Apenas pasado el mediodía del viernes 4 de marzo el gobierno presentó en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. La demora en el ingreso del proyecto no es un dato menor, sino que refleja la crisis de todo el régimen político en el cual la burguesía y sus partidos son favorables al acuerdo y sin embargo nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias económicas, políticas y sociales de su aplicación.

Por esta misma razón, la coalición oficial y la oposición macrista se han puesto de acuerdo en un tratamiento veloz, negando cualquier tipo de deliberación popular y de análisis pormenorizado de las implicancias ruinosas que el pacto tendrá para el país. Como entre fantasmas no se pisan las sábanas, la presidencia de la Cámara convocó a una reunión excluyendo a la izquierda donde los bloques definieron resolver todo en el curso de 72 horas y sin pasar por las comisiones correspondientes, con el objetivo de evitar nuevos resquebrajamientos al interior de sus bloques y que un proyecto tan estratégico para la clase capitalista esté fuera de peligro.

El fracaso en la aprobación del Presupuesto 2022 en Diputados llevó a que algunos comentaristas especularan con la posibilidad de que el acuerdo ingresara por la cámara alta, algo que finalmente no ocurrió y que no hubiese salvado al gobierno de su encerrona. La experiencia de ese fracaso es una señal de alerta para el conjunto de los partidos que, dispuestos a avalar la orientación ajustadora del proyecto, terminaron rechazándolo por sus propias rencillas.

El mutismo de Cristina es un punto insoslayable en este análisis. Ha decepcionado tanto a quienes apostaban que daría un apoyo explícito y un espaldarazo al acuerdo -coherente con su carácter de “pagadora serial”- como a quienes buscaban encontrar en ella una portavoz del rechazo, que condenara la entrega absoluta del país en la negociación. Callando y otorgando, CFK se encuentra ante un default político.

En la oposición de Juntos por el Cambio tampoco hay definiciones claras. La heterogeneidad sigue siendo la norma y la pelea intestina dentro de la coalición y de cada uno de los partidos prima por sobre cualquier interés colectivo. El show montado por el PRO y la permanencia del resto del interbloque en la apertura de las sesiones ordinarias da cuenta de la división que existe en su interior, y si buscan unificar posiciones nada garantiza que terminarán primando los sectores moderados. Con vistas a 2023 nadie quiere la pesada herencia de una deuda que seguramente haya que renegociar. Por eso deslizan que aprobarían el nueva endeudamiento con el FMI pero no el plan económico pactado.

El gobierno, sin embargo, confía en juntar los votos sobre la base de la comprensión de que tanto el capital financiero como el capital agrario y los intereses del capital extranjero en la Argentina apuntan a la aprobación. Aunque no se pueda descartar lo contrario, todos los caminos conducen a que el pacto se haga ley y que empecemos a sufrir las consecuencias de la letra chica.

¿En qué consiste el acuerdo?

El proyecto ingresado por el ejecutivo cuenta de tres partes: un memorando de políticas económicas y financieras, un memorando técnico de entendimiento y un mensaje. En la última se concentra la sarasa gubernamental, pero en cambio las otras dos partes son esclarecedoras en cuanto a desnudar las mentiras de los voceros oficiales y ratificar la visión de quienes venimos denunciando el carácter colonial de este pacto.

Aunque se comienza diagnosticando la dramática realidad argentina al asumir el peronismo y el deterioro de todas las variables a lo largo de su mandato, se insiste en la necesidad de un ajuste que reduzca el déficit fiscal y el financiamiento monetario de ese déficit a costa de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Al enumerar los objetivos que se traza el programa 2022-2024 se plantean los mismos que había redactado el macrismo a la hora de retomar la relación con el Fondo hace ya cuatro años, dando cuenta del total fracaso al que ambos gobiernos nos sometieron hasta ahora. Pero lo que se repite no son solamente los objetivos, sino una cantidad de políticas que buscan garantizar el repago de la deuda por sobre cualquier otro objetivo. Cabe aclarar que luego de completado este programa, la deuda con el FMI será idéntica a la que se tenía al finalizar el gobierno anterior, lo que implica que el Fondo llegó para quedarse y que este programa solo busca ganar tiempo, mientras se practica un cogobierno con Washington.

Las proyecciones macroeconómicas incluidas para este año distan bastante de la irrealidad que el mismo gobierno proponía en el presupuesto, y sin embargo siguen siendo extremadamente optimistas. Es que más allá del dato de crecimiento de entre 3,5% y 4,5% se coloca una inflación de entre 38% y 48% cuando los datos de los primeros dos meses echan por la borda la pretensión de que 2022 sea menos inflacionario que el año anterior.

La situación se agrava de la mano de los tarifazos que el programa describe y que serán un enorme golpe al bolsillo popular. Lo mismo ocurre con la devaluación, que es presentada bajo la forma de “tipo de cambio real competitivo” como una manera de impulsar las exportaciones. En este sentido, la política acordada es la de la destrucción ambiental y la extracción contaminante de cuanto recurso natural exista en el país para garantizar un superávit comercial que permita afrontar los distintos vencimientos.

