Juan Grabois organizó una conferencia de prensa para anunciar que los diputados de Patria Grande dentro del bloque oficialista “no van a votar a favor del acuerdo con el FMI“. Amén de la repercusión que haya tenido el anuncio público de este pequeño sector del bloque del Frente de Todos (tres legisladores) cuando aún prima el silencio del kirchnerismo -empezando por la propia Cristina-, lo esencial se encuentra en esa misma frase: deja manos libres para abstenerse o votar en contra según cómo se resuelva la rosca parlamentaria, lo que evidencia que su pose crítica no pretende torpedear la ingeniería con que oficialistas y opositores buscan aprobar el acuerdo, preservándose cada uno de no quedar pegados a semejante programa de ajuste y hundimiento nacional.

La prueba de que no van obstaculizar la sanción de la ley es que Itaí Hagman renunció a su lugar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados (otras versiones afirman que lo habrían desplazado). En lugar de valerse de ese lugar privilegiado para oponerse al acuerdo, denunciar sus consecuencias y votar en rechazo, cede su lugar a otro que venga a votar a favor. Toda la posición de este espacio apunta a contener a la base descontenta con semejante entrega nacional, para evitar que rompan con el gobierno que la lleva a adelante.

Grabois enfatiza lo negativo que será para el país el cogobierno con el Fondo mediante revisiones trimestrales y el pago de una deuda externa fraudulenta, pero concluye poniéndose a disposición de Alberto Fernández para “conservar la unidad” del Frente de Todos, y destacando que “la coalición toda debe sostener al gobierno nacional”. Todo se resume a un intento de justificar que, a pesar de explicitar el carácter colonial y hambreador del acuerdo que regirá la política económica, seguirán integrando el gobierno que rendirá examen a los agentes de Washington, quienes tendrán poder de veto. Sentenciando que “las duras contradicciones entre nosotros no pueden derivar en rupturas”, se resigna a jugar como rueda auxiliar izquierdizante de un rumbo de saqueo.

“Sea cual fuera el resultado que emane del Congreso Nacional, la situación de la Argentina entrará en una fase crítica”, sostiene el dirigente del MTE. Sin embargo plantea que el agravamiento de un cuadro social lapidario, como el que él mismo describe, no debe dar pie a enfrentar los ataques que se vienen sino a preservar al gobierno que las ejecuta… en nombre de combatir una presunta “estrategia destituyente” de parte de “los intereses político-económicos representados por la derecha macrista”. Es una orientación de sumisión, cuando el movimiento piquetero gana las calles de a millares en todo el país contra el hambre y la pobreza.

La política de Patria Grande no es entonces organizar la lucha contra el ajuste y los tarifazos, el recorte en los programas sociales (que será supervisado por el Banco Mundial), el saqueo de las riquezas del país y el despojo de campesinos para fomentar los agronegocios, o las jubilaciones de indigencia en medio de una estampida inflacionaria. En cambio, llaman a bancar al gobierno que será el blanco de esas luchas, y cuyos aliados prácticos son los que desfilaron por el Congreso: los gobernadores de la oligarquía (incluyendo los de Juntos por el Cambio), la UIA y la Sociedad Rural, la burocracia sindical de “los gordos” de la CGT.

La Unidad Piquetera, el sindicalismo combativo, el movimiento ambiental, decenas de organizaciones estudiantiles, de derechos humanos y de la mujer que se darán cita frente al Congreso para rechazar este acuerdo ruinoso con el FMI son quienes abren una perspectiva diferente. Lo que necesitamos es un paro nacional y un plan de lucha. El Frente de Izquierda es la única expresión política que encarna esa pelea y traza un programa antagónico a este camino que nos lleva a un nuevo default. La ruptura con el Fondo y el repudio de la deuda usuraria requiere de una alternativa política de los trabajadores, contra el devaluado nacionalismo burgués devenido en rehén del imperialismo y el capital financiero.

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