Las empresas del sector automotriz y la conducción del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor alertaron, en una carta a Miguel Pesce presidente del Banco Central que, de continuar la restricción de dólares para producir, el resultado será “paradas de producción, suspensión del personal de toda la cadena productiva (aproximadamente unos 80 mil), como así también un impacto negativo muy significativo en las exportaciones y en el índice de la actividad industrial (IPI) a partir de mayo”

El reclamo es a raíz de una decisión del Banco Central, la comunicación “A7466”, que segmentó el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para pagar importaciones de autopartes e insumos para la industria automotriz. Con la nueva resolución, la entidad que dirige Pesce dividió esas SIMI’s en dos categorías: la “A”, que libera los dólares de manera automática, y la “B”, que exige esperar 180 días antes de poder pagar al proveedor. Ahora, a las autopartistas se les está terminando el cupo de SIMI’s “A”, es decir, de dólares liberados en forma inmediata. Esas empresas son las que están avisando que sus proveedores no les aceptan esperar seis meses extra para cobrar y que, por lo tanto, ya no podrán seguir produciendo.

Mientras tanto, las patronales amenazan con el cese de las exportaciones y la burocracia del Smata cierra filas con las automotrices abriendo el paraguas para hacer pasar las suspensiones, desarmando al colectivo obrero de las automotrices de cara al ataque que se pueda abrir producto del parate de la industria.

Las restricciones a las importaciones -que el FMI promueve reforzar para atesorar divisas como garantía de repago de la deuda– y el cepo cambiario son el resultado de la bancarrota del Banco Central, fruto de la fuga de capitales incesante. Las resoluciones como la “A7466” van en este sentido y promueven una tendencia recesiva para todas las esferas de la industria. El drenaje de divisas constante y las consecuentes trabas para importar son factores de dislocamiento de la economía Argentina que profundizan la recesión, puesto que la industria local es altamente dependiente de los componentes importados, como es el caso de la industria automotriz.

La crisis está signada por el acuerdo recesivo e inflacionario con el Fondo, donde se exige el acopio de reservas para garantizar el pago de la deuda, a costa del cese de importaciones y del derrumbe de la industria. Los mismos sectores capitalistas nacionales que presionaban por firmar cuanto antes un acuerdo con el FMI se topan ahora con los efectos del programa que este impulsa.

De la mano de la burocracia sindical, las patronales buscan descargar la crisis sobre los trabajadores y hacerles pagar el costo del choque entre los intereses del FMI y las patronales de la industria. El gobierno también forma parte de esta ofensiva, acordando con la UIA y la burocracia sindical paritarias de hambre, que pulverizan los salarios y pauperizan las condiciones de vida de los trabajadores, en pos de garantizar mano de obra barata.

Siguiendo los pasos que exige el FMI solo se profundiza un régimen de saqueo y pobreza. Para frenar la sangría de divisas hay que nacionalizar el comercio exterior, rompiendo con el FMI y rechazando la deuda usuraria, en función de destinar el ahorro nacional al desarrollo productivo del país orientado a resolver las necesidades de las mayorías populares. La reforma laboral es parte inseparable de una orientación contraria a todo desarrollo industrial.