La ciudad esperaba una fiesta. Sin embargo, el lucro empresarial y la complicidad del Estado produjeron una tragedia.

 

El intendente Ezequiel Galli (Cambiemos) decidió lavarse las manos y descargar toda la responsabilidad en la productora del evento, En Vivo S. A. (ex Chacal Producciones), cuando la organización previa, de la cual es responsable, fue un desastre. Dos semanas antes del recital el intendente no tenía respuestas sobre donde se iban a estacionar los cientos de micros que arribarían a la ciudad. Al día siguiente del show, había micros y combis desperdigados por toda la ciudad, con colectivos a más de 60 cuadras del predio. Esto generó desesperación en las personas que vinieron a disfrutar del recital, al no saber a dónde tenían que ir y que tuvieron que vagar durante horas por la ciudad.

 

Los micros no ingresaban a la terminal para que la gente pueda volver a su ciudad, las rutas 226 y 3 se encontraban colapsadas; varios accidentes empeoraron la situación.

 

La gente se amontonó en la terminal buscando volver a su casa. La bronca se transformó en algunos actos vandálicos minoritarios. Y aunque la gran mayoría de la gente permanecía tranquila, la respuesta del Municipio y del gobierno provincial de Vidal fue la represión con balazos de goma y dos detenidos. Y la “solución”, transportar a la gente en camiones volquetes y dejarlos en la ciudad aledaña de Azul. Claros hechos que demuestran la responsabilidad del Estado ante un evento de tamaña magnitud, que se conocía con mucha anticipación, y cuyos pormenores se dejaron deliberadamente librados a la suerte.

 

Días antes del recital del Indio, Galli sostuvo en conferencia de prensa junto con los organizadores del recital que “esto es un evento cultural, no comercial”. Mientras tanto, el municipio lucraba a costa de los vecinos, a quienes cobraba desde 4.000 hasta más de 8.000 pesos para poner un puesto. Del mismo modo, recibió un porcentaje de la venta de las entradas. La intención del intendente al separarse de la organización del recital luego de “trabajar en conjunto” es la de quitarle la responsabilidad al Estado municipal y provincial. Al contrario, son claramente responsables al no prever ni asistir adecuadamente en esta situación.

 

El predio no estaba preparado para recibir tanta gente, ni estaba organizado internamente para evitar avalanchas o que el público se amontonase y lastimase. Según los bomberos, tenía capacidad para albergar 170.000 espectadores, pero se estima que hubo medio millón. En todo caso, se sabía con mucha antelación que llegaría una multitud a la ciudad. Pero tampoco los controles dentro del predio fueron los adecuados para la masividad del show: por orden expresa de los organizadores, se debía dejar ingresar a todo el mundo, con o sin entrada. Esta decisión no contemplaba una organización a la medida de la cantidad de personas que entraron. Una vez iniciados los problemas, la productora retiró a los periodistas que se encontraban cubriendo el recital en las inmediaciones del escenario.

 

Fuera del predio, la zona fue liberada: ni Defensa Civil, ni bomberos, ni la policía, ni ninguna organización gubernamental. El jueves previo, el ministro provincial Cristian Ritondo entregó móviles y motos a la policía local, un acting que contrastó con la ausencia de medidas de seguridad antes, durante y después del recital. La habilitación del predio se puso en tela de juicio, mostrando al municipio como responsable desde el momento cero. Fue la intervención de un gran número de vecinos y de los mismos asistentes al recital la que posibilitó el auxilio evitando que el desastre fuera mayor, socorriendo desmayos y descompensaciones, asesorando a los perdidos y colaborando en todo lo que pudieron.

 

Mientras Galli asevera que “el sistema de salud no se desbordó”, se conformó un comité de crisis para poder determinar de qué manera afrontar la situación. Pero el hospital colapsó, con ambulancias que no paraban de ir y venir hasta bien entrada la mañana siguiente.

 

Galli sostuvo que se realizó “un trabajo muy bueno” refiriéndose al accionar municipal, a pesar de que hay dos personas fallecidas, decenas de heridos y unas trecientas personas con paradero desconocido que son intensamente buscadas en las redes sociales.

 

La fiscal Susana Alonso, quien dirige la investigación, sostuvo que se iba a preservar el predio, cosa que no sucedió. A primeras horas de la mañana estaba lleno de periodistas y gente que lo recorría. Sostuvo que “pensaban que el resultado era más catastrófico” (Diario Registrado, 12/3), declaraciones que alertan sobre un operativo de encubrimiento. Luego de tomarle declaración al Indio Solari, decretó secreto de sumario en la investigación.

 

Exigimos que se investigue y se castigue a los responsables: a los empresarios, que en su interés por recaudar terminó poniendo en juego las vidas de las personas; al Estado Municipal y Provincial, que formaron parte de ese lucro, habilitando el show sin las condiciones mínimas para llevarlo adelante y sin garantizar la seguridad para evitar este desastre.

 

No permitamos que un nuevo operativo de impunidad como los de Cromañón o Time Warp.