El crecimiento del empleo informal y  la magnitud de la población que carece del derecho a acceder a una jubilación por falta de aportes, quedó al desnudo con el vencimiento de la moratoria previsional. Tal es así que el 65,2% de las prestaciones previsionales son cobradas por personas que, al llegar a la edad jubilatoria, no habían reunido la cantidad de contribuciones que exige el sistema. Entre las mujeres, esto representa el 77,6% y un 43,7% entre los varones (La Nación, 24/7). Las cifras demuestran que el derecho a la jubilación prácticamente ni se aplica y la falta de aporte previsionales es la regla dentro del mercado laboral.

En 2005 había 779.434 mujeres jubiladas con aportes y 1.034.393 hombres jubilados con aportes, a razón de 3.658 mujeres jubiladas con moratoria y 1154 hombres jubilados de la misma forma. Para marzo de 2022, 15 años después, la cantidad de retirados habiendo completado los años de aportes es prácticamente no varió: las mujeres jubiladas con aportes son 740.214 y los hombres 1.081.088, mientras que las mujeres jubiladas por moratoria son 3.308.705 y los hombres 839.710 (Ídem). Estas cifras dan cuenta en nuestro país solo crece el empleo precario y que cada vez menos trabajadores pueden acceder a una jubilación. A su vez, las principales víctimas son las mujeres, quienes además están a cargo de las tareas de cuidado, lo que obstaculiza aún más el acceso al empleo formal.

A su vez, el gobierno prorrogó por decreto el único régimen de moratoria vigente, el cual permite solo a las mujeres que cumplen 60 años declarar deudas por aportes no hechos, correspondientes a períodos anteriores a 2004, para pagarlas luego en hasta 60 cuotas que se descuentan de los magros haberes mensuales. Además, esta prórroga deja afuera a 1.200.000 personas que, teniendo la edad o estando próximos a ella, no podrán acceder al beneficio y que tendrán que conformarse con una miserable Puam. Esta última, no es otra cosa que un subsidio a la vejez, donde se cobra un 80% de la jubilación mínima, negándoseles a los jubilados el derecho a pensión y dejándolos totalmente desprotegidos e incapaces de afrontar sus necesidades económicas.

Ahora, se puso sobre la mesa la creación de una nueva ley, cuyos proyectos, por parte del arco político patronal, buscan renovar la fecha tope para el ingreso a la moratoria, o avanzar con el proyecto ya votado en el Senado (promovido por los parlamentarios afines al gobierno) que busca crear un régimen de “compra a crédito” de “unidades de pago de deuda previsional” (cada una equivaldría al aporte de un mes), que se pagarían en hasta 120 cuotas, también descontadas del paupérrimo haber mensual.

De esta forma, es la población laboriosa la que continuará pagando su jubilación, con salarios por debajo de la inflación y mediante la miserable moratoria, cuando deberían hacerlo las patronales que se enriquecen con el trabajo precario y que han sido beneficiadas con la reducción de aportes de Cavallo en 1994, algo que ningún gobierno repuso. Al igual que quienes ahora promueven las reforma laboral y jubilatoria, fue con el supuesto objetivo de generar empleo, pero los niveles de desocupación tuvieron su pico histórico en los años siguientes. Así y todo, este problema plantea una disputa al interior del gobierno, dada la meta de reducción del déficit fiscal impuesta por el FMI y la imparable inflación.

La ausencia de aportes es una consecuencia directa de cómo la clase capitalista descarga el peso de la crisis sobre las y los trabajadores, algo que el Estado fomenta y encubre, siendo el principal negrero y aplicando políticas acordes a los intereses del FMI, promoviendo la formalización del trabajo informal y el recorte de los haberes jubilatorios. La llave magna para estos intereses del capital financiero es la reforma laboral y la reforma previsional, algo en lo que el gobierno viene avanzando con medidas como la eliminación de la indemnización por despido y el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Por el contrario, la diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, presentó un proyecto que estipula, desde el primer artículo, que toda persona en edad de jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) podrá hacerlo con independencia de los aportes realizados hasta la fecha, fija la jubilación mínima en un monto equivalente a la canasta de la tercera edad, se deroga la PUAM, permitiendo a quienes se encuentran dentro de ese régimen su incorporación a la jubilación plena. Además, también integra todo un apartado sobre cómo se financiaría la Anses, siendo que el desfinanciamiento del sistema previsional es responsabilidad de las patronales y el Estado, que usa la caja de la Anses para sostener una deuda usuraria. En este sentido, el proyecto plantea un blanqueo laboral e incluye un impuesto a los grandes patrimonios de las sociedades.

Para garantizar el conjunto de los derechos jubilatorios para los actuales adultos mayores y para los futuros, hay que impedir el vaciamiento de la Anses y de las cajas provinciales, estableciendo el uso exclusivo de los fondos para los beneficiarios y no para el pago de la deuda, el rescate de los especuladores y los subsidios patronales.

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