El martes 1° comenzó en Diputados el tratamiento del proyecto para permitir y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (aborto legal). Al día siguiente, en la Cámara de Senadores comenzó en comisiones el tratamiento del referido al cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria. Es así que la agenda central de las próximas semanas está concentrada en el Congreso de la Nación.

En el caso del aborto legal, entró a la agenda como resultado de una incansable y pertinaz lucha del movimiento de mujeres y de la juventud, fundamentalmente, que se conoce como la Marea Verde. El gobierno de Alberto Fernández, luego de reiteradas postergaciones, debió finalmente presentar el proyecto y acelerar su tratamiento. Las repercusiones negativas en su propia base electoral de la política de ajuste, de la represión en Guernica y de todas las concesiones al gran capital y al imperialismo lo llevaron a la conclusión de que debía terminar con las dilaciones y cumplir con el compromiso hecho en campaña. Y así edulcorar una batería de ataque a las masas.

De todas maneras es claro que esto no garantiza que lo que se apruebe (si finalmente se llega a ello) responda a lo que el movimiento proaborto legal reclama. Que haya sido presentado para disipar la bronca por lo que es la esencia de la política del gobierno, pone serias dudas sobre su verdadera voluntad de defender ese derecho. Por empezar el proyecto presentado es una versión degradada del de la campaña nacional que fue el que guió el debate de 2018.

A su vez, las Iglesias han comenzado una fuerte campaña de movilización contra la ley. Mientras los antiderechos se muestran sumamente activos, el kirchnerismo y otras corrientes afines al gobierno que sostienen el derecho al aborto han abandonado las calles, concentrados en un debate dentro del Congreso, organizado para mostrar un equilibrio entre pros y contras.

La presión de la Iglesia en contra de la aprobación de seguro se va a manifestar, como mínimo, en la modificación de aspectos sustanciales como la objeción de conciencia, lo que puede convertir para muchas mujeres en simbólico el derecho al aborto, por las restricciones en la práctica de la interrupción voluntaria que puede significar, en el hospital público y más aún en la medicina privada.

La aprobación del aborto legal y su efectiva aplicación requieren imponerlo con la marea verde en las calles como sucedió en la media sanción de 2018; por último la composición del Congreso no cambió para suponer sin dudar que el proyecto sea aprobado.

Robo a los jubilados

Al mismo tiempo que en una Cámara del Congreso se da curso al debate sobre un reclamo popular, en la otra se está perpetrando un nuevo episodio de la saga del robo de los jubilados.

Como ya hemos explicado, el gobierno mandó un proyecto para modificar la fórmula de movilización, o sea la actualización de los haberes jubilatorios. Cuando se prevé una inflación de casi el 52% para el próximo año, cuando el 65% de los jubilados cobra la mínima de $ 19.035 y cerca del 70% no llega a $ 23.000, y la canasta básica del jubilado está calculada en $ 50.000 el gobierno presenta un proyecto que no tendrá en cuenta la inflación, se aleja aún más del salario en actividad y condiciona los aumentos a una recaudación previsional que viene en baja, como resultado de varios factores pero fundamentalmente de la disminución drástica de los aportes patronales. El concepto rector de las jubilaciones, es decir, que estas son un salario diferido queda definitivamente sepultado.

Como lo que se tendrá en cuenta es en parte la variación de los salarios y por el otro la evolución de la recaudación de la Anses y ambos conceptos están por debajo de la inflación, la operación del gobierno consiste en “desindexar” los haberes jubilatorios (y los planes sociales como la AUH), con el agravante que hasta ahora, según el proyecto, los aumentos al pasar de trimestrales a semestrales recargan aún más el costo de la inflación sobre los jubilados.

Los cambios al proyecto oficial que se estarían produciendo en el debate en el Senado muestran la preocupación que genera la reacción frente a semejante robo; así y todo se mantiene invariable el objetivo central de la “desindexación”.

La agitación contra la movilidad jubilatoria sobre el conjunto de los trabajadores que venimos realizando es la preparación de una acción de rechazo del proyecto que tendrá a las organizaciones de jubilados, los sindicatos y agrupaciones combativas y el Plenario del Sindicalismo Combativo a la cabeza, por un lado. Por otro, el Frente de Izquierda también movilizará en la jornada.

Apuntan contra el salario

La “desindexación” de las jubilaciones se extiende al conjunto de los trabajadores. Un cálculo (conservador) revela que por la depreciación de la masa salarial en relación al índice de precios al consumidor, el Estado nacional habrá confiscado entre 60.000 y 80.000 millones de pesos en el año. Si esto lo multiplicamos por los empleados de las provincias y de los municipios, las cifras pueden revelar la magnitud descomunal de lo que les han robado a los trabajadores, en este caso estatales. Esta es la orientación que impera en el presupuesto 2021 recientemente aprobado.

El ataque al salario no se concentra solo sobre los trabajadores estatales o los jubilados. El inicio de la 26° Conferencia Industrial de la UIA, “#Produciendo Argentina”, sirvió para que el sector industrial desplegara su programa. Luego de reconocer que el poder adquisitivo de los salarios es bajos, los capitostes de la UIA pasaron a reclamar contra el “alto costo laboral”.

Según la visión de la patronal industrial, la reducción drástica de los llamados aportes patronales no les alcanza. Las eximiciones de la contribución previsional son extremadamente amplias lo que revela que no es la vía de donde se pueda terminar de hacer una diferencia sustancial, será por eso que Funes de Rioja (el capo de la cámara patronal de la alimentación) indicó que “no pedimos que saquen un impuesto ya, pero sí que tracen una hoja de ruta de reducción, para así dar cierta garantía a quien invierte para producir”.

