No deja de ser una estimulante lección de democracia capitalista que se pretenda nombrar como jefe de Gabinete al hombre que fue echado del gobierno por un movimiento popular en agosto de 1996, y que luego perdió las dos elecciones en las que se presentó, las nacionales de octubre del ‘99 y las porteñas de mayo de 2000.

 

El lanzamiento de Cavallo al gobierno, sin embargo, no lo promueve algún personaje extravagante sino todo el espectro patronal: De la Rúa, los Ruckauf y compañía, los Chacho Alvarez, y hasta Alfonsín y los ‘progres’ de la UCR. Pero este respaldo mayoritario de los políticos patronales a un recambio minoritario desde el punto de vista del electorado, constituye, por su incongruencia política, una demostración de la situación sin salida del conjunto del régimen político actual. Esos políticos se ven enfrentados, por añadidura, a la exigencia de que Cavallo gobierne con poderes de excepción, o sea prescindiendo del Congreso. Esto significa que, además de violentar al electorado, se reclama el violentamiento de la Constitución y de las instituciones representativas.

 

Es más que probable, incluso, que se exija el establecimiento del Estado de sitio, porque lo que se teme en definitiva no es la oposición o resistencia de los legisladores sino la de los trabajadores.

 

En resumen, el gran capital, que se ha servido tan bien del régimen "democrático", necesita quebrarlo ahora para mantener esa dominación, recurriendo a los políticos y a las instituciones de esa misma ‘democracia’. Asistimos, por lo tanto, a un gigantesco derrumbe político.

 

Gobierno en desintegración

 

La posibilidad de salir adelante en una situación de estas características depende del alcance o profundidad de las medidas que se tomen. Pero lo anunciado por López Murphy y lo que deja entrever Cavallo, no tienen esa capacidad. El primero, simplemente atizó todas las contradicciones previas y despertó la ira popular; el segundo, exhibe como su mayor audacia la intención de dejar de negociar con el FMI para pedir un nuevo salvataje… al Tesoro norteamericano. Ignora, para colmo, que el famoso blindaje fondomonetarista de principios de año fue confeccionado en realidad por el equipo económico de los Estados Unidos. López Murphy apenas duró 48 horas como mandamás de un nuevo gabinete; Cavallo, aun peor, no ha llegado a confirmar una aceptación del cargo y obligadamente deberá desatar otra crisis para deshacerse de López Murphy. Uno y otro representan intereses patronales enfrentados; López Murphy se ha dado por único objetivo asegurar la cotización de la deuda externa en manos de los bancos internacionales y AFJP; Cavallo defiende, además, a los que reclaman salidas subsidiadas, como el Plan de Infraestructura, para evitar las pérdidas y las quiebras en la industria. Hay también un enfrentamiento en la clase capitalista acerca de si seguir con el Mercosur o firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Uno está jugado, en una última instancia, por la dolarización; el otro por la devaluación del peso. En los contratos a plazos de un año, el peso ya no vale un dólar sino 0,85 de dólar. En las condiciones de la presente crisis, López Murphy y Cavallo no podrían convivir en un mismo gabinete.

 

Cesación de pagos

 

La gran bomba de tiempo que activa la crisis política es la cesación de pagos de Argentina; los políticos, economistas y gobiernos patronales que aseguraron que pagarían la deuda externa en cualquier circunstancia, ya no pueden hacerlo. Ambito Financiero (15/3) acaba de descubrir que "el blindaje terminó siendo apenas una ilusión óptica". La deuda supera, en su conjunto, los 200.000 millones de dólares, y, más grave, la carga de intereses anuales alcanza los 12.000 millones de dólares, un 50% por encima del presupuesto de educación. Pero lo que todavía es peor, si cabe, es que la crisis financiera internacional (caída internacional de las Bolsas) está encareciendo los intereses de las compañías y países que tienen deudas elevadas, de modo que Argentina ya no puede recurrir a los préstamos internacionales para pagar sus vencimientos. La bancarrota argentina tiene una dimensión mundial y tendrá explosivas consecuencias en el sistema financiero internacional.

