Las declaraciones del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en la última reunión del Consejo de las Américas, fueron claras acerca de cuáles son las causas que obstruyen el crecimiento económico. Sin embargo, omitió que esos factores son el resultado de la crisis capitalista y de las prácticas parasitarias propias de un rumbo fondomonetarista y al servicio del capital al cual tributa el gobierno que integra.

En primer lugar, señaló que “el BCRA tiene esterilizados $4 billones y lo lógico sería orientar esos recursos hacia la inversión”. Lo que Pesce no menciona es por qué la entidad que dirige ofrece rendimientos altísimos del 36% en los pases pasivos y del 38% para las Leliqs, cuyas consecuencias recesivas son evidentes. El punto es que la falta de inversiones responde a que los capitalistas no encuentran negocios rentables, y que los bancos prefieren evitar los riesgos. El Informe Monetario del Banco Central indica que, a excepción de julio, los préstamos bancarios a las empresas acumularon 10 meses seguidos de caída.

Es la huelga de inversiones de los capitalistas lo que está en la base de esta política monetaria, la cual tiene la finalidad de retirar pesos de circulación para que no se vuelquen hacia la compra de dólares y para intentar contener el alza de precios. La banca privada opta por prestarle a la autoridad monetaria, que a diferencia del resto de los deudores tiene la máquina de imprimir billetes.

Uno de los problemas señalados por Pesce como dificultad para invertir es que “la Argentina exporta por año 60.000 millones de dólares; (pero) en un año normal, el país necesita más de 60.000 millones de dólares solo de importación de bienes”. Lo anterior revela el carácter dependiente de la industria nacional, donde la mayoría de los insumos y bienes de capital provienen del exterior. Sin ir más lejos, en los primeros siete meses del año se utilizaron 33.000 millones de dólares para compras al exterior y los insumos para producción y bienes de capital representan el 84,5% de las importaciones (Ámbito, 30/8). Pero en lugar de sacar la conclusión de que es necesario apuntalar un desarrollo industrial autónomo, la orientación del gobierno profundiza el carácter semicolonial del país.

Esto porque Alberto Fernández se propone salir del laberinto sobre la base de mayores concesiones a los pulpos que dominan las ramas de exportación, pero eso incluso con la prioridad en la entrada de divisas para hacer frente al pago de la deuda. A este objetivo obedecen las leyes enviadas al Congreso por parte del Ejecutivo, las cuales establecen una serie de beneficios impositivos a la industria automotriz y a las petroleras, y promete otra para la agroindustria con las mismas características. Pero son estas mismas patronales las beneficiadas por el saqueo del país, fugando sus ganancias al exterior en lugar de reinvertir en Argentina.

Vale recordar que el ingreso récord de divisas como resultado del “boom exportador” se debió a la suba de los precios internacionales de los granos y no a un incremento de las toneladas producidas y vendidas al exterior. Si bien en el primer semestre del año se liquidaron 63.900 millones de dólares por ventas al exterior, un 28,3% más que en el primer semestre del 2020, hubo un caída del 1,2% en términos interanuales en la cantidad de toneladas exportadas, según el Indec. Como vemos, un descenso en los precios de las commodities del agro echaría por tierra la hoja de ruta del gobierno.

La subordinación gubernamental al capital agrario por este motivo es la razón por la cual se mantiene intacto el monopolio del complejo agroexportador en manos de un puñado de multinacionales. La extranjerización de las exportaciones es tal, que el 60% de las ventas de granos al exterior en la campaña comercial 2020/21 está concentrado en apenas cinco empresas foráneas: las estadounidenses Cargill, ADM y Bunge, la china Cofco y la firma de capitales suizos Oleaginosa Moreno (ex Glencore). Mientras estos pulpos agrarios han amasado fortunas debido al “boom exportador”, los sectores populares padecieron la suba continua de los alimentos, ya que los altos precios del mercado internacional se trasladaron a las góndolas locales.

El control privado del comercio exterior ha dado lugar a una práctica muy extendida de evasión impositiva y fuga de capitales como lo es la subfacturación de exportaciones. Según un informe realizado por Proyecto Económico y IADE, el 20% de las ventas al exterior de granos y oleaginosas se subfactura. No obstante, el gobierno es incapaz de tocar este esquema de saqueo; ni siquiera pudo llevar hasta el final su demagogia nacionalista en torno a un manejo estatal de la Hidrovía del Paraná y terminó anunciando que habrá próximamente una licitación para establecer cuál será la nueva concesión privada de la ruta fluvial.

Por eso ningún desarrollo nacional va a venir de la mano de mayores ventajas a los autores de la fuga de divisas y los desfalcos al Estado. Son los responsables del problema al que alude el presidente del BCRA, cuando hace mención a que “los residentes argentinos tienen 400 mil millones de dólares en el exterior y 100 mil millones en billetes”. En este punto, los últimos datos no son más alentadores puesto que el mes de julio contó con una mayor demanda de dólares para “atesoramiento” y se aceleró la fuga de capitales. La Formación de Activos Externos del sector privado (dólares que se fugan del país o los que se guardan sin declarar) “escaló de los 32 millones de dólares a los 126 millones para alcanzar su mayor nivel en lo que va del año y de los últimos nueve meses” (La Nación, 30/8). De este modo, los dólares que ingresan fruto del auge exportador tienen como destino financiar la fuga de capitales al exterior, afrontar vencimientos de duda y sostener una precaria pax cambiaria mediante la recompra de títulos del Tesoro.

A fines extorsivos, otro argumento patronal para resolver el hundimiento de la inversión es que es necesario flexibilizar los convenios colectivos de trabajo para salir del estancamiento económico. En sintonía con ello es que se organizó el congreso oficial con cámaras empresarias y la burocracia sindical, con el cual gobierno se muestra en plena campaña como una vía para canalizar la reforma de los convenios colectivos. Pero no es la deprimida mano de obra el problema, sino que es el costo empresario el límite a la inversión; si se abrieran los libros de las empresas al control obrero saltaría a la vista el carácter parasitario del dominio capitalista sobre los resortes de la economía.

Todo lo dicho demuestra que incluso si se lograra una “reactivación económica” en los términos del gobierno, significaría profundizar un régimen de prebendas para los pulpos exportadores para pagarle al FMI y los organismos de crédito internacional, a costa de una mayor primarización de la economía y privaciones para la inmensa mayoría de la población.

En definitiva, Pesce enumeró una serie de problemáticas que encuentran su origen en las medidas que el propio gobierno toma en beneficio del capital. La solución únicamente provendrá de un programa de los trabajadores, que detenga la fuga de capitales y ponga fin al pago de la de la deuda usuraria por medio de la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control obrero; a fin de impulsar el desarrollo nacional y dar respuesta a las necesidades populares.

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