Políticas

31/8/2022

Electricidad: más quita de subsidios, impacto en los precios y crisis en la cadena de pagos

Un régimen inviable de subsidios y tarifazos.

Nuevos aumentos en la luz

La agenda del gobierno para acercarse a la meta fiscal del FMI tiene a la reducción de subsidios energéticos como uno de sus puntos más críticos. Para encarar esta tarea lanzó un esquema de segmentación tarifaria, que, si bien no proporciona el ahorro esperado, afecta a cada vez más usuarios y genera cortocircuitos en otros eslabones de la cadena energética.

En primer lugar, la Secretaría Energía ya oficializó los aumentos en la boleta de luz para más de 1,6 millones de comercios y emprendimientos minoristas del país. Deberán afrontar una suba del 120% en el primer bimestre 2023 ya que a partir de enero los precios de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista se alzarán casi un 230% en relación a agosto 2022. Esto será trasladado sin dudas a los precios finales que pagamos los consumidores, como anticipan las propias cámaras empresarias.

Por otra parte, la segmentación ha sufrido una serie de modificaciones en el último tiempo con el objetivo de que cada vez más usuarios ingresen al grupo poblacional que debe abonar la tarifa plena. Luego de los topes de consumo, ahora ha trascendido que quienes reciban subsidios en su boleta no podrán acceder al dólar ahorro. A partir de que el gobierno hizo circular esa información, 18 mil personas dieron de baja su solicitud para conservar el subsidio en electricidad. El oficialismo pone a los trabajadores frente a la disyuntiva de pagar servicios más caros o perder la posibilidad de preservar ahorros de la devaluación del peso.

Sin embargo, estas improvisaciones en pos de ir incluyendo a más hogares en el tarifazo no alcanzan para obtener una reducción significativa de subsidios energéticos porque el esquema en su conjunto es inviable.

El grueso de esas transferencias estatales va dirigido a subsidiar parte de las compras que realiza Cammesa, la empresa encargada de administrar el mercado eléctrico mayorista, a precios dolarizados y escindidos de los costos de producción. Esta acumula deudas de USD 1.500 millones -correspondientes a mayo, junio y julio- con las empresas generadoras de electricidad y con las petroleras que suministran el gas para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas.

A su vez Cammesa subsidia a las distribuidoras eléctricas -como Edenor y Edesur-, las cuales no le pagan los despachos de energía y acumulan deudas por $370.000 millones que es cubierta con fondos públicos. Para saldarla, las privatizadas exigen que también se autoricen aumentos en el componente de distribución dentro de la boleta de luz.

Por otra parte, las compañías generadoras -como Pampa, Central Puerto, Enel, AES y Albanesi- le vienen reclamando al gobierno un aumento del 25% en el precio de la electricidad que inyectan en el sistema, que de concederse agravaría el colapso descripto anteriormente en la cadena de pagos. A modo de extorsión, estos pulpos se niegan a aumentarle el salario a los trabajadores de Luz y Fuerza hasta tanto no se autoricen las subas mencionadas.

Como vemos, todos los eslabones de la cadena energética presionan por un aumento, lo cual pone en jaque la intención oficial de disminuir los subsidios energéticos para complacer al FMI y podría dejar sin efecto el ahorro fiscal previsto con la segmentación. Si bien camina con pies de barro por temor a que se desate una rebelión popular, no cabe duda que el gobierno intentará salir de esta encerrona profundizando el tarifazo sobre los usuarios.

Para enfrentar los ataques en puerta, debemos defender los ingresos de los trabajadores por la vía del paro nacional y el plan de lucha. A su vez, es necesario abrir los libros de toda la cadena energética para evaluar los costos reales, verificar qué hicieron los capitalistas del sector con los subsidios millonarios que recibieron durante años y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria energética, en función de orientarla al desarrollo del país y a la satisfacción de las demandas populares. Un programa antagónico al rumbo fondomonetarista adoptado por todas las alas del Frente de Todos y la oposición de derecha.