Las cifras publicadas por el Indec colocan la inflación de mayo en un 3,3%, llevando el acumulado del 2021 a un 21,5%: un 75% de la proyección oficial de los precios para todo el año. A este ritmo, el gobierno hunde a los salarios, jubilaciones e ingresos de los trabajadores en la pobreza, enterrados bajo tarifazos, liberación de precios y ajuste.

Entre los ítems que más subieron se encuentra transporte (6%), salud (4,8%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%). Mientras que los precios regulados treparon un 3,8% debido a los aumentos en combustibles, prepagas y electricidad.

El gobierno festeja como “buena señal” la perforación del piso del 4%, solo lograda circunstancialmente en febrero (3,6%), a un costo altísimo en recortes para el pueblo trabajador; sin embargo, el camino emprendido difícilmente se salga de la ruta del 50% anual, que ya está haciendo estragos en las paritarias y en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Lo que sube

El gobierno nacional ha ido liberando esquemas tarifarios, desregulando precios y desmantelando las políticas asistenciales y “refuerzos” de los primeros meses de la pandemia. El caso más notorio es de los combustibles, que han aumentado en razón de un 69% en diez meses (agosto 2020 a mayo 2021), empujando el alza general de precios por su impacto en la logística y en la cadena de distribución de bienes.

Para el caso de alimentos y productos de consumo masivo, si bien los productos regulados (Precios Cuidados y Precios Máximos) deberían haber subido alrededor de un 11%, según los aumentos autorizados por el gobierno desde marzo del 2020, las remarcaciones alcanzaron un 39,5% hasta abril, según la consultora MacroView.

Los alimentos que quedaron por fuera de las regulaciones (carnes, frutas y verduras, principalmente), escalaron en promedio un 79% para el mismo periodo. Un caso clarísimo es el de la carne que, con cepo a las exportaciones mediantes, creció un 6,1% en mayo, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Ahora con el desmantelamiento de Precios Máximos las empresas intentan achicar la brecha entre regulados y no regulados. Unillever acaba de anunciar aumentos del 10, 12 y 15% en distintos productos alimenticios, y otras empresas han largado aumentos del 10% en galletitas (Iprofesional, 16/06). Lo han hecho antes de que el gobierno los “sentara” a discutir futuros aumentos, lo que de seguro impactará en los próximos meses.

En junio también se espera medir el alcance de la suba en la tarifa de gas (6%), que ya alcanza a millones de usuarios residenciales e industriales.

Lo que baja

Pero no todo sube. La agenda que impone el FMI establece una relación directa respecto a los “indicadores” que son sometidos a la baja.

Tal es el caso de los salarios, cuya evolución va por detrás de la inflación acumulada para el periodo correspondiente a cada paritaria finalizada: UOM (39,6%), Comercio (35%) y Construcción (33%) contra el 42,7%; Sanidad (36,1%), estatales (25%) perdieron contra el 48,8% interanual del IPC. El caso de Bancarios es pero, ya que firmó por un 29% desde principio de año, en cuotas, con lo que ya están siendo barridos por los precios.

Respecto a las jubilaciones, con la suspensión y luego reforma de la movilidad jubilatoria, la mínima pasó de $16.864 en junio del 2020 a $20.571 en mayo del 2021: es decir, solo un 22% de aumento. Para junio se prevé una actualización del 12,12%, que poco ayuda en esta carrera asimétrica.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto al gasto de la Administración Pública Nacional registra una caída del 10% a/a (año contra año) en el “gasto” de las jubilaciones –obtenido mediante ajuste- y un 7,9% a/a de gasto menor en salarios, ya que ambos quedaron por debajo de la inflación. Las prestaciones sociales también cayeron un 18% a/a, junto a los programas sociales, tanto por inflación como por recorte en políticas asistenciales por el Covid-19.

Contra el ajuste

La política económica del gobierno nacional conduce a la bancarrota de los trabajadores y jubilados, deprimiendo salarios y garantizando los negocios de los capitalistas, en medio de la crisis económica y el impacto de la pandemia.

Los recortes en el gasto público para respaldar las negociaciones con el FMI se expresan en la caída del poder adquisitivo de los programas sociales, jubilaciones, salarios, prestaciones, asignaciones y otros “beneficios”, que se combinan con el encarecimiento de los niveles de vida y de los productos de primera necesidad.

Solo la intervención de la clase obrera puede parar esta política de hambre y miseria, en el camino de la acción emprendida por el Plenario del Sindicalismo Combativo, por las paritarias sin techo y por salarios por arriba de la canasta familiar, el aumento del salario mínimo y los programas sociales por arriba de la canasta básica, junto al pago del aguinaldo para los Potenciar Trabajo. La apertura de los libros de las empresas y el control obrero de la cadena de valor, así como la nacionalización del comercio exterior para evitar el traslado directo de los precios internacionales a las mesas de las familias obreras. Todo un paquete de medidas que choca de frente con las aspiraciones del FMI y con el pago de la usurera e ilegítima deuda externa.

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