Desde el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, dan cuenta de que el Polo Obrero fue objeto de escuchas, seguimientos y espionaje ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri.

No es una sorpresa que un gobierno antiobrero persiga a las organizaciones populares que encabezaron la lucha callejera más dura contra su política, entre ellas el Polo Obrero, que golpeó, muchas veces en soledad, las políticas de ajuste que llevaron a un crecimiento exponencial de la pobreza y la desocupación. Fueron usuales las amenazas de la exministra Stanley a los “piqueteros extorsionadores”, los ataques de los personajes como Feinmann y otros y la represión a varias movilizaciones y acampes del Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, por las cuales hoy están imputados Oscar Kuperman y Eduardo Belliboni. Todas estas acciones estaban precedidas, sin dudas, por la acción conspirativa desde los sótanos del Estado, que tiene una continuidad histórica ininterrumpida hasta el día de hoy.

La causa judicial de espionaje contra funcionarios del gobierno macrista, pone en evidencia que existe un esquema de seguimiento y escuchas ilegales, que tienen un objetivo de fondo: espiar al pueblo y a sus organizaciones. No hay un solo gobierno que haya prescindido de esta herramienta ilegal contra las organizaciones populares, en esta cuestión no hay grietas.

Más allá de los negocios extorsivos y maniobras políticas, que van desde la manipulación de la llamada opinión pública, hasta la extorsión económica de negocios privados y ajustes políticos que tiene el tema, este hecho pone de manifiesto lo sustancial: que el aparato conspirativo del Estado apunta especialmente contra los trabajadores y los luchadores populares .

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El aparato de espionaje no se desarmó nunca desde la dictadura asesina y continuó durante todos los gobiernos hasta la fecha, con el mismo objetivo, espiar a las organizaciones de los trabajadores que fueron sistemáticamente atacadas para defender los ajustes contra los intereses populares.

Solo la historia de Jaime Stiusso, ex SIDE , que recorrió todos los gobiernos, desde la dictadura de Videla pasando por Alfonsín, Menem, la Alianza hasta los Kirchner, muestra la continuidad de un método. Todos usaron sus servicios y fueron parte de un sistema que huele a podrido por todos lados.

La utilización de estos métodos ilegales y corruptos han sido la marca registrada de todos los gobiernos : la infiltración en las organizaciones llega hasta los organismos de derechos humanos, desde el asesino Astiz contra las Madres de Plaza de Mayo, hasta las casos como el del “periodista” Américo Balbuena, el oficial mayor de Inteligencia de la Policía Federal infiltrado en la Agencia de noticias Rodolfo Walsh , durante el ministerio de Nilda Garre, en el gobierno de CFK, que mostró que se espiaban organizaciones populares y de derechos humanos.

Lo que también se repite es la impunidad de los funcionarios y agentes de estos “servicios”, nunca hay culpables presos de estos accionares ilegales y mafiosos. El caso emblemático es, otra vez, Stiusso, que camina nuestras calles sin problemas luego de más de 40 años de “servicios” al Estado capitalista.

Hoy tenemos a los Berni, que se muestran como los pichones de Bolsonaro, en medio de una enorme crisis social, que son la cara visible de una represión a las luchas que siempre fue precedida por la acción de los “servicios”. Sin ir más lejos el propio Berni actuó como infiltrado en la huelga minera de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, en 1994.

Pero la continuidad de los servicios y la represión son sistemáticas.

La Alianza de De La Rúa y Chacho Alvarez mandó a espiar al Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados realizado el 16 de diciembre del 2000 en Fatpren, vehiculizado por el ministro de Interios, Federico Storani y otros funcionarios, como el secretario de Seguridad Mathov. El ministro se basó en un informe de espionaje caratulado “cónclave de piqueteros” para “enviar señales de alerta a las fuerzas de seguridad (…) porque no se trata de movilizaciones espontáneas” (Clarín, 26/12/2000). Antes, Storani había debutado mandando a la Gendarmería al puente interprovincial que une las provincias de Corrientes y el Chaco, donde se produjeron las muertes de dos trabajadores: Francisco Escobar de 25 años y Mario Ojeda de 29.

Los asesinatos de Maxi y Darío, fueron precedidos por infiltraciones e informes de “inteligencia” encargados por el gobierno de Eduardo Duhalde vía sus funcionarios Aníbal Fernández y Juan José Alvárez a la Asamblea Nacional de Trabajadores del estadio Gática (que votaría un plan de lucha), que prepararon y ejecutaron la masacre del Puente Pueyrredón. Luego Néstor Kirchner, ya en la presidencia, les prometió a los familiares de las víctimas abrir los archivos de la SIDE para que avance la causa. Hace unos días, 18 años después de la masacre. Alberto Santillán, el padre de Darío, denunció que nunca lo hizo.

El crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra , estuvo precedido por todo tipo de operaciones de los servicios y las fuerzas represivas que sostuvieron la complicidad y el ocultamiento de pruebas que se vieron en el juicio, que gracias a la enorme movilización popular termino con la patota de Pedraza en la cárcel.

Ya en el gobierno de los Fernández, la “garantista” ministra de Seguridad, Sabina Frederic, defendió el ciberpatrullaje para “detectar el humor social”, lo que confirma que el gobierno de Todos se vale de los mismos métodos para perseguir y eventualmente reprimir las luchas populares.

Si la gendarmería sigue asesinando pibes en las barriadas, las policías reprimen como en Mendoza a los municipales, o como en Chaco, que se propinan golpizas y abusos a familias qom, se pone en evidencia la continuidad, en el Estado, de su esencia represiva contra la población a pesar del cambio de gobierno. Lo mismo cabe esperar de los servicios, probablemente el recoveco más oscuro del Estado.

Los compañeros del Polo Obrero nos presentamos como querellantes en la causa de los espías de Macri para denunciar el accionar represivo contra los trabajadores y contra nuestros compañeros, como parte de la lucha popular contra el Estado capitalista, que en sus diferentes formas y características es un aparato de conspiración contra las masas populares, más aún en el marco de la enorme crisis social y económica y política que atraviesa la humanidad.

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