17/03/2021
Editorial

En las vísperas de la segunda ola

Este jueves 18 se realizará la movilización piquetera más importante de los últimos años y quizás de las últimas décadas. Cerca de 100.000 personas ocuparán la Plaza de Mayo y los principales centros políticos del país para exigir el más elemental de los reclamos: trabajo y asistencia alimentaria. El salto cualitativo de la movilización reproduce el salto cualitativo de la destrucción de las condiciones de vida de una parte muy considerable de la población trabajadora. Un proceso que viene desde muchos años atrás y que se agravó con la pandemia.

Algunos números lo marcan de modo elocuente: el 2020 fue el año de menor consumo de carne en un siglo en la Argentina. Parece una burla para un gobierno que había prometido la vuelta del asado. Mientras el consumo interno cayó crecieron las exportaciones, permitiendo ganancias extraordinarias para las empresas. Otro dato: en febrero el consumo masivo cayó un 8,4% en comparación al mismo mes del año pasado y totaliza una caída del 4,5% en el primer bimestre. Estos números contrastan con los anuncios del gobierno referidos a que la industria y la economía en general ya superaron los niveles previos a la pandemia. De ser así, la transferencia de riqueza de los trabajadores a los capitalistas es sencillamente formidable.

De fondo, la caída del consumo, que ya lleva 10 meses consecutivos, es la consecuencia de la licuación permanente del salario y de las jubilaciones, que se agrava por la inflación creciente. En enero el poder de compra del salario sufrió un nuevo retroceso. Mientras la inflación fue del 4% los salarios registrados aumentaron solo el 1,8%. En un reportaje concedido al periodista Carlos Pagni, el ministro de Economía, Guzmán, explicó que en el llamado “acuerdo de precios y salarios” los únicos que cumplieron fueron los dirigentes sindicales, que aceptaron paritarias por debajo de la inflación real. En cambio, los empresarios siguen incrementando los precios siguiendo la previsión de un índice inflacionario del 50%. Otra vez, detrás de la inflación se esconde una transferencia de riqueza de los trabajadores a los capitalistas.

Los anuncios del gobierno de mayor control sobre los empresarios tienen mucho de impostura. Por un lado, es una maniobra para que los sindicatos acepten acuerdos salarios gravosos para los trabajadores. Es lo que acaba de suceder en la UOM, donde la cámara empresaria saludó que la paritaria firmada está por debajo de la inflación real. Por el otro busca esconder su propia responsabilidad en la aceleración de la inflación, empezando por los naftazos aplicados por YPF, que hicieron que en los últimos 6 meses sus precios salten casi el 50%. Otro tanto sucede con las tarifas. En las audiencias públicas realizadas, la Secretaría de Energía solicitó aumentos que rondan el 30%, mientras se mantienen subsidios millonarios a las empresas. El ala más K, que ha dicho por lo bajo que querría aumentos de porcentajes menores, sin embargo busca compensar a las empresas con subsidios adicionales de unos 56.000 millones de pesos. En todos los casos los intereses de las petroleras no serán afectados, manteniéndose para ellas la dolarización de los precios de la energía.

El acuerdo con el FMI

En este cuadro de crisis social, caída del consumo, licuación del salario y alta inflación el ministro Guzmán, con apoyo de Alberto Fernández, anunció que viajará a EE.UU. para tratar de cerrar un acuerdo con el FMI. En el gobierno temen que una postergación del acuerdo eche por tierra la muy precaria pax cambiaria lograda en los meses de verano. Cuando el gobierno barajó públicamente la posibilidad de postergar el acuerdo la reacción inmediata fue una nueva caída de los bonos de deuda reestructurados, que ya cotizan a nivel de default. Mientras se pronuncian discursos tranquilizadores para la población, los capitalistas saben muy bien que esta pax cambiaria está basada en un manejo financiero del Banco Central, por el cual se fuga el superávit comercial logrado gracias al aumento de los precios internacionales de la soja y otras materias primas. El uso de los dólares para la especulación financiera con títulos públicos tiene como contracara la limitación de las importaciones, poniendo un techo muy bajo a cualquier recuperación económica de la industria.

