Jorge Ferraresi, hasta ayer ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, dio un paso al costado de la cartera. Volverá a Avellaneda, donde fue intendente hasta su salto al gabinete nacional, y reemplazará a su delfín Alejo Chornobroff. El funcionario responsable de dar respuestas a la crítica situación habitacional que atraviesa el país pegó el portazo dejando un saldo de ajuste en vivienda, desalojos y negociados inmobiliarios.

Ferraresi desembarcó en el Ministerio de Desarrollo Territorial reemplazando a María Eugenia Bielsa. Su designación se dio entre las primeras muestras de la crisis política que hoy prende fuego a la coalición oficialista: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntaló el relevo con una misiva en la que disparaba que “había funcionarios que no funcionaban” en el ejecutivo nacional.

Su nombramiento tuvo lugar en las semanas posteriores al desalojo en Guernica. Aquel operativo fue ejecutado con Sergio Berni a la cabeza por el gobierno de Axel Kicillof, un baluarte kirchnerista que hizo de la brutalidad represiva para desahuciar gente sin techo un patrimonio político. Naturalmente, el intento de Cristina de poner la lupa sobre Bielsa tenía patas muy cortas, aunque su aval a Ferraresi, una figura de “conciliación” en la interna, terminó por dejar las cosas claras. El avellanedense no solo fue una expresión de la misma política, sino que la profundizó.

Sin ir más lejos, venimos de un ajuste reciente de $50 mil millones sobre el presupuesto de políticas de vivienda, que afecta primordialmente al Procrear. En ese sentido, vale recordar que todos los recortes dispuestos por Economía sobre el ejercicio 2022 fueron sobre la base de poner a disposición del Tesoro las erogaciones subejecutadas. Esto deja en offside al ministro y a una cartera que no movilizó recursos para atender un hacinamiento que alcanza al 22,3% de los hogares, a un 17,8% de viviendas edificadas con materiales catalogados “insuficientes”, un 43,6% que no accede a servicios básicos, un 11,5% con saneamiento inadecuado, 400.000 domicilios cerca de basurales, 600.000 en zonas insalubres y la existencia de más de 4.000 villas.

El ministro se va sin tampoco dar explicaciones sobre por qué de las 55.000 viviendas que Alberto Fernández prometió entregar antes de concluir su mandato siquiera finalizaron 1.000. Esto se debe, fundamentalmente, a que su compromiso no fue con la población que padece la crisis habitacional, sino con el gobierno ajustador. Pero es un dato interesante que mientras más del 17% de la población es inquilina, y sufre en carne propia los resultados expulsivos de los negociados inmobiliarios, estos fueron los que hicieron a Ferraresi el ministro más rico del gabinete al momento de asumir.

Es lo que denunciamos hace un año, con el repaso del prontuario de Ferraresi como dueño de las constructoras Saek y Prociv, sus casos escandalosos de corrupción y el repaso de las propiedades “flojas de papeles” valuadas por $19 millones que representaron la mitad de su fortuna declarada al asumir como ministro. Así regresa una vez más a desempeñarse como intendente de Avellaneda, distrito donde la Bonaerense desalojó el mes pasado a decenas de familias a metros de la estación del ferrocarril, y que es un verdadero reinado de la especulación en materia de vivienda con el Elefante Blanco como prueba irrefutable en pleno centro de la ciudad.

Otra vez más estamos ante un reemplazo de nombres, más no de política. Maggiotti asume para profundizar el ajuste en vivienda al servicio de cumplir con el FMI y para que continúen los desalojos al servicio del negocio inmobiliario, un horizonte que comparten el gobierno nacional, los provinciales y los municipales. Para conquistar el derecho a la vivienda digna es imperioso, ante todo, deshacernos de los políticos capitalistas. Por esta tarea el próximo sábado el Partido Obrero llenará la Plaza de Mayo y las principales plazas del país.

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