Al comparar el “costo laboral argentino” con el de la región el reclamo apunta a una desvalorización en dólares (devaluación) y por el otro a terminar con lo que queda de derechos para el trabajador en el régimen laboral.

Los capitalistas de la UIA pidieron avanzar en el consenso, elogiando el pacto armado con la CGT y el gobierno que les permitió sacar una enorme tajada en el marco de la pandemia. Lo hicieron también en la búsqueda de profundizar los acuerdos sectoriales que les permita ir gremio por gremio, fábrica por fábrica para avanzar en la flexibilización laboral.

Por eso saludaron calurosamente la presencia del secretario general de la UOM, Antonio Caló, quien escribió una nueva página en la entrega de la burocracia sindical. Enfáticamente manifestó su coincidencia de principios con la UIA, atando la suerte de la clase obrera a la de sus patrones, y acentuando la presión de estos para que los trabajadores cedan en sus reclamos: “creo que para que un sindicato sea grande tiene que haber empresas grandes”.

A su vez la cúpula de la CGT se reunía con Alberto Fernández con la misma política.

Para defender las condiciones de vida de los trabajadores, para impedir una destrucción mayor del salario e impedir un avance flexibilizador y precarizador del régimen laboral es necesario salir a la lucha. La política contraria a la de la burocracia sindical.

Eso es lo que hacen los trabajadores de la salud en prácticamente todo el país; los docentes bonaerense nucleados en el plenario multicolor que están preparando una gran movilización contra el presupuesto ajustador de Kicillof; los aceiteros con su paro nacional; los trabajadores de Gri Calviño contra la reforma laboral; las organizaciones piqueteras con movilizaciones cada vez más masivas que dan cuenta del avance de la pobreza en las barriadas; estatales nacionales, provinciales y municipales; los del Sutna que van contra el impuesto a las ganancias sobre el salario; los docentes y estatales mendocinos que debaten la necesidad de un paro general, son muestras de una disposición a la lucha que apoyamos y sostenemos lugar por lugar junto a la tarea de impulsar y preparar un paro nacional y un plan de lucha de conjunto. Que las organizaciones obreras rompan con el gobierno y con las patronales es una de las exigencias fundamentales en la lucha por la recuperación de los sindicatos y la expulsión de la burocracia sindical.

“Populismo ajustador” bajo mandato del FMI

El gobierno es consciente que su rumbo ajustador es inevitable pero que también lo coloca en una situación de precariedad, que le abre varios frentes de conflictos. Estos a su vez complican la orientación del gobierno que centró toda su perspectiva en cerrar el acuerdo con el FMI, lo cual calcula le abriría el acceso al mercado mundial de crédito; este es el reclamo de la burguesía.

Esta misma ilusión tuvo con respecto a los bonistas, pero cerrado el acuerdo no solo no se produjo el acceso al crédito sino que se agravó la situación con las caídas de las reservas del Banco Central, que hasta hoy continúa (según Ámbito las reservas líquidas están U$S 862 millones abajo tras el mes de noviembre, es decir, están usando parte de los depósitos en dólares).

La decisión del FMI de postergar un acuerdo a marzo o abril alarga la incertidumbre. El aumento de la soja y otros commodities provocó en el equipo económico otra ilusión: que esto permita sostener el dólar controlado, mantener la brecha cambiaria en niveles “aceptables” y no recurrir a una devaluación que terminaría desatando una hiperinflación y un desquicio de la economía, a la espera de que en marzo se liquide la cosecha y que el ajuste en curso “ablande” al FMI y acelere un acuerdo.

Sin embargo, la ilusión por ahora es solo eso. Las noticias no son alentadoras. El FMI postergó el acuerdo a la espera de que asuma Biden y organice su gobierno. AF cree tener en Biden un aliado y se ofrece como colaborador de éste para “estabilizar la región”, y que por ello el nuevo Presidente yanqui le facilitará el acuerdo con el FMI en términos digeribles para el país, pero Biden tiene una alianza con los bonistas. Ejecutivos de BlackRock serán parte del gobierno y él mismo está ligado a fondos que intervinieron en el acuerdo que cerró en agosto.

¿Vendrán los dólares del lado de los exportadores? La liquidación de divisas cayó un 13% en noviembre con respecto al año anterior.

El gobierno deposita la suerte del país a una serie de combinaciones que no maneja, porque el país y la burguesía que lo controla son rehenes del imperialismo. La coalición de gobierno sostiene el ajuste a rajatablas, apela a la represión de ser necesario, y sigue concediendo a las exigencias de los diversos grupos capitalistas nacionales y extranjeros. Las reformas previsional, laboral y tributaria son parte sustancial de esas exigencias. Y hay malas noticias para la “progresía” K, porque Guzman, Raverta y Berni, son brazos ejecutores directos de Cristina Fernández. Y la unidad nacional propuesta por la expresidenta, es con los Magnetto, los Rocca y sus representantes políticos, aunque disputen en el parlamento sobre el control de la Justicia y otras repartija de la torta que le roban a los trabajadores.

Esta es la razón de las luchas que recorren al país: el agotamiento de un régimen entero que gobierna desde hace décadas, del cual los Fernández son los actuales administradores, y que solo nos depara pobreza, desocupación y mayores penurias. Para acabar con él luchamos.

En esa perspectiva concentramos nuestras fuerzas, en lo inmediato en la luchas contra el proyecto de la movilidad jubilatoria, en la conquista del derecho al aborto y en el apoyo a todas las luchas y reclamos en curso. A ganar las calles por ello.