Políticas
23/10/2025
El vil proceso de la personería de LLA en Río Negro
Los métodos y la esencia de la diputada Lorena Villaverde.
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Lorena Villaverde, vinculada al clan Machado.
Mucho se ha escrito en estos días sobre las relaciones de la actual diputada mileísta Lorena Villaverde con “Fred” Machado y su entorno, sus antecedentes penales por tráfico de cocaína en EEUU y otras imputaciones delictivas. Villaverde es candidata a senadora por Río Negro en la lista de LLA. Por eso vale recordar con qué método se armó en la provincia el partido de la banda presidencial.
La impunidad como método
Como todo partido que quiere obtener la personería jurídica-electoral, LLA en Río Negro debía conseguir una determinada cantidad de adhesiones respecto al padrón electoral. La “armadora” del proceso fue la diputada Lorena Villaverde por orden de Karina Milei y el apoyo de Lilia Lemoine y Martín Menem.
Apenas presentadas ante la Justicia Electoral las adhesiones, “comenzaron a llover denuncias de vecinos de distintas localidades como Roca, Viedma, Cipolletti, Bariloche, San Antonio Oeste, Cinco Saltos, Villa Regina, entre otras, que estaban en la lista, pero jamás habían presentado ningún aval ni documentación” (Cinco Saltos Al Día). Villaverde reconoció “desprolijidades” en el proceso, pero las adjudicó a “infiltrados que solo quieren perjudicar el espacio de nuestro presidente, Javier Milei, en la provincia” (Ídem).
Las denuncias apuntaron al apoderado de LLA y titular de la Anses en Fiske Menuco (asesor legal del sindicato de la fruta y Uatre) y otro armador proveniente de las filas del actual gobernador Weretilneck. Las adhesiones falsificadas provenían de la base de datos del padrón de afiliados de sindicatos como el docente UnTER, afiliados y alguna dirigente de ATE, del sindicato de la Fruta y hasta de la Federación de Box. El secretario general del sindicato de la Fruta también era parte integrante de LLA.
En mayo y junio de 2024 llovieron las denuncias de particulares damnificados. Muy pronto saltaron los nombres de personas y sus relaciones y el acceso a la base de datos de esas organizaciones. El apoderado de LLA no era otro que el abogado del sindicato de la Fruta, en tanto la presidenta de la Federación de Box era titular de Anses y Pami en Bariloche. La presidenta de la Federación de Box fue suspendida por un año por la entidad a raíz de las denuncias. Pero no solo se falsificaron esas adhesiones, también hubo denuncias de firmas de personas fallecidas, de militantes sociales, etc.. Es decir, un fraude generalizado. El escándalo fue público y lo reflejaron distintos medios, al punto que fue llevado a la Justicia Federal.
No hubo delito electoral para la Justicia
Llevadas las denuncias a la Justicia Federal, el juez Hugo Greca dictaminó que “las cuestiones internas” de los partidos se resuelven dentro de los propios partidos. Y agregó que se trata de “evitar asimismo no solo un dispendio jurisdiccional innecesario, sino también propendiendo a una optimización de los específicos y limitados recursos con que cuenta este poder para brindar el esencial servicio de justicia a la ciudadanía". El juez permitió a Villaverde retirar las adhesiones truchas (más de 500) y le otorgó un plazo adicional para presentar otras.
Dice el juez: “tengo a la vista, asimismo, la presentación digital efectuada por el Dr. Jonathan O Rourke, en su carácter de apoderado de la agrupación en formación, La Libertad Avanza, en la que solicitó que se retiren "todas las fichas presentadas del día 20 de mayo del 2024" y que se suspenda "la continuidad del proceso por el plazo de 30 días a los fines de presentación de nuevas fichas de adhesión, hasta completar el mínimo legal requerido". Pedido al que este MPF no tiene objeciones que formular: "procédase, por el Sector a cargo del registro de Adherentes y Afiliados a los partidos políticos de la Secretaría Electoral Nacional, a dar de baja las adhesiones presentadas por la agrupación en formación el día 20/05/2024 (ver fs. 280/297) y estése a la reserva de dichas fichas. Asimismo de conformidad con lo solicitado y dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, suspéndase el trámite de autos por el término de 30 días. Fecho vuelvan las actuaciones en Vista Fiscal” (Expte CNE 272/2024). En pocas palabras, el juez y el fiscal dicen que si hay un cuerpo del delito se lo retire. Y no solo eso, sino que se extiendan los plazos como si LLA fuera la víctima de un proceder ajeno a su voluntad y deba ser resarcida para poder cumplir con los plazos del requisito legal.
En el expediente hubo también un peritaje, pero de la firma del apoderado de LLA, no de las firmas que no reconocieron como suyas los mas de 500 supuestos adherentes. Las cuales, al ser retiradas por LLA, hicieron desaparecer el cuerpo del delito, bajo la atenta mirada de la “Justicia” electoral y penal. Por lo que el juez consideró reemplazadas las fichas truchas, tuvo un “peritaje” y una venia de la Fiscalía para otorgar la personería a LLA. Por supuesto no se trató de un acto de justicia, se trató de un fallo de impunidad. Algo oportuno ya que el juez en cuestión estaba postulado para la Cámara Federal de Apelaciones.
Pero sí lo hubo…a pesar del juez Greca
Algunos medios de prensa consideraron que lo actuado por LLA constituía delitos como robo de datos personales, falsificación de documento público, fraude y asociación ilícita. Pero para el juez Greca, no fueron acciones siquiera judiciables.
Este juez es el mismo que, más o menos por el mismo período en que tanto apreciaba “el servicio esencial de justicia a la ciudadanía”, les dictó condena de prisión a siete mujeres mapuches por los reclamos de la comunidad en Villa Mascardi. También es el juez que echó al padre y la hermana del soldado Pablo Córdoba durante una reconstrucción de su asesinato dentro del cuartel en Zapala. El juez sostuvo mientras pudo la teoría del suicidio del soldado con dos disparos de fusil FAL en la cabeza. Este juez ha sido denunciado por acoso laboral y violencia hacia las mujeres por una empleada judicial y recientemente, el mes pasado, fue suspendido de su cargo por maltratar a una defensora en una audiencia. Incluso tiene un pedido de juicio político.
Como se ve, la real asociación ilícita para cometer delitos en función de obtener la personería de LLA en Río Negro va más allá del propio partido, sino que también incluye la protección judicial. Las relaciones con “Fred” Machado, e incluso del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tienen sus huellas en una personería obtenida, a inicios de este año, utilizando métodos mafiosos. A la cabeza de todo esto estuvo y está la diputada Lorena Villaverde, quien suma a todo su prontuario lo actuado en la provincia de Río Negro para obtener la personería de LLA. Fiel reflejo de los métodos y la esencia delictiva del gobierno mileísta.
