Según informa Ámbito Financiero en su edición dominical (1/8), la cartera de Trabajo a cargo de Claudio Moroni evalúa disposiciones que habiliten los empresarios a sancionar a los trabajadores que no quieran vacunarse contra el Covid-19. La cuestión de las reticencias que opone un sector de la población a ser inmunizada, con sus matices, expresa una problemática a nivel internacional, a la cual los gobiernos y los capitalistas responden de forma coercitiva.

Efectivamente, el gobierno nacional aborda el tema directamente desde la óptica patronal: qué hacer con empleados que se niegan a ser inoculados, tanto en caso de que estos se rehúsen a presentarse a sus puestos por riesgo sanitario como de que sea la empresa la que se resista a reintegrarlos dentro del lugar de trabajo. Es decir que no se trata como un problema de salud pública, en cuanto acicatea la circulación del virus, sino exclusivamente como una dificultad a la normalización de la actividad y rentabilidad empresaria. El mismo punto de vista se utilizó en la resolución conjunta de Salud y Trabajo emitida en abril, para obligar a aquellos que reciben una dosis a retomar su labor.

Según el artículo que mencionamos, la vía para dar curso a la potestad patronal de aplicar sanciones sería el recurso a la obligación de “obrar de buena fe” por parte de empleadores y empleados establecida en el artículo 63 de la Ley de Contratos de Trabajo; un concepto jurídico ciertamente indefinible -y endeble, ya que por ejemplo los motivos religiosos no podrían ser enmarcados allí. La versión periodística afirma que la resolución habilitaría la suspensión del pago salarial, pero va de suyo que por esa vía solo es cuestión de tiempo que culmine en la desvinculación laboral. De esta manera, una colaboración como mínimo incierta al avance de la inmunización de la población daría piedra libre a reestructuraciones patronales y reducciones de personal, en medio de una ola de despidos.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, es uno de los que en la agenda internacional ha tomado la batuta de esta orientación, con la presentación de un proyecto de ley para despedir a aquellos que no accedan a ser vacunados. El hecho de que el gobierno de Alberto Fernández analice una disposición similar cuando la enorme mayoría de la población trabajadora de Argentina aún no recibió las dos dosis retrata además que la pretensión de normalización está floja de papeles, y no responde a criterios sanitarios.

La conducción de la CGT ya aceptó la eliminación de las dispensas y la imposición de volver al trabajo a personas con factores de riesgo a pesar de contar con una sola inyección, y su concepción del asunto acerca de quienes se niegan a vacunarse comparte el mismo punto de vista de los capitalistas. Pero para el movimiento obrero semejante antecedente de la utilización de esta difusa figura de la “buena fe” como aval para las sanciones de la patronal es una amenaza, que incluso terceriza en los capitalistas potestades coercitivas a base de lo que son en realidad aspectos de la función estatal por interés público.

Esta preocupación oficial (por blindar a los empresarios) no se condice con el ajuste a la salud en vísperas de una tercera ola apalancada por la variante Delta, la luz verde para el aumento de las prepagas o el uso de los Derechos Especiales de Giro en pagarle al propio FMI y no en hacer frente a la pandemia. Por lo demás, nada aportaría esta resolución (contradictoria con el carácter no obligatorio del operativo de vacunación) a la inmunización, en un país donde la desocupación y la precarización laboral abarcan al grueso de la clase obrera.

La cuestión solo puede ser afrontada mediante el recurso de la persuasión, explicando a las familias trabajadoras la necesidad imperiosa de una inmunidad colectiva. Claro, poco colaboran a ello el gobierno del Frente de Todos y la oposición derechista de Juntos por el Cambio, así como los grandes medios de comunicación. Unos con la firma de contratos confidenciales y leoninos con pulpos famacéuticos a los que se les garantiza inmunidad… por todos los efectos adversos que puedan acarrear las inoculaciones; otros batiendo el parche como lobbistas particulares de Pfizer adjudicando a las fórmulas del resto de los laboratorios hasta consecuencias letales.

Mucho más sencillo sería argumentar antes aquellos sectores reticentes si se hubiesen liberado las patentes y no se suscribieran contratos secretos, y aún más si primara la inversión en el desarrollo de los proyectos de una vacuna nacional y su producción pública bajo supervisión de comités de obreros y científicos. Haría falta además desplegar una amplia campaña de explicación, que incluso exceda el marco oficial: los sindicatos podrían jugar un papel fundamental en el impulso de la deliberación entre los trabajadores sobre la importancia de inmunizarse.

Por supuesto, es un horizonte que escapa a la burocracia sindical, como escapa a su vez la defensa de las mismas condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, y la potestad de los trabajadores de hacerlas respetar: lo cual es, junto con las licencias a todo el personal con factores de riesgo, la más elemental medida de resguardo de la salud de las familias de la clase obrera. El movimiento obrero debe rechazar de plano cualquier avance coercitivo contra los salarios y los puestos de trabajo, lo cual es en buena medida un acto de salud pública.

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