Como parte del programa fondomonetarista, el gobierno del Frente de Todos está profundizando su política de ajuste fiscal.

Según la consultora Analytica, desde la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda en agosto, el gasto primario ha disminuido en unos 1,7 billones de pesos, un 23% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. En noviembre, el gasto devengado fue, medido en términos interanuales, un 34,3% más bajo. A su vez, ha caído un 7,2% en relación a octubre.

Los recortes que estuvo ejecutando el gobierno también afectan a los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, y a presupuestos como los de salud y educación. En diciembre, por ejemplo, el salario mínimo llegará a los $61.953, un monto que estará por debajo de la línea de indigencia de octubre.

En esta poda, los montos destinados a la obra pública se vieron muy afectados. Se trata de una política recesiva y antiobrera, porque no se crean nuevos puestos de trabajo, a la vez que no se avanza en la construcción de viviendas, cuando, por ejemplo, solo en la provincia de Buenos Aires el déficit habitacional alcanza a más de 2 millones de personas.

Otra parte del ajuste tuvo que ver con la disminución de los subsidios a la energía y al transporte. Los denominados “subsidios económicos” cayeron unos $2.190 millones frente a octubre, y $8.123 si se mide de forma interanual. La otra cara de estos recortes son los aumentos a libro cerrado que el gobierno le viene otorgando a las empresas energía y de transporte.

Los 1,7 billones de pesos podados contrastan con los $600.000 millones que el Banco Central emitirá para afrontar el pago de intereses por Leliqs, cuya tasa efectiva (la reinversión en esos mismos instrumentos financieros de los beneficios obtenidos) supera el 100%, y con los $479.000 para pagar el megasubsidio a los sojeros llamado dólar soja II. En total, contemplando el conjunto de las obligaciones que tiene, el gobierno emitirá cerca de 1,5 billones de pesos (Ámbito, 7/12).

Los pasivos remunerados del BCRA más que duplican la base monetaria del país, de modo que los efectos inflacionarios de la emisión serán explosivos. Asimismo, se descuenta que los pesos que no sean absorbidos por el movimiento real de la economía se irán directo a la compra de divisas, recalentando la presión sobre el precio de los dólares paralelos, y, por lo tanto, sobre la inflación.

En este marco, el gobierno viene intentando cubrirse del impacto inflacionario de la emisión mediante la emisión de más Leliqs y con un reforzamiento del ajuste.

Como se ve, el otorgamiento a Massa de una supercartera en la que terminó por concentrar el dominio de pilares claves de la economía argentina tuvo el objetivo estratégico de profundizar una línea de ajuste contra los trabajadores en beneficio del capital imperialista. Es que este ajuste es para arribar a un déficit fiscal del 2,5% del PBI, algo que el FMI puso como meta.

Los resultados de esta orientación están a la vista, se profundizan las tendencias a la recesión, la pobreza y la indigencia aumentan al ritmo del crecimiento de la precarización laboral y de la destrucción del salario, crece la inflación, y el descalabro cambiario está tomando una envergadura cada vez mayor.

La única salida frente a esta encerrona es luchar contra el ajuste del gobierno y el FMI.

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