Este miércoles 23 se celebró la apertura del Congreso Nacional Bancario. La misma contó con la presencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que fueron a convalidar la actualización paritaria de la burocracia del gremio que conduce Sergio Palazzo.

Allí, Fernández aprovechó la ocasión para dar un discurso prácticamente en clave de campaña electoral. Y no es menor. Palazzo es parte de la mesa chica del gobierno entre los burócratas. El presidente insistió en sus dichos en señalar que “lo que más le importa es que los salarios no se retrasen, que le ganen a la inflación”. Palabras en la misma línea a las del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había postulado que “este año los salarios le ganan a la inflación”.

Horas atrás, la burocracia de la Bancaria conducida por Palazzo se había apresurado a cerrar la actualización paritaria para poder presentarla, en sintonía con el discurso del presidente, como todo un suceso en defensa del salario frente al avance de la inflación. Pero es una superchería.

A fines del año pasado, el gobierno nacional estimó una inflación anual para 2021 de un 29%. Esto no solo demostró su falsedad ante el galope inflacionario incontrolable, también probó que fue una maniobra para cerrar las paritarias cerca de ese porcentaje, lo cual, atendiendo al primero, se traduce en una desvalorización brutal del salario. La Asociación Bancaria fue el primer gremio que corrió a poner la firma en este denominado “acuerdo de precios y salarios”, tratando de apurar a los demás sectores de la burocracia sindical a seguir su camino.

Pero fue Palazzo también el primero en pedir el adelanto de la cláusula de revisión, ya que la aceleración inflacionaria no da tregua y los conflictos obreros en ascenso ponen en tela de juicio el rol de inmovilización de la burocracia sindical ante el desarrollo de la carestía. El cierre en un 45% no es buen augurio tampoco. De mantenerse los aumentos en este ritmo, el 2021 culminará con un acumulado de al menos un 52% en la inflación. Sin embargo, resta observar qué ocurrirá después de las elecciones, ya que el gobierno está concentrando sobrados esfuerzos en contener las tendencias económicas que conducen a un salto todavía mayor hasta entonces.

No hay que dejarle pasar a Fernández ninguno de los puntos de su engañifa. En el último informe del Indec, el salario promedio en la Argentina se ubicaba, para fines de 2020, rondando los $36.000. El 60% de los salarios llegaba incluso a $30.000 como tope. Con una canasta básica total cercana hoy día a los $65.000, una actualización salarial del 45% al salario promedio lo colocaría para fines de 2021 en $52.200. ¡Ni siquiera supera la línea de pobreza de junio, que para entonces habrá aumentado todavía más! Es lo que explica también que el salario mínimo llegará en julio a $25.500, mientras la canasta alimentaria, que mide la línea de indigencia, se ubica actualmente en $27.500.

Alberto habla, además, “como un patrón” él mismo. Uno de los pilares en la agenda económica que el Fondo Monetario reclama sobre las cuentas nacionales es el achique del déficit fiscal. Tanto el gobierno nacional que él lidera como los gobiernos provinciales han suplido esta consigna ajustando las jubilaciones y los salarios de los trabajadores del Estado. Así fue que las burocracias de Ate y Upcn cerraron, por ejemplo, una paritaria del 35%: los salarios de los trabajadores estatales claramente van a quedar muy por debajo de la inflación, porque lo que verdaderamente “le importa” a Alberto es cumplir con el FMI, y eso solo puede darse sobre la base de un ajuste colosal a las condiciones de vida de los trabajadores.

Como se puede ver, los números desmienten por todos lados al gobierno. Hoy cuanto menos la mitad de los trabajadores perciben sueldos de pobreza, mientras que en el caso del salario y las jubilaciones mínimas hablamos directamente de indigencia. En la vereda opuesta, las patronales no solo gozan de los acuerdos facilitados por la burocracia y el gobierno para trasladar el costo de la inflación a la desvalorización de los salarios; también gozan de su complicidad para suspender, despedir, precarizar y obtener todo tipo de beneficios, exenciones impositivas o estímulos fiscales a libro cerrado. Un contraste evidente.

El gobierno de los Fernández y los Kicillof tiene un punto de apoyo estratégico en sus socios de la burocracia sindical, como es el caso del propio Palazzo. El plan de ajuste que reclaman el FMI, los acreedores y el conjunto de la clase capitalista no puede llevarse a cabo sino a través de un ataque sistemático sobre las ya derruidas condiciones de vida de los trabajadores argentinos. Las estadísticas de la miseria social (42% de pobreza, 10,5% de indigencia) se anotan en ese sentido, porque son el retrato de las cada vez mayores dificultades de la población laboriosa de sustentar el costo de vida mes a mes.

La situación insostenible que padecen las familias trabajadoras del país debe tener su punto final en una recomposición salarial genuina y paritarias indexadas a la inflación. Para este propósito se hace necesario romper el cerco de la burocracia sindical, que es la pata del gobierno y de las patronales al interior de las organizaciones sindicales.

Redoblamos entonces el llamado y la importancia de un gran congreso del Frente de Izquierda – Unidad, que sirva como reagrupamiento de la vanguardia de la clase obrera para irrumpir con este planteo ante la crisis de todo el régimen fondomonetarista.