La Secretaría de Comercio Interior resolvió la extensión hasta el 15 de mayo del programa Precios Máximos, como un intento del gobierno de contener la escalada inflacionaria. A la vista, se trata de una medida insuficiente dado que la Canasta Básica Alimentaria superó 10 puntos la inflación anual en el 2020; y por otra parte, sobran los mecanismos empresariales para eludirla.

El programa ya ha sufrido modificaciones a pedido de las empresas alimenticias: en julio y octubre del año pasado tuvo un aumento del 4% y el 9%, respectivamente. Además, la cantidad de productos incluidos en el mismo se redujo considerablemente en noviembre 2020 y en enero y febrero de este año. De todas maneras, los empresarios acusan que los precios tienen un atraso del 25% y presionan para que se desmantele la regulación.

Cabe destacar, que estos sectores apelan a múltiples maniobras para burlar los Precios Máximos. Por un lado, las grandes alimenticias han sacado al mercado productos “novedosos”, cuyos precios no están incluidos dentro del control estatal, los cuales van ganando lugar en las góndolas en detrimento de los que sí tienen precios regulados. También incurren en provocar escasez o bajar la calidad de los productos que cumplen con el precio oficial. Otro recurso, como en el caso del aceite, ha sido cambiar el rótulo de la categoría a la cual pertenece el producto para sortear los controles. Como se ve, el control gubernamental hacia las patronales deja mucho que desear.

Con esto se explica que en la “canasta góndola” se hayan registrado aumentos del 22,8% durante el 2020, según el Indec, cuando el aumento “formal” que rigió para los Precios Máximos fue de un 13%. Dentro de dicha canasta, alimentos y bebidas aumentaron un 23,5%; harinas, derivados y cereales un 26,6%; aceites y manteca un 24,1%; y artículos de limpieza un 16,4%. Los precios que más se incrementaron en el transcurso del año pasado fueron el de la carne en un 55,6%; el de las frutas en un 64,4% y el de las hortalizas en un 58%; sin embargo, estos productos, en su mayoría, están por fuera del control de precios.

Por otro lado, la naturaleza del programa refleja la imposibilidad por parte la clase trabajadora de acceder a una alimentación de calidad. Carecen de regulación la inmensa mayoría de los alimentos frescos, y en segundo lugar, según un informe de la UCA, el 75% de los alimentos contemplados en el control de precios contienen exceso de calorías, grasas, azúcares y sodio.

Así las cosas, la Canasta Básica Alimentaria, que tuvo un alza del 45% en 2020, hoy se encuentra en $24.575, mientras el Salario Mínimo, Vital y Móvil en Argentina se halla en $21.600. Finalmente, el mentado control de precios y salarios que enarbola el gobierno resulta útil para congelar este último a -través de paritarias a la baja, pactadas con las burocracias sindicales- mientras los precios experimentan un alza continua.

Un aspecto que muestra lo superficial de esta política es que deja afuera a los precios mayoristas, es decir, el de los insumos que se abastecen al resto de la cadena productiva los cuales subieron un 6,1% en febrero de este año. Incluso, funcionarios del gobierno se han cansado de aclarar que se trata de una medida provisoria que se irá desarticulando paulatinamente. Esto, sin dudas, significará un salto inflacionario enorme y un golpe al bolsillo de los trabajadores.

Lo explica que la regulación de precios haya prevalecido, es que le permite al gobierno ocultar su propia responsabilidad en la inflación creciente (a través de sucesivos naftazos, por ejemplo) atribuyéndosela exclusivamente a los empresarios, quienes lógicamente contribuyen en que exista una inflación mensual del 4%, de lo cual el gobierno también es responsable, en la medida que avala todas las conductas patronales. Además, el oficialismo es consciente que un aumento exponencial en los precios, en caso de eliminar las regulaciones, puede derivar en una profundización de los choques sociales, escenario que, por supuesto, prefiere evitar.

Las principales empresas alimenticias ya anunciaron que recurrirán a la Justicia para no cumplir con lo que establece el nuevo Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que busca recoger informes sobre los precios, las ventas y el stock de los privados. El gobierno, acostumbrado a ceder frente a las demandas del gran capital, seguramente permita que las patronales sorteen la disposición sin problemas.

Está a la vista el carácter infructuoso de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández relativas a contener la inflación. Son necesarias políticas más radicalizadas para proceder a un real control de los precios, como la apertura de los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos reales, junto con la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior. Estas resoluciones forman parte de un programa de salida a la crisis por parte de la clase trabajadora, el cual también incluye romper con el FMI y repudiar la deuda externa usuraria para reorganizar la economía nacional sobre nuevas bases.

 

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