30/09/2021

El 40,6% de las personas es pobre en Argentina y el 10,7% se encuentra en la indigencia

Las cifras del Indec, sobre el primer semestre 2021, ilustran la magnitud de la catástrofe social.

“Ya va a llegar el día feliz sobre la frente de los trabajadores: aquel día profundo en que sea el minuto jornada suficiente para hacer un tractor capaz de arar el mundo” Miguel Hernández. 

Se acaban de dar a conocer los índices de pobreza y de indigencia, calculados por el Indec, correspondientes al primer semestre 2021. El informe arroja que el 40,6% de los argentinos es pobres, mientras que el 10,7% se halla por debajo de la línea de indigencia.

El estudio abarca a 31 conglomerados urbanos en los que viven cerca de 29 millones de habitantes, dentro de las cuales hay 11,7 millones sumidas en la pobreza y 3,1 millones cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta alimentaria. Proyectado a la población total del país, serían 18,6 millones de pobres. En cuanto a los hogares, un 31,2% no supera la línea de pobreza (con un ingreso promedio de $37.803) a la vez que el 8,2% se encuentra por debajo de la línea de indigencia (con un ingreso promedio de $16.741).

En el caso de los más jóvenes la situación se agrava, dado que el 48,5% de la población entre los 15 y los 29 años es pobres, mientras que el 12,8% yace en la indigencia. El escenario es particularmente alarmante en el terreno de las infancias, donde la pobreza escala al 54,3% entre los niños de 0 a 14 años, y la indigencia lo hace en un 16,6%.Por otra parte, dentro del rango etario entre los 30 y los 64 años, la incidencia de la pobreza es del 37,4% y de la indigencia es del 8,6%

De todo el territorio nacional, el Noreste presenta las cifras de pobreza e indigencia más elevadas, con un 45,4% y un 11,7% respectivamente. Continúa la región del Noroeste con un 44,7% de pobreza y un 9,2% de indigencia; y el Gran Buenos Aires, donde la pobreza trepa al 39,2% y la indigencia al 11,5%.

De conjunto, en los primeros seis meses del año, la pobreza se redujo apenas un 1,4%, mientras que la indigencia aumentó en un 0,2%, en relación al segundo semestre 2020.

 

Como vemos, el crecimiento de la actividad económica -del 11,7% en junio 2021 en términos interanuales- no impactó significativamente en la reducción de la pobreza, puesto que, por un lado, la inflación del período pulverizó los ingresos de la población, y, por otra parte, la recomposición del empleo fue menor en el campo formal. Esto último se ve nítidamente cuando reparamos que en el segundo trimestre del 2020 había 1,8 millones de trabajadores sin descuentos jubilatorios (no registrados), y, en el segundo trimestre 2021, pasaron a ser 2,7 millones.

Lo anterior muestra a todas luces cómo los capitalistas se beneficiaron del «rebote económico de la pospandemia» ejerciendo una mayor explotación sobre sus trabajadores, mediante la utilización de menos personal que antes de la pandemia para realizar las mismas tareas, o bien, licuando los salarios por medio de la inflación.

En este punto, la aspiración patronal de reducir el «costo laboral», a fin de intentar recomponer su tasa de ganancia, encuentra un cauce en política del gobierno, quien se hizo eco de cada uno de los reclamos empresariales, como la reducción de contribuciones sociales y los techos a las paritarias. Sin ir más lejos, el Congreso de la Producción y el Salario -donde participaron empresarios, burócratas sindicales y funcionarios oficiales- alojaba dentro de su temario la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Se trata de una orientación que expresa más abiertamente la oposición patronal, mediante el planteo de eliminar las indemnizaciones, pero que comparten todos los partidos del régimen. Finalmente, la clase capitalista pide como moneda de cambio para supuestamente abandonar la «huelga de inversiones» en la que se encuentra inmersa arrasar con los derechos del pueblo trabajador, deteriorando aún más sus condiciones de vida. La reforma laboral impulsada en Toyota constituye un botón de muestra de la ofensiva en ciernes.

El ajuste gubernamental, a la medida de las exigencias del FMI, no hace más que cimentar un crecimiento de la pobreza en el país. En ese sentido, la ejecución del Presupuesto 2021 indica que, a partir de la escalada inflacionaria, entre agosto 2020 y agosto 2021, los ingresos corrientes se incrementaron un 19,3% en términos reales, mientras que los gastos corrientes cayeron el 10,6% en el mismo período.

La «austeridad fiscal» estuvo presente hasta en las medidas destinadas a paliar el hambre de la población. A tal punto, que en el primer semestre del año el gobierno utilizó apenas $75.600 millones de pesos en la aplicación de la Tarjeta Alimentar; cifra irrisoria si tenemos en cuenta los $545.557 millones devengados para el pago de la deuda usuraria en lo que va del 2021. El horizonte de acuerdo con el FMI sin dudas profundizará esta orientación, como lo adelanta el Presupuesto 2022 elaborado por Guzmán.

El rumbo capitalista del gobierno se encarga de horadar día a día el bolsillo popular. El pago sistemático de la deuda -fuente de sucesivas devaluaciones-, los naftazos y aumentos en los servicios públicos para complacer a las petroleras y privatizadas y la displicencia oficial frente a las empresas que incurren en sobreprecios actúan como alicientes del desmadre inflacionario. Como contrapartida, las burocracias sindicales acuerdan paritarias a la baja, dando como resultado una pérdida del salario real, que alcanzó los 7 puntos entre junio 2020 y junio 2021.

En definitiva, derrotar el ajuste del gobierno, el FMI y la oposición patronal mediante una intervención obrera se vuelve una tarea urgente frente a esta realidad aciaga. Para que no nos sigan hundiendo en la pobreza debemos luchar por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar (hoy en $100.000), paritarias indexadas a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones, trabajo bajo convenio para todos y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Romper con el FMI, repudiar la deuda ilegítima y nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, comercio exterior e hidrocarburos- son puntos nodales de este programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores.

 

         

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