 

El gobierno conspira contra la nación

 

El crecimiento cotidiano de lo que la prensa llama "riesgo-país", que es la tasa de interés que exigen los banqueros para refinanciar deuda argentina, está demostrando que la gran banca y el FMI han roto con Argentina (¡en lugar de que nosotros rompamos con el FMI!). Los banqueros y el FMI ya no pretenden blindar nada sino que son activos provocadores del derrumbe. No es para nada casual que al informar de un nuevo aumento de esa "tasa de riesgo", La Nación titulara, el viernes 16, "El mercado jugó EN FAVOR de López Murphy", no en contra; en la información describía cómo los bancos encargados por el gobierno de la negociación de los títulos, habían armado un ‘lock out’ el día anterior, con la finalidad de tirar al suelo las cotizaciones y crear el pánico. El corresponsal de Clarín en la conferencia de banqueros en Chile, por su lado, informó textualmente, el lunes 19, que ‘fuentes’ del Banco Interamericano opinaron que "El FMI ya hizo lo máximo que podía hacer para ayudar a Argentina a recomponer su situación. Ahora, todo depende del gobierno mismo". Es decir que el FMI bajó el pulgar. La cesación de pagos de Argentina será un gran negocio para los grandes buitres, porque podrán comprar a precios de remate los títulos que no poseen de la deuda argentina y concentrarlos en menos manos todavía.

 

Esta monopolización mayor de la deuda les servirá para apropiarse en el futuro de mayores riquezas y propiedades, como los 12 millones de hectáreas, por ejemplo, en caso de que se privatice el Banco Nación, al cual esas tierras se encuentran hipotecadas, o la totalidad del sistema de salud, e incluso la educación privatizada.

 

Programa y salida política

 

Todo lo descrito retrata una conspiración en gran escala contra los intereses nacionales, en la que el gobierno está activamente comprometido. Para frenar la catástrofe que ella significa para el pueblo, sería necesario intervenir de inmediato a todos los bancos, que son los promotores del derrumbe financiero, suspender de inmediato cualquier pago de la deuda externa y romper con el FMI. No alcanza ya con la derogación de las medidas tomadas por López Murphy; la agresión que ellas han significado contra el pueblo ha quedado disminuida por la amplitud del conjunto de la crisis en marcha. De ésta se sale con la virtual nacionalización de los pulpos financieros y el no pago de la deuda. Se trata, sin embargo, de medidas completamente incompatibles con el gobierno actual y con los partidos e instituciones patronales.

 

Pero el propio desarrollo de la propia crisis plantea la caída del gobierno, al pasar a ser un lastre para la propia burguesía en el caso de que no pueda imponer las medidas contra el pueblo, que es lo que ya ocurre con las medidas de López Murphy. Por eso varios sectores del justicialismo y del cavallismo están planteando adelantar las elecciones legislativas de octubre y elegir al vicepresidente; pero de aquí hay apenas un paso para que se plantee la convocatoria a elecciones generales. Con estos planteos, los partidos patronales pretenden mantener la situación bajo control y desviar la atención de las masas hacia nuevas experiencias electorales, mientras en forma paralela se descarga la crisis y las medidas que las acompañen. No es la salida adecuada a los intereses reales de los trabajadores.

 

Chau Alianza, Frepaso y PJ

 

Es en este marco que se entiende el cacareado ‘ultimátum’ de Ruckauf a De la Rúa para que derogue en 48 horas los decretos de López Murphy. Pero Ruckauf ya le había prometido un apoyo al ingreso de Cavallo al gobierno, a pesar de que Cavallo en ningún momento habló de derogar esas medidas. Sólo si fracasa el paso de Cavallo por el gobierno Ruckauf se volverá a acordar del ‘ultimátum’, con el objetivo de pilotear un adelantamiento electoral.

 

Algunos periodistas han tenido la ‘osadía’ de anunciar que con la renuncia de los frepasistas al gobierno la Alianza se habría quebrado. Llegan tarde, porque ahora incluso el Frepaso y hasta la UCR han entrado en quiebra. La cobardía del frepasismo ha sido tan marcada que su gente sólo renunció recién cuando vio que lo hacían Storani y Juri. Pero estas renuncias ponen en evidencia una crisis descomunal en la UCR, que apenas se estaba reponiendo del pacto de Olivos firmado por Alfonsín con Menem. Al peronismo no le va mejor, como lo prueba que se encuentra a la rastra de un enano político como Cavallo.

