Mientras el gobierno nacional cancelaba un nuevo pago de intereses al FMI de 300 millones de dólares, por segunda vez en el año, la Comisión de Presupuesto del Senado aprobaba con los votos del oficialismo una declaración que insta a que los Derechos Especiales de Giro que repartirá el Fondo no sean destinados al pago de deuda. Esta impostura se combinó con la exaltación generada en los despachos oficiales por otro proyecto de declaración, pero en este caso presentado en la Cámara de Representantes estadounidense por legisladores de Biden, la cual llama a que el FMI suspenda el cobro de servicios de deuda y relaje sus exigencias a los países más pobres, con la perspectiva de que puedan abordar gastos sanitarios referidos a la pandemia.

La declaración presentada en el Senado, con la firma de Oscar Parrilli, fue interpretada en los medios como parte de los choques al interior de la coalición oficial, y específicamente un condicionamiento a Martín Guzmán. En realidad se trata de un taparrabos, toda vez que solamente se pide que no se asignen a pagos de deuda los 4.500 millones de dólares que le tocarían al país por el reparto de los Derechos Especiales de Giro, pero no se cuestiona de ninguna manera el cumplimiento de los compromisos financieros, que es lo que debería hacer cualquier defensor de la soberanía nacional. ¿De dónde tendría que salir entonces la plata?

Lo cierto es que los pagos de deuda a organismos financieros internacionales consumieron una buena parte de las divisas que ingresaron al país por los precios récord de las materias primas y de la soja en primer lugar, por lo cual la bonanza del comercio exterior no redunda en un mejoramiento de la situación financiera de la Argentina. Apenas 1 de cada 25 dólares del superávit comercial pasan a engrosar las reservas del Banco Central.

En este cuadro el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París se convirtió en un problema mayúsculo para el gobierno. En su reciente gira europea Guzmán se trajo más reproches que apoyos, lo cual será constatado por el propio Alberto Fernández la semana próxima, cuando viaje al viejo continente con el ministro. Toda la agenda oficial está al servicio del rescate de la deuda. Quienes buscan presentar una contraposición entre Guzmán y Kicillof como rumbos antagónicos en disputa, deberían recordar que el pago pendiente al Club de París corresponde a una renegociación ruinosa del ahora gobernador bonaerense que incrementó un 50% el monto total, razón por la cual a pesar de haber cancelado desde 2014 más del 100% de lo que se adeudaba (6.300 millones de dólares) hoy la economía el país esta en vilo por esta última cuota de 2.400 millones.

Para salir del atolladero, el gobierno aspira a contar con los DEG del FMI para pagar al Club de París e incluso pilotear los vencimientos con el propio Fondo, que suman entre septiembre y diciembre unos 4.000 millones de dólares, equivalente al 10% de todas las reservas internacionales (contando depósitos, swap, oro). Fue a partir de ello que el vice del organismo advirtió que la emisión de estos giros no apuntaba a que se usen para cancelar deuda si no a gastos sanitarios; es decir, el mismo libreto que repiten los senadores del Frente de Todos. Pero, claro está, nadie dice entonces cómo se cubren los vencimientos. La única variante, siempre y cuando no se rompan relaciones con el FMI, es acelerar un acuerdo.

El ajuste del gasto público, que le permitió al Ministerio de Economía festejar en el primer trimestre haber alcanzado el déficit fiscal más reducido de los últimos seis años (es decir que le ganó a todo el mandato macrista), es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar un acuerdo. La crisis de la tarifas revela la inconsistencia del plan oficial, ya que refleja que en plena aceleración inflacionaria tanto los tarifazos como una mayor emisión monetaria para subsidios amenazan con desatar una corrida. Mientras tanto el cuadro sanitario está fuera de control, y el recorte presupuestario agrava el problema. La estrategia es patear el problema financiero para adelante, apostando a nuevos socorros del FMI.

Es lo que parece haber encontrado eco en los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En realidad, como sucedió con el viraje del gobierno de Biden hacia el apoyo de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas y medicamentos contra el Covid-19, la preocupación de estos es evitar una catarata de quiebras soberanas que agudice la tendencia a una depresión económica, cuando renombrados gurúes de Wall Street auguran un escenario catastrófico en los próximos meses. Más aún, forma parte de una política exterior dictada por el tablero de la guerra comercial, con el objetivo de reforzar su injerencia sobre América Latina y contrarrestar la creciente penetración de China. Por otro lado, como Colombia revela al mundo entero, no está cerrado el ciclo de rebeliones populares que atraviesa el continente.

En definitiva, en lugar de celebrar los guiños de “Juan Domingo” Biden, los funcionarios argentinos deberían tomar nota del recrudecimiento de una guerra comercial entre las potencias que deja a la Argentina como el pato de la boda. La deuda externa, finalmente, no es más que un mecanismo de sometimiento colonial. Las imposturas kirchneristas son pura demagogia electoral, mientras el ajuste está en marcha.

El único camino para salir de este laberinto es romper con el FMI y proceder a la investigación de toda la deuda externa, lo cual demostraría una sucesión de fraudes usurarios contra el país -como el sellado por Kicillof con el Club de París. Seria el punto de partida para una reorganización económica, que incluya la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control obrero, para poner fin al régimen de saqueo de todos los que nos gobernaron las últimas décadas.

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