Las sucursales de la Anses están recibiendo, en todo el país, a miles de trabajadores que buscan inscribirse para obtener el nuevo bono anunciado por el gobierno, a pesar de las restricciones que fueron fijadas para su asignación. En ciudades como Córdoba, Formosa, Salta o Tucumán, se han registrado más de tres cuadras de cola. Esto ocurre, asimismo, cuando el proceso de inscripción todavía no finalizó y la plataforma web de la Anses llegó a superar los 200.000 puestos de espera para realizar el trámite. Se trata de situaciones que muestran la magnitud que ha adquirido el derrumbe social y económico en Argentina.

El bono es de $45.000 y se cobrará en dos cuotas, en noviembre y diciembre. El monto es inferior a la Canasta Básica Alimentaria (tomada como línea de indigencia), la cual en septiembre se ubicó en $56.732. La inscripción tiene un carácter ultrarrestrictivo, porque no lo pueden cobrar quienes ya perciben un programa social o cualquier tipo de asistencia, o aquellos que directamente poseen ingresos o propiedad alguna, entre otros ítems. Estamos ante un bono para “indigentes” que no será cobrado ni siquiera por los mismos indigentes. Con esta política, el gobierno nacional pretende ocultar que es su política de ajuste la que hambrea a la población, por caso el salario mínimo y la jubilación mínima se encuentran cada vez más lejos del umbral de la indigencia, y el salario promedio sigue cayendo respecto a la línea de pobreza.

Es una política de distribución de la miseria, en el marco de un crecimiento de la indigencia, que alcanza al 8,8% de la clase obrera argentina, o sea, a casi 4,1 millones de personas si se proyecta a escala nacional el porcentaje en cuestión. Según un estudio realizado por el Centro de Almaceneros de Córdoba, una familia tipo con ingresos de hasta $60.000 mensuales destina casi un 68% de estos a la compra de alimentos y, aún así, consume 140 kilos de alimentos en vez de 168, como recomienda el Indec a través de su canasta nutricional.

A su vez, el mismo trabajo reflejó que en una familia similar cuyo ingreso asciende hasta los $160.000 (equivalente a poco más de la suma de tres salarios mínimos), el 23% de los adultos no desayuna (este fenómeno se replica en el 14% de los menores), el 6% no almuerza (3% en los niños), el 36% no merienda (cae a 22% en los menores) y el 27% no cena, porcentaje que se reduce a un 8% en los niños (BAE Negocios, 24/10). El paper aborda el problema en familias con otro tipo de ingresos y en esos casos se expresa, con sus particularidades, la misma tendencia a la deficiencia alimentaria y al deterioro nutricional.

La inflación, entretanto, está destruyendo el poder adquisitivo de los salarios. Algunos analistas han dicho que el precio de los alimentos y las bebidas cerrará en octubre con un incremento superior al 7%, quedando nuevamente por encima del índice de precios general. Esto tendrá un impacto brutal sobre los sectores más explotados del país; en los barrios populares 7 de cada 10 personas sufren lo que se conoce como inseguridad alimentaria. La miseria social imperante es un producto de la política de los capitalistas y sus gobiernos, y de la bancarrota del régimen social vigente, que no puede absorber al ejército de desocupados que existe en Argentina ni dar salida a las necesidades más elementales de las masas.

Redoblemos la lucha por aumentos salariales, por un verdadero seguro al desocupado y para terminar con la pobreza.

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