El gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley de Impuesto a los Ingresos Personales, el cual reforma el Impuesto a las Ganancias reponiendo nuevamente la cuarta categoría. Así, el tributo abrocharía salarios a partir de 1.250.000 (remuneración bruta) y sería retroactivo al 1 de enero. De ese modo, se estima que alrededor de 800 mil trabajadores volverán a pagar el impuesto. Además, el proyecto también incluye aumentos en las cuotas para monotributistas.

Esto desnuda que el discurso de “antes de aumentar un impuesto me corto un brazo” y “el ajuste lo va a pagar la casta” que Milei sostenía en campaña eran espejitos de colores. Ahora, en el marco de un brutal ajuste fiscal, promueve la reposición del impuesto al salario y un paquetazo tributario contra los laburantes, a quienes quieren hacerles pagar el costo, mientras el DNU y la Ley Ómnibus beneficia a los capitalistas con prebendas impositivas.

El menor sueldo bruto alcanzado por el impuesto sería $1.250.000, es decir un sueldo neto de $1.053.291, en el caso de un empleado o un jubilado sin deducciones por familia. A su vez, la escala del gravamen va desde el 5% para el primer tramo hasta el 35% para el último tramo, según cantidad de ingreso. Así, un trabajador que gane entre $908.587,88 (piso imponible) hasta $1.817.175,81 de salario neto pagará $45.429,39 mensuales fijos (que representa el 5% del monto mínimo) más un 9% del excedente por sobre el primer monto mencionado. Así, quien perciba un ingreso sensiblemente por encima de la canasta básica, ubicada hoy en $500.000, quedará percibido por Ganancias.

Pongamos un ejemplo. Un trabajador que gane $1.200.000 netos tendría que pagar $45.429,39 fijos + $26.227 (9% sobre el excedente), lo que da un total de $71.656,48; una confiscación del 6% de su salario por mes, que equivale a la mitad de un salario mínimo. Cientos de miles de trabajadores volverán entonces a financiar al fisco como si tuvieran ganancias, mientras se mantienen sin tocar la mayoría de las exenciones impositivas a las empresas.

Cabe destacar que la restitución de impuesto infame habría sido uno de los principales reclamos de los gobernadores a la Casa Rosada en las últimas semanas, dado que su recaudación es coparticipable y representa un ingreso importante en las balanzas provinciales. Mientras, defienden a capa y espada a los exportadores que no quieren pagar un peso por retenciones. Por ello, el nuevo proyecto esta sobre la mesa de negociaciones por la Ley Ómnibus, donde Milei busca el apoyo de legisladores del interior y otras fuerzas políticas para obtener la sanción.

El proyecto también actualiza las escalas del monotributo pero también aumenta las cuotas. En el caso de la categoría A, la cuota aumenta un 44%, pasando de pagar por mes $12.128,39 a $17.500. Hasta la categoría H, la cuota base se va de $66.111,51 a $194.097,00, es decir un 194% más. En el caso de venta de cosas muebles, la categoría más alta es la K y la cuota aumenta un 282,76%. Desde los $106.964,65 a los $409.418 finales por mes.

En Argentina hay casi 2,9 millones de trabajadores monotributistas, una figura tributaria en ascenso utilizada para “blanquear” el empleo informal y la precarización laboral, que además es utilizada por muchas patronales para esconder la relación dependencia y no pagar aportes, es decir un fraude laboral. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el empleo “independiente” en su conjunto se expandió 11,3% (+294.500 trabajadores). En la comparación interanual fue impulsado por los monotributistas (+39,7% monotributo social y +6,6% monotributo). De aprobarse el proyecto, las empresas tenderían aún más a hacer uso de este fraude laboral porque, además de ahorrarse las cargas patronales, también podrían deducirlo de Ganancias.

El gobierno descarga una mayor presión tributaria sobre la espalda de quienes viven de su salario, cuyos bolsillos se ven derruidos por una inflación imparable y cuando se aproxima una nueva devaluación. Quienes venían a “sacarnos del pozo del hambre” son los paladines del empobrecimiento y quieren terminar de pulverizar los ingresos de la población para ofrecerle mano de obra barata a las patronales y pagarle al FMI, a costa de nuestras condiciones de vida. Tenemos que defender nuestros ingresos en las calles y quebrar este programa antiobrero.

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