El acuerdo reconoce su carácter precario en un contexto internacional altamente convulsivo. Dice que está sujeto a “importantes incertidumbres” y que habrá que “recalibrar” en la medida en que se vaya clarificando la situación. En principio, el aumento del precio de los commodities afecta a la economía argentina de dos maneras: por un lado aumentando el precio de las exportaciones y metiendo una fuerte presión al aumento de los precios domésticos, y por el otro aumentando el precio de la energía poniendo en jaque todo el esquema de subsidios al tiempo que aumenta los costos del gas importado. Frente a este escenario el memorando no deja lugar a dudas, Argentina “se compromete a adaptar su estrategia energética para cumplir con los objetivos fiscales y económicos” es decir que a los tarifazos propuestos se agregarán nuevos para garantizar los objetivos impuestos por el FMI.

Ahora bien, si el panorama internacional terminara favoreciendo la recaudación argentina eso no redundaría en la posibilidad de un mayor gasto o atención a las demandas de los millones de trabajadores del país, sino que “nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal”. Una verdadera estafa, en donde lo único garantizado es el ajuste antiobrero.

La quiebra del BCRA y la política monetaria

El entendimiento con el Fondo incluye, como no podría ser de otra manera, las pautas de cómo debe actuar el Banco Central en vías de superar su quebranto. El acuerdo explicita que “tenemos previsto realizar un análisis integral del balance del BCRA y que nos basaremos en las recomendaciones de la evaluación de salvaguardias del FMI”. Actualmente los pasivos remunerados (Leliqs, pases, etc.) son los más altos de la historia y las reservas para hacer frente a esos pasivos son cada vez más exiguas. Los economistas heterodoxos buscarán explicarnos que la deuda del BCRA es en pesos y las reservas son en dólares, ignorando que en caso de no renovarse esas letras su refugio sería la divisa norteamericana generando una corrida de dimensiones inimaginables.

En pos de evitar esa situación es que el FMI ha impuesto el aumento de la tasa de interés que ya tuvo sus primeros capítulos en enero y febrero, pero que deberá seguir escalando hasta llegar a ser positiva en términos reales, es decir que la tasa tiene que ser más alta que la inflación. Esto encarecerá los créditos, generando un costo extra para las empresas que podrían trasladarlo a precios, pero sobre todo tendría un efecto recesivo para el consumo de la población trabajadora, que explica hasta el 70% del PBI de nuestro país. Un dato que pinta de cuerpo entero las prioridades del gobierno es que las tasas se actualizarán mensualmente de acuerdo a la evolución de la inflación, la indexación que se les niega sistemáticamente a los trabajadores y jubilados que pierden poder adquisitivo frente al insoportable aumento de precios.

De todas maneras, la política más importante en este aspecto es el reemplazo de la deuda cuasi fiscal –la que emite el BCRA- por la deuda del Tesoro. Se propone un déficit fiscal de 2,5% del PBI, pero la asistencia de la autoridad monetaria cubrirá solo el 1%, apostando a un crecimiento fenomenal de la deuda en pesos, lo cual también requerirá un aumento de la tasa de interés que rinden esos bonos y, por otro lado, se contempla nuevos préstamos con organismos multilaterales que engrosen el ya altísimo endeudamiento. Como se ve, no hay salida positiva en términos capitalistas.

Primeras conclusiones

No hace falta un escrutinio pormenorizado de lo acordado para notar el grado de sometimiento que ha firmado el gobierno nacional y que se apresta a votar el Congreso. En prácticamente todos los ítems que se van mencionando aparece la figura “en comunicación con el personal técnico del FMI” para que no queden dudas del cogobierno y el tutelaje que ejercerá el Fondo sobre toda la política económica. Si bien existirán las revisiones trimestrales el memorando técnico explicita los datos que diariamente deberán recibir los burócratas del Fondo para un monitoreo constante.

Al calor de esta declaración debe entenderse el recorte en el gasto social, que condena a millones de trabajadores desocupados a la miseria y el avance sobre los regímenes especiales de jubilaciones que esconde detrás de la revisión de los jueces o personal diplomático a las conquistas de docentes, docentes universitarios e investigadores. Lo mismo ocurre con el aumento de la edad jubilatoria, que aunque se presenta como opcional se da en términos extorsivos para quienes no quieran vivir en la indigencia una vez retirados.

Como parte de este programa ajustador se plantea una política de ingresos que, en lugar de atenuar el récord de trabajadores ocupados pobres, es usada para contener a la inflación. Estamos frente a una definición de clase: la inflación que el gobierno promueve vía devaluación y tarifazo pretende que sea contenida desindexando los salarios.

La votación que se dará probablemente el día jueves no pasará desapercibida. El Partido Obrero junto con más de 100 organizaciones hemos convocado a una movilización a las puertas del Congreso para manifestar nuestro rechazo a este pacto colonial y plantear que no seremos los trabajadores quienes paguemos la crisis. Solo la clase obrera tiene la capacidad de una verdadera ruptura con el FMI y la aplicación de un plan económico que permita el desarrollo del país sobre nuevas bases sociales.