 

Por un partido independiente

 

El panorama que ofrecen las fuerzas patronales demuestra que sería criminal confiar en que puedan pilotear una salida popular, por separado o conjuntamente. La crisis se ha tragado incluso a los Carrió y a los Farinello, que no aparecen como un factor en esta crisis, a pesar de la simpatía popular que les reconocen las encuestas. Cuando la Carrió se había convencido a sí misma de que con sus investigaciones sobre el lavado de dinero estaba acabando con el "Estado mafioso", los representantes de este Estado eran llamados al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete. No es una investigación lo que quebrará el monopolio de los pulpos sino la toma del poder por los trabajadores.

 

La bancarrota de todos los partidos burgueses y pequeño burgueses sin excepción, la completa nulidad política de sus representantes y dirigentes, condena al fracaso cualquier tentativa de salida sobre la base de combinarlos de uno u otro modo, como lo hacen Farinello, por un lado, o los Alfredo Bravo o Carrió, por el otro. No hay salida a partir de los políticos del orden existente, por progresistas que sean; lo prueba su estruendoso fracaso hasta ahora y la completa falta de salida de conjunto de que hacen gala. La crisis terminal presente pone al rojo vivo la necesidad de un partido obrero y la necesidad de que un programa de salida se plasme en una política de partido. Hay que decir claramente que no hay salida popular si no encarna en un partido revolucionario de la clase obrera. Es un deber absoluto hacer visible este planteo en todo el desarrollo de la crisis actual.

 

Las organizaciones populares

 

La crisis terminal del régimen en su conjunto, así como la bancarrota del proceso entreguista iniciado por el menemismo, plantea una situación completamente nueva a la lucha de las masas.

 

No es ya suficiente un planteo reivindicativo, ni mucho menos es posible confinar esas reivindicaciones a demandas locales. Una crisis de poder exige un planteo político, porque ese poder se ha convertido en una marioneta de la propia crisis y no tiene capacidad para responder a las reivindicaciones. De la Rúa podría derogar las medidas de López Murphy, pero sólo para provocar un derrumbe económico mayor. Cavallo podría, eventualmente, dar una impresión de control durante algunas semanas, pero sólo para valerse de esa tregua para preparar un golpe político realmente drástico. La burocracia sindical no solamente desconoce esta situación, sino que está alineada políticamente con algunas de las facciones patronales en disputa. De acuerdo a una información de Clarín del domingo pasado, Moyano, por ejemplo, le habría prometido a la jefatura del Ejército mantener un ‘perfil bajo’ frente a la movilización del 24 de Marzo. Pero no solamente Moyano rechaza politizar la lucha popular; las organizaciones de derechos humanos que convocan al 24 no quieren, a su vez, que esta movilización sea anti-gubernamental ni piquetera. Para estos ‘organismos’, el 24 es un día reservado a la "memoria", lo que no deja de ser curioso, porque revela un completo olvido de la experiencia de los últimos 25 años, que enseña que la burguesía aprovecha la indecisión y la vacilación de las organizaciones populares. Incluso la CCC, en un reciente congreso de desocupados en La Matanza, se opuso a fusionar las movilizaciones piqueteras con la del 24, con el argumento de que "no tenían nada que ver". Todo esto revela una completa ceguera frente a la crisis terminal que se desarrolla ante los ojos de todos. El movimiento popular debe ofrecer su propia salida política: que se vaya De la Rúa y que una Asamblea Constituyente asuma la dirección del país. De este modo, será la deliberación popular la que irá dictando las medidas para sacar a la nación y a los trabajadores de esta gigantesca miseria.

 

Por un Congreso de bases

 

La movilización prevista para el 20 y los paros generales para el 21 y para principios de abril, siguen la vieja política de las huelgas aisladas y de la falta de una consigna de conjunto. La derogación de las medidas antipopulares debe incluir la rebaja de salarios y la reforma laboral.

 

Para lograr esto es necesario un plan de lucha. Pero un plan de lucha supone dos cosas: que la decisión sea tomada desde abajo y que contemple la huelga indefinida. Sin estos componentes, estamos ante planteos burocráticos y episódicos. Reclamamos la convocatoria a un congreso de delegados electos de obreros ocupados y desocupados.

 

Asamblea Constituyente

 

El momento actual se caracteriza por la transición de la penúltima a la última fase del derrumbe del plan Cavallo, del período iniciado por el menemismo, del régimen privatizador y flexibilizador, y del gobierno actual. La consigna que hemos venido planteando desde la renuncia de Alvarez, en octubre pasado, ha demostrado una vigencia inusitada: Fuera el gobierno, por la convocatoria de  una Asamblea Constituyente libre y soberana.