La intención del gobierno de cerrar un acuerdo con el FMI, sin embargo, no asegura su firma. Es probable que el propio Fondo Monetario decida estirar los plazos para forzar a un ajuste de características aún más acentuado. Tiene a su alcance un arma de presión muy grande: los vencimientos con el FMI y el Club de París suman unos 7.000 millones de dólares, una cifra que Argentina carece por completo.

Pandemia

Si el cóctel de crisis social y bancarrota económica es ya de por sí explosivo, hay que agregar el efecto que podría tener la llamada segunda ola de contagios de Covid en el país. El aumento de los contagios en las últimas semanas, especialmente en el AMBA, y la parálisis de un plan de vacunación con el que solo inocularon con las dos dosis a menos del 1% de la población, anticipan que la llegada de la segunda ola de covid es inevitable. Solo resta saber su alcance y profundidad. El gobierno, sin embargo, no ha tomado ninguna medida al respecto ni piensa tomarlas. Ha rechazado incluso cerrar las fronteras con Brasil, para evitar el ingreso de la cepa de Manaos, que es más contagiosa y letal que las conocidas hasta el momento. Las limitaciones del oficialismo son enormes. Aunque la segunda ola era más que previsible, el Presupuesto 2021 no incluyó partidas especiales de asistencia para reponer transitoriamente la IFE o dar otro tipo de ayuda económica. El ajuste reclamado por el FMI, plasmado en el Presupuesto 2021, está antes que la salud de la población. Pero sin asistencia económica, la posibilidad de adoptar medidas de restricción puede derivar en una revuelta, como sucedió por ejemplo en la provincia de Formosa, reuniendo a sectores sociales diversos. Y sin medidas de restricción el crecimiento de los contagios puede derivar en una saturación del sistema de salud y un salto en los casos fatales. Las dos alternativas son igual de negativas.

Chubut, Soria y una crisis expuesta

Este cuadro de crisis hace las veces de telón de fondo de los mayores choques políticos al interior del propio gobierno. El punto más extremo de esta lucha palaciega es Chubut, donde el trío de poder compuesto por Cristina Kirchner-Alberto Fernández-Massa ha chocado de modo más abierto, ante la emergencia desatada por los incendios y el repudio popular a los funcionarios. Aunque el gobierno nacional busque ahora despegarse del gobernador Arcioni, lo cierto es que hace solo semanas atrás este fue recibido en el despacho presidencial junto a funcionarios del PJ de Chubut y se resolvió que la Legislatura vote a favor de los proyectos megamineros. Solo la movilización popular sistemática logró evitar esas votaciones y dividieron a la coalición peronista-kirchnerista-masista.

Las internas en el oficialismo tienen su traducción en la oposición de derecha, que está lejos de poder presentar una alternativa unificada. La llegada de la segunda ola de contagios expondrá aún más sus divisiones y revelará a la población sus verdaderos intereses de clase. El ala más bolsonarista ya anticipó que rechaza todo tipo de restricción al funcionamiento económico, lo cual en un caso de salto de los contagios puede ser un hecho criminal.

La designación de Martín Soria como ministro de Justicia debe entenderse a la luz de estos choques. El nuevo casillero que logró ocupar la vicepresidenta nada tiene que ver con hacer frente a las necesidades imperiosas que enfrenta la mayoría de la población. Al contrario, no pasa de una maniobra de autopreservación de su propia camarilla, empezando por ella misma y su familia.

El 24 a las calles y plazas

Para los trabajadores se presenta el desafío de hacer frente a este deterioro sistemático de su nivel de vida, en el cuadro de una pandemia cuyos capítulos próximos pueden ser más graves que los ya vistos. Para ello es necesario darle la espalda a la polarización que tratan de armar el gobierno y la oposición de derecha, ambos responsables de la crisis que han generado quienes nos han gobernado en las últimas décadas. Las grandes acciones del movimiento piquetero muestran las reservas de lucha del pueblo, que pueden desarrollarse con mayor fuerza allí donde existen organizaciones independientes que no se someten a la cooptación estatal. Es necesario traducir esa misma experiencia en los sindicatos, en el movimiento de la mujer, en la juventud y en todo el movimiento popular. Una primera batalla será el 24 de marzo, donde debemos asegurar una movilización masiva ante la deserción de las organizaciones ligadas al oficialismo. Con las banderas contra la impunidad, la represión y el ajuste de ayer y de hoy, copemos la Plaza de Mayo y todos los centros políticos de poder del país.

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