La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires relevó la situación de hoteles y pensiones. El informe arrojó que en los últimos 10 años se redujo a la mitad la cantidad de hoteles y pensiones en CABA. De los existentes, casi el 45% tiene condiciones de hacinamiento, hay un 20% hacinamiento crítico y un 40% opera sin habilitación y con graves deficiencias edilicias. Entre las irregularidades que se observan con mayor frecuencia, destacan: además de la falta de habilitación, instalaciones eléctricas precarias, conexiones de gas antirreglamentarias, falta de agua caliente, presencia de insectos y roedores, filtraciones y peligro de derrumbes. En estos lugares viven 80.000 personas, si se sumaran aquellas que habitan conventillos e inquilinatos.

En un país con un 40% de pobreza y un contexto de enorme crisis habitacional, donde la población no tiene acceso a los créditos hipotecarios, con una escasa oferta de vivienda en alquiler producto de la especulación inmobiliaria, la situación no da tregua a las familias trabajadoras. Los hoteles y las pensiones son el alojamiento de los sectores más vulnerables, los cuales son víctimas de permanentes desalojos por parte de los dueños, cuando no llegan a poder pagar la noche, y en muchos casos, hasta les cierran la puerta de la habitación y se quedan con sus cosas hasta que paguen. Para frutilla del poste, hay numerosas denuncias por la dificultad que tienen las familias para alquilar habitaciones, debido a que prohíben el ingreso de menores.

A pesar de esta situación, el gobierno de la Ciudad ha avanzado en un recorte en el programa Atención para Familias en Situación de Calle. Según datos del Ministerio de Desarrollo Humano, en la actualidad hay 10.936 titulares de subsidios cuando en agosto de 2021 eran 23.000. Estos reciben el miserable monto promedio de $37.413 y puede llegar hasta $50.000 en casos de familias con cuatro o más integrantes, este beneficio ha percibido un incremento de tan solo un 34% entre 2022 y 2023, a pesar del aumento de gente en situación de calle y de la estampida inflacionaria. A su vez, varias organizaciones de inquilinos denuncian que “existe un programa de “alquiler social” contemplado en la ley de alquileres que jamás se implementó; y está enfocado justamente a personas en estado de vulnerabilidad”.

Esta situación tiene como agravante el carácter expulsivo del mercado de alquileres en CABA, los cuales percibieron un incremento del 250% en un año, el doble de la inflación, mientras los costos de ingreso lo hicieron en un 115% en comparación con septiembre de 2022, logrando que la suma se ubique en torno al millón de pesos. Al mismo tiempo la oferta de inmuebles cayó a su piso histórico. Según ZonaProp, un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires exige un alquiler de $198.873 cuando el salario promedio para el mes de septiembre fue de $185.000, tomando el salario del Indec medido en julio y actualizado por inflación, lo que ni siquiera cubre la canasta de pobreza. Es la muestra más cabal de que no existe el derecho a la vivienda para quienes viven de su salario, el cual ha sido la variable de ajuste de todos los gobiernos, y mucho menos para la juventud, que sufre en mayor medida la precarización laboral y el desempleo.

La contracara de este asunto se puede ver en el reciente informe elaborado por el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), la organización Techo y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), el cual reveló, entre otras cosas, que 1 de cada 3 hogares no cuenta con una vivienda adecuada, que 1.170.000 familias viven en barrios populares y más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos.

Es lo que denunció Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda, en el debate de la Ciudad, cuando le dijo en la cara a Jorge Macri que el macrismo y su código urbanístico hicieron crecer en un 400% la población que vive en las villas miseria de CABA, cambió la fisonomía e hizo colapsar los servicios. Mientras tanto, la población total de la Ciudad sigue siendo la misma que décadas atrás, esto se debe a que lo que se construye es sobre la base de la especulación inmobiliaria, con la que solo se enriquecen los capitalistas.

El informe refleja también que en AMBA el 32% de los inquilinos de ellos destina más de la mitad de su salario al alquiler y el 60% asumen aumentos por fuera de la Ley de Alquileres, es la consecuencia de las políticas en favor de la especulación inmobiliaria por parte de todos los gobiernos y que continúa con la reforma que impulsan los distintos bloques capitalistas sobre dicha ley, la cual tiende a la liberalización del mercado inmobiliario, una propuesta de los “libertarios” que solo agravará la situación de los inquilinos.

Solo el Frente de Izquierda plantea resolver realmente el problema de la vivienda, gravando la vivienda ociosa, poner a disposición terrenos fiscales para la construcción de viviendas y urbanizar los barrios populares. Los trabajadores debemos organizarnos para terminar con el ajuste de los gobiernos capitalistas, con la especulación inmobiliaria y para conquistar nuestro derecho a la vivienda.

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