Martín Guzmán prepara las valijas para zarpar hacia Venecia, donde se realizará la cumbre del G20, pero con las miras puestas en las reuniones con funcionarios del FMI para avanzar en las negociaciones por un nuevo programa de repago. Es un retrato de lo que ordena la política del gobierno, que explica por qué en plena crisis social y sanitaria se impuso una extraordinaria reducción del déficit fiscal.

Luego del compromiso alcanzado con el Club de París, quedó establecido que para marzo de 2022 debería estar cerrado el acuerdo con el FMI. Incluso para ello, antes habría que gatillar cerca de 5.000 millones de dólares entre vencimiento de capital e intereses en el segundo semestre, lo cual consumiría todos los Derechos Especiales de Giro que emitirá el Fondo y de los cuales a Argentina le tocan unos 4.300 millones. Se entiende por qué entonces los ejes centrales de la participación argentina en la cumbre serán el pedido de que se habilite la reasignación de los DEG entres los países y mayor acceso a líneas de crédito de los organismos internacionales.

En función de eso, hay quienes advierten -entre ellos medios oficialistas- que el gobierno intentaría suscribir un nuevo programa antes de fin de año, para evitar el vencimiento de diciembre (unos 1.900 millones) y descomprimir la tensión sobre las reservas del Banco Central. Pero esto coloca en primer plano cómo abordar las contradicciones del rumbo oficial, que se mostró incapaz para contener la inflación y consolidar un repunte de la actividad económica. Por otro lado, el compromiso de que el acuerdo con el FMI pasará por el Congreso obliga a buscar patearlo para después de las elecciones.

Guzmán declaró que las condiciones que pondrá sobre la mesa de negociación es la eliminación de la sobretasa que hoy se cobra al país, que significa nada menos que unos 1.000 millones dólares extra al año. Considerando los 10 años de plazo para el repago, que tendría el programa que se baraja, estamos hablando de nada menos que 10.000 millones de dólares que se suman a los 50.000 millones a devolver. Semejante reestructuración sería lapidaria. Esta usura, sin embargo, es lo que viene pagando puntualmente desde su asunción el Frente de Todos, por lo que en un año y medio lleva gastados unos 2.000 millones de dólares por intereses.

Sería una “solución política”, aseguran voceros de Economía. Finalmente, cuentan a su favor con el “mérito” de haber bajado el déficit fiscal primario al 0,1% del PBI en el primer semestre, esencialmente gracias a un ajuste frontal en salarios públicos y jubilaciones. Ello, mientras transcurría la segunda ola de la pandemia con un desastre sanitario y millones de trabajadores caían en la pobreza, sin suscitar una rebelión popular como las que proliferan en todo el continente. También cumple con otra premisa fondomonetarista que es no financiarse con emisión monetaria sino con deuda, gracias a lo cual favorecen un negocio financiero con tasas cada vez más altas e indexadas a la inflación.

Es decir, no solo se siguieron pagando intereses sino que se respetan a rajatablas los postulados del programa stand-by acordados por el macrismo en 2018.

Para el Fondo Monetario, sin embargo, se trata en primer lugar de garantías. Esto pone el dedo en varias llagas. Un nuevo programa, aún si la megadeuda comienza a amortizarse en el próximo mandato, exige precisiones: un cronograma claro de tarifazos para achicar los subsidios, la concreción de esquemas de beneficios a las exportadoras, el desarme de la bomba de tiempo de las Leliq, una reforma tributaria y nuevos avances contra las conquistas laborales y jubilatorias.

Los problemas que eso plantea son evidentes. Con una inflación fuera de control un aumento generalizado en los servicios amenaza con ser explosivo. En este cuadro un desarme de las letras del Banco Central promete fomentar una corrida al dólar. Por otro lado, las tan prometidas leyes de agroindustria e hidrocarburos aún no vieron la luz, probablemente porque su aspecto central es la libertad para que las empresas puedan girar utilidades al exterior pero una flexibilización del cepo pondría en cuestión el cumplimiento de los compromisos de deuda. Como fuera, en todos los casos el punto de partida es un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador.

Este horizonte es lo que emparenta al Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La función de que el acuerdo a firmar pase por el Congreso apunta a oficiar de garantía ante un recambio de gobierno. El FMI aparece así como un tutor por encima de la grieta. Sus implicancias son profundas, ya que incluyen una subordinación al imperialismo en temas estratégicos; lo revelan las presiones para que la OCDE monitoree la concesión de la Hidrovía ante la perspectiva de que caiga en manos chinas, o la imposición de un “trato igualitario” con el Club de París respecto de los vencimientos que sí se pagarían con China -también fraudulentos, ya que son por las megaobras de las represas santacruceñas que siguen sin avances.

Contra lo que afirman los capitalistas y sus partidos, un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional no es una condición para iniciar una fase de crecimiento económico, sino por el contrario una losa que reforzará el saqueo y el empobrecimiento del país. Esclarecer que detrás de los intentos por arrinconar a la población en una polarización electoral entre el gobierno y la derecha, que luego pactarán un rumbo común bajo la égida del FMI, es una de los principales desafíos de la campaña que tiene por delante el Frente de Izquierda – Unidad. Vaya si es motivo para concurrir a esta pelea política con listas unitarias y convocar a un gran congreso del FIT-U para agrupar a los luchadores en una movilización política por una salida de los trabajadores, que parta de la ruptura con el Fondo y el no pago de la deuda externa.

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