El empresariado argentino le ha presentado su agenda al gobierno, tanto en el almuerzo que tuvo lugar en el día de ayer en la Casa Rosada como en el Coloquio de Idea que comenzó hoy. La burguesía nacional exige como condición para invertir, entre otras cosas, reducir el “costo laboral”, lo cual incrementaría los márgenes de ganancias a costa de un retroceso en las condiciones de vida de las mayorías populares. El gobierno busca canalizar esa demanda, ofreciendo para ello la vía de los acuerdos sectoriales y cotizando sus vínculos con la burocracia sindical.

En la Casa Rosada se reunieron Alberto Fernández, Juan Manzur, Sergio Massa y Wado de Pedro con los empresarios Javier Madanes Quintanilla (Aluar y Fate), Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Francisco De Narváez (Grupo De Naváez), Jorge Brito (Banco Macro), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Marcos Bulgheroni (PAE). Allí el reclamo patronal se centró en la eliminación de la prohibición de despidos y la doble indemnización, ante lo cual el gobierno se encargó de remarcar la transitoriedad de dichas disposiciones, señalando que “en la medida que veamos que la economía se recupera se puede ir desandando estas medidas” (Ámbito, 13/10). En el día de hoy, Matías Kulfas ratificó que se está evaluando “modificar” esas normativas a fin de año, y, en ese sentido, Guzmán indicó ante el Coloquio de Idea el carácter “coyuntural” de las mismas.

Toda una muestra de que las “facilidades para despedir” que reclaman los capitalistas no solo cuentan con el visto bueno de la oposición patronal, bajo el planteo de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, sino que también el gobierno se hace eco de esa demanda. Si prohibición mediante se perdieron más de un millón de puestos de trabajo el año pasado y solo en el mes de agosto de este año 3.400 trabajadores fueron despedidos sin causa, eliminando la normativa la sangría será mucho mayor.

A su turno, el planteo de flexibilizar la condiciones de trabajo encontró eco en los funcionarios oficiales. “Desde el Gobierno, ven con buenos ojos los acuerdos sectoriales, visión que es compartida por el sector empresario” (Idem), léase, la aplicación de reformas laborales sector por sector con el concurso de la burocracia sindical, tal como ocurrió recientemente en Toyota, donde el ataque al convenio contó con el apoyo de la dirección del Smata. Ese fue el espíritu del Congreso de la Producción y el Salario que organizó el oficialismo previo a las PASO, en el que participaron empresarios, dirigentes de gremios industriales y miembros del Gabinete. A los proyectos de ley presentados por la oposición de Juntos, que plantean eliminar las indemnizaciones, el gobierno le contrapone la negociación convenio por convenio como una forma más viable de aplicar la reforma laboral, valiéndose para ello de los lazos que mantiene con todas las alas de la burocracia sindical.

Por su parte, Martín Guzmán en Idea se pronunció en ese mismo sentido utilizando el eufemismo de que “toda la organización del mercado de trabajo tiene que ir evolucionando en función de su evolución tecnológica” y agregó que durante su gestión tomaron medidas para “facilitar la creación de empleo”, como la reducción de las contribuciones patronales en algunos casos. Lo anterior únicamente beneficia a las empresas a costa de profundizar el vaciamiento de las cajas jubilatorias y las obras sociales.

Más a fondo fue el exfuncionario kirchnerista Emmanuel Álvarez Agis, que, ante el mismo auditorio, ponderó como modelo a seguir la flexibilización del convenio petrolero, acordada entre el sindicalista Pereyra, el gobierno de Macri y las empresas hidrocarburíferas en 2018; la cual dio lugar a un incremento de la producción sobre la base de una mayor explotación obrera. El economista reivindicó que en aquel entonces “todos pusieron algo” omitiendo que fueron los trabajadores los que “pusieron” sus vidas en decenas de accidentes laborales fruto de la pérdida de conquistas, mientras las petroleras ensancharon sus bolsillos haciéndose de una renta exorbitante.

Parasitismo capitalista

El nudo del debate en el Coloquio de Idea fue la falta de inversiones. Según el informe presentado allí, en la última década cerraron 50 mil empresas, y, hoy en día, existen apenas 14 empresas en Argentina cada 1.000 habitantes, lo que constituye un mínimo histórico. Por otro lado, solo 2 de cada 10 argentinos en edad de trabajar posee un empleo en el sector privado formal, mientras que 6,6 millones de trabajadores se encuentran sumidos en la informalidad laboral. Ahora bien, la cumbre empresarial responsabilizó al “costo laboral” de semejante cuadro de situación.

