El 1 de agosto de 2017 un operativo represivo de más de treinta efectivos de Gendarmería desalojó un corte de la Ruta 40 a la altura de Pu Lof Cushamen, Chubut, del que participaba un puñado de personas. Luego los gendarmes ingresaron violentamente al terreno aledaño y persiguieron a los manifestantes hasta las aguas del Río Chubut, donde aparecería 78 días después el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. El operativo había sido planificado el día anterior en una reunión de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en la que participó Pablo Nocetti, entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich.

Nocetti había sido enviado especialmente con ese objetivo. La reunión se realizó como parte del plan, anunciado meses antes por Bullrich, para terminar con la “RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), concebida como una amenaza a los negocios petroleros de la zona y a la que vinculaban directamente a Jones Huala, por cuya libertad pedía la manifestación del 1 de agosto. En esa reunión del 30 de julio, Nocetti brindó el marco político y la directiva para el accionar por flagrancia a las fuerzas de seguridad. Así de hecho lo sostuvo en una entrevista radial el mismo 30 de julio. Horas después del desalojo, Nocetti fue fotografiado visitando la zona de la ruta 40.

Nocetti, Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería, y Ernesto Robino, otro jerarca, fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad que dirige Sabina Frederic. La denuncia plantea la ilegalidad de las acciones llevadas a cabo el 1 de agosto dado que no se encontraba vigente el protocolo para el accionar de las fuerzas de seguridad que promovía Bullrich. Y sostiene que las autoridades políticas interfirieron en el accionar de la Justicia, en este caso del juez Guido Otranto que fue quién había ordenado el despeje de la ruta 40. Los jefes de Gendarmería son señalados por obstaculizar la investigación en la causa, de la cual estaban a cargo.

El informe sostiene que Nocetti desoyó recomendaciones y empleó efectivos que no se encontraban preparados ni equipados para la acción y que la sumatoria de presiones tuvo como desenlace la muerte de Santiago Maldonado. Esta denuncia se inscribe en la línea de la denuncia por desaparición forzada de Santiago Maldonado, carátula bajo la cual su familia y abogados solicitan que se continúe la investigación de la causa y se juzgue a los responsables.
Como denunciamos desde el primer momento, la responsabilidad de los hechos del 1 de agosto llega hasta la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, principal responsable y promotora de la orientación que llevó Nocetti a las fuerzas de seguridad federales y policías de Neuquén y Chubut y su aplicación efectiva, que terminó con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado.

El 1 de agosto, Sergio Maldonado informó en la red social Twitter que han conformado un Grupo de Expertos Independientes, integrado por Miembros de México, Colombia y Chile para elaborar un informe que desentrañe las mentiras construidas desde el 1º de agosto de 2017 hasta el 24 de noviembre para el encubrimiento de la causa, como habían solicitado y está pendiente en el expediente judicial.

La movilización independiente es fundamental para conseguir verdad y justicia en la causa de Santiago Maldonado. Como denunciamos este 1 de agosto cuando se cumplieron tres años de
impunidad #ElEstadoEsResponsable.

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