Con 37 votos a favor y 29 en contra, el Senado aprobó una reforma a la Ley de Alquileres. La propuesta deberá volver a Diputados, donde se podrá ratificar o volver a insistir con darle luz verde a la media sanción aprobada a fines de agosto. Los bloques capitalistas continúan dándole la espalda a los inquilinos en medio de una crisis de vivienda de gran envergadura.

La modificación de la ley ha sido propuesta por el Frente de Todos. Fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio, que defendió la iniciativa que llegó desde la Cámara Baja, la cual implica una flexibilización total del mercado de alquileres en beneficio del capital inmobiliario. Esta pudo pasar gracias a los 13 diputados del Frente de Todos que se ausentaron, a un diputado de La Cámpora que se abstuvo en la votación, y a los libertarios, que dieron quórum. El Frente de Izquierda fue la única fuerza que rechazó esa iniciativa.

La nueva propuesta del Frente de Todos está en un punto intermedio entre la ley actual, que no resolvió los problemas de los inquilinos, y la reforma propuesta en Diputados. Establece que los contratos seguirán manteniendo su vigencia por tres años (en lugar de dos), que los ajustes serán semestrales (en lugar de anuales como lo son actualmente o cuatrimestrales como propone el proyecto de JxC), que los contratos deberán realizarse en moneda nacional y que se establecerán incentivos impositivos para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler.

Uno de sus artículos estipula que estarán exentos del pago del monotributo los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles. Y otro que las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias “la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación” (Ámbito, 28/9). Por otro lado, una “pesificación” de los contratos no podría evitar que los grupos inmobiliarios especulen indexando de hecho el precio de los alquileres a los dólares paralelos que circulan por el mercado.

Los ajustes, de acuerdo a la propuesta oficialista, se calcularán sobre la base del menor índice que surja entre el promedio de variación salarial del último año y el de la inflación del mismo periodo. Bajo la ley actual se utiliza un índice del BCRA que combina subas de salarios e inflación (y en la propuesta cambiemita no hay ningún índice, las actualizaciones son impuestas por las inmobiliarias). Con todo, ninguna de las variantes es positiva para el 50% de la población que se encuentra en situación de precarización laboral.

El proyecto que el Frente de Todos logró aprobar en el Senado implica una regresión con respecto a la ley actual y su implementación empeoraría la situación de los inquilinos. Además, le da concesiones al capital inmobiliario.

https://prensaobrera.com/politicas/alquilar-en-caba-una-pesadilla-con-cada-vez-menos-soluciones

La imposibilidad de alquilar se convirtió en una pesadilla para la mayoría de los trabajadores y sobre todo para la juventud, que sufre con más fuerza los flagelos de la precarización laboral o del desempleo. En lo que va del año, los precios de los alquileres aumentaron 114 puntos, 33 por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo. En septiembre, en CABA (donde las subas en general fueron de más del 200%), alcanzaron un incremento del 29,4% (al 27 de septiembre, según un relevamiento del Ceso, el salario mínimo apenas alcanzaba para pagar el 69% de un monoambiente).

La combinación entre el agravamiento de la crisis capitalista y el ajuste que está aplicando el gobierno de Massa-CFK ha vedado el derecho a la vivienda de una parte considerable de la clase obrera argentina. Los políticos capitalistas, todos sin excepción, gobiernan para las inmobiliarias. Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero, lo demostró en el debate de candidatos a jefe de gobierno porteño, cuando denunció a Jorge Macri y al macrismo en general por entregar la Ciudad a los especuladores inmobiliarios, a Calcaterra, a Caputo, Elsztain, etc, y al peronismo por ser cómplice de ese proceso. Al igual que Marra, promueven la liberalización total del mercado inmobiliario porque ellos mismos son socios de los capitalistas que se beneficiarían de ella.

El Frente de Izquierda presentó un proyecto propio, que es rechazado los bloques capitalistas. Es que plantea gravar la vivienda ociosa, disponer de terrenos fiscales para la construcción de viviendas y urbanizar los barrios populares. Los trabajadores debemos organizarnos para terminar con el ajuste de los gobiernos capitalistas, con la especulación inmobiliaria y para conquistar nuestro derecho a la vivienda.

https://prensaobrera.com/politicas/el-caso-chocolate-rigau-es-una-muestra-de-la-podredumbre-del-regimen-politico-bonaerense

https://prensaobrera.com/politicas/la-eleccion-presidencial-marcada-por-el-401-de-pobreza