“Para ganar plata hay que evadir impuestos”, estas fueron las polémicas declaraciones de Mauricio Macri en una reciente entrevista televisiva para La Nación+. A su turno, Victoria Tolosa Paz, candidata del Frente de Todos, opinó sobre los dichos del expresidente y manifestó que “hay una Argentina posible que es la que construyen todos los días los que pagan sus impuestos y fortalecen al fisco”. Ahora bien, lo cierto es que la política tributaria de Juntos por el Cambio y el oficialismo a la hora de gobernar converge en un punto central: ambos acuerdan en depositar el grueso de la carga impositiva del país sobre las espaldas de los trabajadores.

Macri, al afirmar que “hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital” busca mostrarse como el principal portavoz de los reclamos patronales, que exigen mayores exenciones impositivas en función de incrementar su rentabilidad. A su vez, pretende justificarse en su propio papel de empresario evasor; no olvidemos que carga con una causa en su contra por los 4 millones de dólares sin declarar encontrados en Suiza a nombre de una sociedad offshore. Los dichos del exmandatario son directamente un llamamiento a estafar al fisco.

No obstante, en su crítica, Tolosa Paz omite que quienes “fortalecen al fisco” en el gobierno actual son principalmente los sectores populares por medio del pago de impuestos regresivos al consumo, como el IVA, y no las grandes empresas. Sin ir más lejos, el informe sobre la recaudación tributaria de agosto arroja que lo recolectado a través del IVA aumentó un 75,9% interanual y representa el 27% del ingreso total del mes. Vale destacar que fue el propio Alberto Fernández el que repuso el IVA en los alimentos que componen la Canasta Básica, al inicio de su mandato. Como contrapartida, lo recaudado en Bienes Personales -impuesto que pagan aquellos que poseen patrimonios- significó apenas el 5% de los ingresos fiscales de agosto. Por su parte, los derechos a la exportación (retenciones) conforman tan solo el 8% de la recaudación mensual.

Es preciso aclarar que la evasión impositiva es propia de la clase capitalista, que maneja los resortes de la economía del país, y no de los trabajadores, cuyos ingresos se ven diariamente confiscados por parte de las patronales y el Estado. Tolosa Paz vocifera contra la evasión fiscal de las grandes empresas, sin embargo, prácticas como la subdeclaración impositiva o el registro de empresas en paraísos fiscales persisten en la actualidad y el oficialismo no se ha propuesto modificar esta situación. Para ello debería proceder a abrir los libros de las empresas, medida que el gobierno es incapaz de tomar ya que su política está completamente subordinada a los intereses patronales. Sin más lejos, Alberto Fernández defiende que la concesión de la Hidrovía del Paraná permanezca en manos privadas, dando vía libre a que los monopolios que controlan el comercio exterior de la región continúen incurriendo en todo tipo de desfalcos al Estado, por medio del contrabando y la subfacturación de exportaciones.

Por otro lado, existe también la “evasión legal” que llevan adelante los capitalistas. Sucede que en varios casos el gobierno cede ante el reclamo de rebajas impositivas que realiza la burguesía, viabilizando así regímenes tributarios a medida de ciertas ramas de la economía. En ese sentido, el Ejecutivo acaba de presentar dos proyectos de ley que contemplan una serie de beneficios fiscales tanto para la industria automotriz como para las petroleras. También gozan de ventajas impositivas sectores como la agroindustria, la actividad minera, entre otros.

Sin embargo, el afán de la clase capitalista de reducir la carga impositiva choca con la realidad de un Estado en quiebra, fruto de décadas de vaciamiento a través de la fuga de capitales constante bajo todos los gobiernos. Por lo tanto, una política orientada al pago de la deuda exige del cobro de impuestos para poder llevarse adelante; este es el motivo por el cual Macri fracasó en implementar a fondo la reforma tributaria votada en 2017. Desenvolverla hasta el final hubiera implicado reducir salarios estatales y jubilaciones (y el conjunto del gasto público) al paroxismo, con lo que un ataque de esas características hubiera desatado una conflagración con el movimiento popular que el gobierno no estaba en condiciones de afrontar.

Ante la misma encerrona se halla ahora Alberto Fernández, en la antesala de un acuerdo con el FMI. El FMI reclama garantías de cobro que chocan de frente con una rebaja impositiva. En recientes versiones periodísticas, inclusive surgió la posibilidad de una suba de impuestos, que podría estar en carpeta para reducir el déficit el año que viene. De hecho, las últimas medidas en materia impositiva, como la creación del Impuesto País para quienes compran moneda extranjera o el descongelamiento de Ingresos Brutos, son parte de esta misma hoja de ruta dictada por el FMI. En definitiva, el “síndrome de la sábana corta” le impide al oficialismo poder contentar a todos los representantes del capital, generando choques entre la propia burguesía.

A fin de cuentas, somos los trabajadores los más perjudicados por este régimen de saqueo. Resulta necesario, entonces, construir una salida política que ponga por delante los intereses de las mayorías. Para ello, es preciso abolir el IVA y los impuestos a la vivienda única, anular el impuesto al salario y reponer los aportes patronales. Planteamos que el financiamiento del Estado debe recaer integralmente en la clase capitalista. En ese sentido, vamos por un impuesto permanente y progresivo al gran capital y la apertura de los libros de aquellas empresas que incurran en la evasión fiscal. Consiste en un programa al servicio de que la recaudación tributaria del país esté dirigida a impulsar el desarrollo nacional y satisfacer las necesidades populares, donde la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria son requisitos de primer orden.

 

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