Por lo tanto, en la apertura se esbozaron algunas recomendaciones antiobreras como la reducción de indemnizaciones, “terminar con la litigiosidad laboral”, rebajas en las contribuciones patronales y “aggiornar” los convenios colectivos de trabajo. Es preciso señalar que todas estas medidas apuntan a recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas, sin embargo, no aseguran por sí mismas un incremento en los niveles de inversión ni crecimiento económico. Lo cierto es que la tasa de explotación ya es altísima en Argentina (según el propio Álvarez Agis el “costo laboral” hoy es la mitad que en 2011), no obstante, el estancamiento económico persiste.

Los postulados de la reforma laboral solo aseguran mayores niveles de pobreza, miseria salarial, desocupación y todo tipo de penurias para el pueblo trabajador. Por otra parte, que los empresarios exijan como condición para invertir degradar las condiciones de vida de las mayorías es propio de un capitalismo decadente, parasitario, que se ha convertido en un obstáculo para desarrollar las fuerzas productivas.

Los empresarios locales que se sientan a almorzar con el Presidente y organizan el Coloquio de Idea para reclamar la liquidación de los convenios colectivos de trabajo, son los mismos que encabezan el podio de evasión impositiva a través de sus cuentas off-shore, como lo pusieron de relieve los Pandora Papers. Es la burguesía nacional la que tiene 400 mil millones de dólares fugados en el exterior, y, además, es acreedora de parte de la deuda argentina. En ese sentido, la responsabilidad de la falta de inversiones no hay que buscarla en el “costo laboral” sino en el “costo empresario” y en el dominio de una clase social minoritaria que ha saqueado al país bajo los sucesivos gobiernos.

Los empresarios volvieron a respaldar al gobierno en el marco de las negociaciones con el FMI y Alberto Fernández se encargó de aclarar que espera llegar a un acuerdo con el organismo entre enero y marzo del año que viene. Dicho acuerdo tendrá como contrapartida un mayor ajuste contra la población, sin embargo, es presentado como la vía para reingresar al mercado de crédito internacional y garantizar el arribo de dólares al país. Lo que ocultan es que la escasez de divisas del Banco Central no tiene que ver con que no llagan dólares -de hecho este año hubo superávit comercial debido al boom de los precios de las exportaciones-, sino a la constante fuga de capitales a través de distintos mecanismos, entre ellos, el pago sistemático de la deuda usuraria.

Lo mismo vale para el cepo cambiario, el cual la clase capitalista exige liberar en función de poder girar con mayor facilidad sus ganancias al exterior. Tanto Guzmán como Álvarez Agis, cuando fueron consultados al respecto, se mostraron partidarios de flexibilizarlo, pero sostuvieron que para levantarlo definitivamente hace falta engrosar las reservas del BCRA. A su vez, ambos acordaron que la merma de dólares en el Central era la principal causa inflacionaria. Sin embargo, no dieron explicación de por qué se evaporó el superávit comercial de 10.500 millones de dólares obtenido en los primeros ocho meses del año, omitiendo que el drenaje de divisas se debe a una política subordinada al rescate de una deuda ilegítima.

Por una salida de los trabajadores

Finalmente, los capitalistas, lejos de bregar por el interés general, buscan incrementar su rentabilidad aumentando los ritmos de explotación de la clase trabajadora. Que eso no garantiza mayor y mejores empleos lo confirma que antes de empezar exigen libertad para despedir ante cualquier eventualidad. Es decir, quieren embolsar los frutos de una reactivación económica invirtiendo a cuentagotas y corriendo los menores riesgos posibles.

Este rumbo encuentra cauce, de alguna u otra manera, en todo el arco político patronal, y la propia conducción de la CGT. Por lo tanto, es sobre los trabajadores sobre quienes recae la tarea de la defensa de los convenios colectivos de trabajo y todas las conquistas obreras. Pero para darle una salida de fondo a esta debacle nacional es necesario pelear por un programa que abra paso a una reorganización del país sobre nuevas bases sociales.

La nacionalización bajo control obrero del comercio exterior, la banca y la industria energética está en el corazón de este programa a los fines de apuntalar el desarrollo nacional y dar respuesta a las necesidades populares. La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda son pasos claves en esa dirección.

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