gastaría unos $119.242 millones para “poner plata en los bolsillos” y le da un plus de $63.500 millones a las patronales, pero le quitó, en un año, $190.403 millones a los jubilados, así como le entregó $814.190 millones a los banqueros, en concepto de intereses por letras de cambio. Al revés que Robín Hood, el Frente de Todos le saca a los pobres para darle a los ricos.

No hay ninguna política superficial que pueda revertir el cuadro de ajuste que impulsa el gobierno, de la mano del FMI, sino que esto requiere una reorientación social de los recursos del país para generar empleo con un verdadero plan de obras públicas y viviendas, el no pago de la deuda externa y una recomposición general de los salarios para que cubran la canasta familiar. Solo el Frente de Izquierda Unidad se candidatea con este programa como alternativa de los trabajadores ante la actual crisis.